EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL COMERCIO EN CANARIAS DESDE EL SIGLO XVI AL XX.
EQUILIBRIOS REGIONALES.
COMO TELÓN DE FONDO EL PLEITO INSULAR.- Sus orígenes y causas, hasta la división de la provincia en 1927.
A partir de la Conquista de las Islas Canarias, hubo una lógica rivalidad entre las islas principales, pero sin llegar a lo que denominamos EL PLEITO INSULAR, entre Gran Canaria y Tenerife, que se dio más bien a partir del inicio del siglo XIX y que se gestó ya desde finales del siglo XVIII, como veremos.
El origen político del Pleito Insular - en el período que va de 1808 a 1936 - fue prolíficamente descrito por Marcos Guimerá Peraza en 1976 en su espléndido libro y mayor obra El Pleito Insular, desde un punto de vista eminentemente político, que era su especialidad, y que analizaremos a continuación - hasta la división de la provincia en 1927 - junto con los otros puntos de vista económico, social y religioso.
http://www.elescobillon.com/2012/05/marcos-guimera-peraza/
Antes del siglo XIX, la
organización de las islas había sido por islas, regidas por sus antiguos
ayuntamientos o cabildos. No hubo nunca una capitalidad regional ni provincial.
El archipiélago es por definición un conjunto de islas. La historia, política y
administrativa, ha coincidido con la geografía. Y la economía ha presentado
diferencias notables entre islas.
Es paradigmático el hecho de que la
mayor parte de la élite aborigen prehispánica de la isla de Gran Canaria se
asentó en Tenerife, como ha estudiado bien el gran canario Gabriel Betancor
Quintana en su tesis y libro "Los canarios en la formación de la moderna
sociedad tinerfeña. Integración y aculturación de los indígenas de Gran Canaria
(1496-1525)". Este libro fue avalado y prologado por el reputado
catedrático de historia de la ULPGC Manuel Lobo Cabrera. Los aborígenes gran
canarios ayudaron a los castellanos en la conquista de Tenerife y La Palma, al
igual que los de "las Islas" (Lanzarote y Fuerteventura) ayudaron en
la de Gran Canaria.
En la isla de Gran Canaria,
conquistada antes que Tenerife, quedan establecidas la Audiencia y el Obispado
(este último asentado en Las Palmas de G/C en 1483). Según Leopoldo de la Rosa
Olivera, la Audiencia se establece desde 1526, al ser la única de las tres
islas de realengo que lo solicita. Según este historiador, Tenerife en
principio intentó seguir manejando sus pleitos desde el Cabildo de la isla, con
la Audiencia de Granada para acudir en alzada.
Una vez se le concede la Audiencia
a Gran Canaria, Tenerife se siente agraviada al tener que compartir los gastos
de los salarios de los jueces "porque nunca lo avía pagado, ni lo avia
pedido, ni se avía obligado a pagar dineros ni salario alguno, ni hera obligado
a ello ni en ninguna ciudad ni villa los pagavan los concejos ni vezinos ni
moraciores deiias.. . e que si Su Magestad mandava que la isla de Gran Canaria
pagase ciento e veinte mili mrs. hera porque lo avían pedido e porque es tierra
rica e de muchos azúcares e lo querían sufrir...". Por estas razones,
"en cuanto al cumplimiento", acuerdan recurrir para que la isla no
sea obligada a su abono. El 3 de octubre siguiente, el propio Ayuntamiento de
Tenerife dio instrucciones a su mayordomo y procurador Diego del Castillo para
que fuese a Gran Canaria y apelase de las resoluciones de los jueces de alzada
en el reparto de las cantidades para el pago de los salarios de éstos.
Estos tres jueces establecidos en Las Palmas se dan a sí mismos el nombre de jueces de alzada (luego jueces de apelación), vista y suplicación de las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.
Diego del Castillo escribe desde la Ciudad Real de Las Palmas, el miércoles 9 de octubre de 1527, una carta en la que a da cuenta detallada de sus gestiones desde que saliera de Tenerife. Es de resaltar un párrafo de dicha carta: "no quonfio de ningún letrado desta isla, porque todos están armados no de buena intinsión; e tanbiem me dijeron estos señores [los jueces] que les avíam informado algunos señores desta isla de Canaria quomo el señor Adelantado e vuesas mercedes davan triguo desa isla a portugueses, e aun para mouros, antes que no para los vezinos de Canaria". La carta, como puede verse, refleja ya la lucha que por mucho tiempo continuaría entre ambas islas por este asunto del trigo, que llegó hasta casi persecuciones piráticas entre ellas.
En la isla de La Palma se estableció el Juzgado de Indias desde 1558. La Corona adquirió en 1568 el edificio situado junto a la casa del Concejo Capitular para instalar en él el primer Juzgado de Indias de Canarias, creado diez años antes por el Rey Felipe II en La Palma "por ser la más comercial" del Archipiélago. Las funciones principales del juez afectaban a las causas de tipo civil o criminal que se relacionaran con las leyes reguladoras del comercio de Indias.
Según el investigador Sergio Hernández, en una ponencia en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria en abril de 2019, "fue el primer intento serio de la corona de España de controlar de manera férrea el comercio entre las islas y América. El objetivo inicial del Juzgado de Indias era reducir el contrabando, pero no ocurrió así, sino que se incrementó".
La creación de esta institución en La Palma fue polémica, ya que tanto Gran Canaria como Tenerife pretendían tenerla para sí. El primer juez de Indias en Canarias, Francisco de Vera, decidió cobrar un impuesto que no existía a los barcos que pasaban por la isla y protagonizó durante su mandato casos de prevaricación o dejación de funciones, con denuncias de los cabildos de Tenerife, Gran Canaria o también el de La Palma, que llegaron a elevarse a la corte de Felipe II. La corona de España, que inicialmente había depositado su confianza en De Vera, acabó con el monopolio del juez y ordenó la creación de otros dos órganos como éste en las dos islas capitalinas, un sistema que posteriormente se mantuvo durante un siglo completo.
La desigualdad de producción
de trigo entre las distintas islas del Archipiélago hizo que la pugna entre
ellas para impedir la llevada de trigo de la una a la otra llegase a adquirir
caracteres de verdadera lucha pirática. También hay litigios entre islas por
otros abastos.
Actual
edificio de Capitanía General (desde 1880). Antes estuvo en el Palacio de
Carta.
Y fue precisamente al año
siguiente, el 30 de abril de 1657, cuando sucedió el ataque fallido de la
escuadra del almirante Robert Blake a Santa Cruz de Tenerife, primera cabeza de león de las tres del actual escudo de Santa Cruz. La llave del
control de las islas Canarias la tenía la isla donde residiera el mando militar
y, efectivamente, habían tenido lugar en Las Palmas los anteriores ataques
navales frustrados (cuando el mando militar aún residía allí): de la flota inglesa al mando del controvertido Francis Drake
en octubre de 1595 y de la flota holandesa en junio de 1599 (durante la
rebelión de los Países Bajos) comandada por Van Der Does, que triplicaba
en fuerzas al ataque inglés sólo cuatro años antes.
Bandera que
se encuentra en la escalera interior de Capitanía General en Santa Cruz de
Tenerife [los nombres de las islas han sido añadidos por mí]. Nótense
los distintos tipos de coronas en cada escudo insular.
Pero no existió una capital administrativa para Canarias, política ni económica, hasta el siglo XIX, como luego se verá.
Según Viera y Clavijo,
"Las Canarias eran la llave de las Indias Orientales y Occidentales".
Hasta la invención de las máquinas de vapor, la única posibilidad de atravesar
el Océano Atlántico consistía en dejarse empujar por los vientos alisios, que
son vientos del NE que surgen en torno a las Azores, y que soplan en el Atlántico
Sur, latitud de Canarias, en la misma dirección de las agujas del reloj, y en
el Hemisferio Norte, en sentido contrario. De tal manera que cualquier navío a
vela que quisiera trasladarse a América, debía hacerlo desde la latitud de
Canarias; o más al sur, desde Cabo Verde, por ejemplo.
Hagamos a continuación, en los próximos
párrafos, un resumen de la evolución del comercio marítimo en Canarias en los
siglos XVII y XVIII, según el relato de Antonio Rumeu de Armas en
su libro "Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques
navales". Ello nos ayudará a analizar el peso relativo de cada isla en el comercio de cada siglo y por tanto en la economía canaria.
A partir de 1612, se decidió que el
Consejo de Indias señalase todos los años el tonelaje concedido a las islas en
el comercio a las Indias, que escogiese los puertos americanos a donde debían
dirigirse los barcos canarios y que sólo se utilizasen buques de escasas
dimensiones. Esto se debió a que a principios del siglo XVII había una
atmósfera de hostilidad cada vez más acentuada del comercio de Sevilla y Cádiz,
que arrastraba a la Casa de Contratación a mirar con recelo la sana vitalidad
comercial que el Archipiélago Canario desplegaba, y que era base fundamental de
su prosperidad y riqueza. El móvil de esta campaña era el supuesto contrabando
que desde las islas se hacía con América. El tratadista norteamericano Clarence
H. Haring refleja con su pluma esta atmósfera en los siguientes términos:
"La situación favorable de Canarias como base para el comercio de
contrabando convirtió a las islas en fuente perenne de enfado para las
autoridades de España (...)".
Más de un siglo después, Fernando
de la Guerra y del Hoyo, en un Memorial suyo de 1763, explicó que el Rey Felipe
III fue "siniestramente informado" - a instancias del comercio de
Cádiz - de abusos y contrabandos que no eran mayores a los que se hacían desde
la metrópoli, y sí muy exagerados, con fines torpes y bastardos de fácil
granjería.
El Consejo de Indias, por Real
Cédula de 8 de junio de 1626, prescribía que el número de toneladas a disfrutar
por el comercio canario fuese limitado a 600 anuales, repartidas a razón de 300
a Tenerife, 200 a La Palma y 100 a Gran Canaria, Los navíos habían de ir en
conserva de la flota de Nueva España, con destino a la provincia de México, a
Yucatán, Honduras e islas de Barlovento; y el tonelaje se repartiría a razón de
300 toneladas para Nueva España, Campeche y Honduras y 300 para las islas de
Barlovento.
Como con estas medidas restrictivas el
comercio inmediatamente languideció, acentuando la despoblación y ruina del
Archipiélago, las islas solicitaron al Rey mejoras en su regulación, entre
ellas el comercio libre como en los tiempos anteriores. Pero lo único que
consiguieron fue una Real Cédula de junio de 1627 que elevó el tonelaje a
disfrutar a 700: 350 toneladas para Tenerife, 232 para La Palma y 118 para Gran
Canaria. Estos habían de embarcarse con destino fijo a Nueva España, Honduras,
Campeche e islas de Barlovento.
Esta situación no tuvo prácticamente
variantes hasta el año 1649, en que de manera inesperada Felipe IV sorprendió a
las islas con una Real orden que suspendía, por tiempo indefinido, el ya
secular comercio de las Canarias con América. Una medida tan radical, que era
como condenar al Archipiélago a morir, no podía durar plazo muy largo, y más
cuando era dictada por presiones y rivalidades del comercio metropolitano, cada
vez más inclinado a soslayar toda lícita y beneficiosa competencia. La causa de
esta medida radical fueron diversas denuncias sobre anomalías en el comercio y
el supuesto contrabando que desde las Canarias se hacía con América.
Felipe IV no se mostró inclinado a
levantar la prohibición sin antes realizar una minuciosa pesquisa previa,
designando para esta comisión como juez especial al licenciado Pedro Gómez de
Ribero, a quien encargaba para informarle tanto de las anomalías y abusos
observados como de las bases sobre las que se debía de asentar el comercio
canario en el futuro. Pedro Gómez de Ribero residió en las islas entre 1653 y
1655, especialmente en la de Tenerife y ciudad de La Laguna, y alternó los
expedientes e informaciones sobre irregularidades y abusos con juntas en el
seno del Cabildo de Tenerife para conocer las aspiraciones de las distintas
islas en lo relativo al comercio con América.
Estas juntas produjeron un cambio
completo de impresiones y puntos de vistas entre las islas de Tenerife, La
Palma y Gran Canaria para establecer las bases de la futura permisión y ofrecer
como cebo a la Corona algún donativo.
Cuando Pedro Gómez de Ribero iba a dar
término a su comisión, y recogía sus papeles para volver a la Península, fue
víctima por la noche de un asalto a su vivienda en La Laguna, por personas
desconocidas [se entiende que enviadas por quienes ejercían contrabando con las
Indias]. Le pidieron que entregase los papeles que había escrito y, por salvar
su vida y la de su familia, lógicamente los entregó. Dícese que los quemaron,
que eran gran cantidad, y al siguiente día se embarcó para Canaria y luego a la
Península, no faltándole asistencia y ofrecimiento de dineros por parte de los
caballeros de La Laguna.
Cuatro años pasaron antes de que Felipe
IV accediese a levantar la prohibición de 1649. En esta medida tuvo buena parte
la habilidad y tacto que desplegaron los mensajeros, en particular Ponte y
Mesa, que hicieron ver al Rey cómo las 700 toneladas concedidas eran una cifra
exigua en comparación con la cosecha anual de vino de las islas, pues tras la
rebelión del reino de Portugal les faltó a las Canarias su comercio, sin
haberles quedado más que el de Indias. Sólo en Tenerife indican que se suelen
coger anualmente 16 mil toneladas de vino, pudiéndose destinar a Indias unas 11
mil, por lo que permisión que gozan es muy limitada. Y en la Palma 4 mil
toneladas, la mayor parte de las cuales serían para Indias. Por haber cesado el
comercio con Portugal se quedaron los vecinos y cosecheros tan pobres y
necesitados que, no pudiendo cosechar sus frutos ni navegarlos para las Indias,
con libre permisión, estaban totalmente perdidos.
Seguramente, al cesar el comercio
con Portugal, fueron las propias restricciones y los altos impuestos los
que no dejaron a algunos otra salida que el contrabando.
También contribuyó a precipitar la decisión
regia el comportamiento heroico de los tinerfeños en la defensa de Santa Cruz
de Tenerife contra la escuadra del almirante Robert Blake el 30 de abril de
1657. Este ataque se produjo en el contexto de la guerra anglo-española de
1655-1660, en la que la república inglesa liderada por Oliver Cromwell estaba
enfrentada a la España de Felipe IV por el control del comercio con las Indias.
Finalmente se produjo la Real
Cédula de 10 de julio de 1657, donde se reorganizaban los Juzgados de Indias y
se reestructuraban las bases del comercio. Para navegar los vinos canarios a
las Indias, a Tenerife le concedió 600 toneladas, 300 a La Palma y 100 a Gran
Canaria; mil toneladas en total. Y de allí se podrían traer cierto género de
frutos para las islas, y poderlos vender y comerciar en España y en los puertos
extranjeros amigos de la Corona. Se reduce el tipo impositivo de las aduanas.
Los Juzgados de Indias de las tres islas, hasta entonces con facultades
iguales, se reorganizan, desapareciendo los de las islas de La Palma y Gran
Canaria, mientras el de Tenerife era elevado a mayor categoría absorbiendo las
atribuciones de los otros. El Juez de Tenerife se llamaría Superintendente de
Indias (que monopolizará durante bastante tiempo la famlia Casabuena) y debía designar subdelegados en La Palma y Gran Canaria.
Es interesante resaltar que, cuando en
1675 la reina gobernadora Mariana de Austria solicitó a las islas un nuevo
donativo para el apresto de una poderosa escuadra que surcase los mares, los
mensajeros de los cabildos isleños, en particular el regidor tinerfeño Diego de
Ponte, le pidieron, entre otras mercedes, que se interesase la corte de Madrid
con la de Londres para que cesase la prohibición de introducir vinos de las
Islas Canarias en las Barbadas; entendiéndose por Barbadas todas las colonias e
islas que poseía la Gran Bretaña en América. Cuando Carlos II de Inglaterra había casado en Portugal, la nueva reina consorte Catalina de Braganza (portuguesa) había favorecido - lógicamente- a los portugueses, y prohibido que
sus vasallos transportasen los vinos de Tenerife a las colonias, favoreciendo
esto a Madeira y perjudicando a Canarias.
La Real Cédula de 25 de abril de 1678
rebajó el tonelaje a navegar de 1.000 a 600 toneladas (300 para Tenerife, 200
para La Palma y 100 para Canaria). Además, se impone una contribución de sangre
("tributo de sangre"), por cuanto obligaba a emigrar cada año a 150
isleños para aumento de la población de la América española. Si la emigración
canaria al Nuevo Mundo había sido hasta entonces importantísima, desde 1678 se
vio incrementada por esta contribución humana, que es altísima si se totaliza
en el total de una centuria.
Desde 1678 hasta 1782 el tráfico con
América se efectuó con cierta normalidad y sin muchos cambios.
Es digno de ser destacado el arbitrio que en
1689 estableció el comandante general de Canarias, sin consentimiento real, sobre
el comercio con la denominación de impuesto de anclaje, que consistía en el
pago de cinco escudos por cada navío que en cualquier puerto diese fondo.
Las guerras que enfrentaron a España con Inglaterra a lo largo del siglo XVIII y comienzos el XIX fueron las siguientes (que suman unos 41 años en total):
(1702-1714): La guerra de Sucesión Española: tras la muerte sin descendencia de Carlos II de España (de la Casa de Austria) y el ascenso al trono español de Felipe V (de la Casa de Borbón), en 1702 la Gran Alianza a la que pertenecía Inglaterra declaró la guerra a España y Francia.
(1718-1720): España se enfrentó contra la Cuádruple Alianza, de la que formaba parte Gran Bretaña.
Una nueva prohibición en 1716, en tiempos
de Felipe V, suspende temporalmente todo tráfico, relación y comercio. La
causa: de nuevo el contrabando, que unido de nuevo a la inquina y animosidad
del comercio sevillano, arrastró al Rey a decretar la suspensión. Se ordenaba a
los Cabildos de las tres islas mayores a designar personas de su confianza
"para acordar la forma en que se había de continuar el comercio".
Las gestiones fueron laboriosas y complicadas y no dieron fin hasta el otoño de
1718. El fruto de estas deliberaciones y juntas fue el "Reglamento y
Ordenanzas sobre el comercio de Islas de Canaria en las Indias", expedido
por Felipe V en El Pardo el 6 de diciembre de 1718.
El Reglamento del Comercio con las
Indias de 1718 es la disposición más orgánica, completa e importante de cuantas
regularon el tráfico mercantil con América en tiempos históricos. Supuso un
indudable adelanto en muchos aspectos, cesando, entre otras trabas, la
limitación de tiempo, aunque fueron mantenidas las de lugar y tonelaje.
Se subió de nuevo a las 1.000 toneladas
(600 toneladas para Tenerife, 250 toneladas para La Palma y 150 para Gran
Canaria), indicándose que si las islas de La Palma y Gran Canaria no
pudieran cubrir el cupo de toneladas que les estaban reservadas, era de su
obligación avisar a la isla de Tenerife para que las pudiese aprovechar.
Todas las embarcaciones se habían
de concentrar para partir en Santa Cruz de Tenerife, aunque sin obligación de
demorar su estancia allí, caso de no estar las de esta isla en condiciones de
zarpar.
Y continuaba con la imposición de 1678 de transportar cada año a la isla de Santo Domingo 5 familias de 5 individuos por cada 100 toneladas, es decir, 50 familias y 250 personas al año. El Rey se reservaba avisar al Juez superintendente cuándo y en qué casos estas familias emigrantes habían de dirigirse a otro cualquiera de los territorios americanos.
Reanudado el comercio, justo es consignar que el Reglamento de 1718
no mejoró la situación precaria del Archipiélago, pues eran tantos las
tributos, impuestos o contribuciones que se pagaban, acrecentados por la
arbitrariedad oficial extralegal, que pronto se dieron cuenta los isleños que
el comercio, más que un espléndido negocio de donde podría nacer la prosperidad
general, era una ruinosa empresa para los poco precavidos en el arte de echar
números.
Según el profesor y catedrático de la ULL manuel Hernánez González, experto en la historia de las relaciones con la América hispana, "El siglo XVIII viene (...) marcado en Canarias por la hegemonía tinerfeña y en particular de Santa Cruz de Tenerife, la nueva sede de la capitanía general, (...) el Reglamento del comercio canario-americano de 1718, que perseguía dar a ese tráfico un marco legal permanente. Quedaba prácticamente reducido a La Guaira, Campeche y La Habana, debida a la escasa rentabilidad y pequeño mercado de los restantes de Venezuela y de las Antillas, donde solo se hacía escala para conducir a familias pobladoras. El tonelaje permitido se cifró en mil toneladas. El grueso esencial de las exportaciones recayó en la isla de Tenerife, dadas sus mayores posibilidades, pero aun así su poderosa y hegemónica burguesía comercial intentó acaparar las toneladas de las restantes a través de testaferros que eran en realidad dependientes de comerciantes tinerfeños y que fingían ser dueños y capitanes de navíos de Gran Canaria o La Palma. Se conformó de esa forma su trayectoria ascendente hasta tal punto que en la década de los 20 sólo un buque se embarcó desde Gran Canaria y dos desde La Palma, frente a los 46 efectuados desde Tenerife. Además, se convirtió en el puerto único de la isla, con la marginación de los de Garachico y Puerto de la Cruz en el comercio indiano y en el único de primera arribada para todo el archipiélago".
Y continúa: "Paralelo al Reglamento se desarrolla la creación de una nueva institución fiscalizadora a la que se le encomienda con claridad el control directo de la Hacienda pública y de las Aduanas: La intendencia, cuyas funciones se decidió las concentrase el capitán general, que se trasladó para ello en 1723 tras el motín de 1729 en el que el pueblo santacrucero asesinó al intendente Juan Antonio Ceballos . Las serias dificultades de venta de los aguardientes en La Habana, Campeche y La Guaira se debían a la competencia del de caña, diez veces más barato. A pesar de estar prohibida su elaboración hasta 1765, se producía con abierta impunidad y su represión tenía escaso éxito. Un nuevo obstáculo fue la introducción como canarios de aguardientes catalanes y mallorquines, mucho más baratos, por parte de los comerciantes en sus barcos. Este hecho levantó serias ampollas entre los hacendados que trataron de impedir sin éxito su entrada. Los mercaderes la justificaban, sin embargo, por su uso como mezcla para la fabricación del Falso Madeira, que era vendido como tal en los mercados coloniales ingleses en América, especialmente en las Trece Colonias. Las Actas de Navegación británicas prohibían la exportación a estas colonias de vinos que no fueran de las Azores y la Madeira, por lo que era factible introducir vidueños canarios por valer a mitad de precio. Era casi la única salida rentable a partir de los cuarenta del xviii tras el casi total hundimiento del malvasía en Gran Bretaña. Los aguardientes llegaron a ser el 62´2% de las exportaciones legales en 1720-1730, frente al 25% del vino. Ambos representan el 87% del total en esa década. Ocuparon lo restante el vinagre con un 7% y los frutos secos con un 4´5.
Al dificultarse las exportaciones de tabaco y palo de Campeche, La Guaira se convertiría en el puerto más rentable por las ventajas del cacao venezolano, colocado con una excelente rentabilidad en Cádiz. A pesar de la creación de la Compañía Guipuzcoana en 1728, los navíos isleños podían competir en precios con los monopolistas en el mercado peninsular, lo que explica los elevados beneficios proporcionados por esa bebida de moda entre las elites europeas. A La Guaira se podía enviar, según recoge el Reglamento, un registro anual de 200 toneladas, cuyo arqueo siempre se aumentaba. Llegó incluso por privilegios a cambio de trasladar familias a Santo Domingo y Guayana a alcanzar las 300. Los capitanes competían en ruidosos pleitos por hacerse con él. Especialmente a partir de 1720 las compras canarias alcanzaron un promedio de 5 a 6 000 fanegas anuales de cacao3 . Se puede apreciar con claridad cómo los cosecheros canarios que, hasta entonces controlaban en buena medida el comercio indiano y eran capitanes e inversores en sus buques, perdían a partir de entonces posición prevalente. Se vieron sustituidos por comerciantes de origen irlandés, italiano o francés e incluso por nuevos burgueses locales, que llegaron a hegemonizar y controlar en su beneficio exclusivo un tráfico que era cada vez más de contrabando y de pasaje, que de exportación de productos locales, no porque antes no lo fuera, sino porque ahora estos capítulos eran la única salida viable, avivada por la escasa rentabilidad de los retornos, a excepción del cacao venezolano. De ahí las quejas de oligarcas como Tomás de Nava Grimón o Amaro González de Mesa, que antes se enriquecieron con el tráfico indiano y que ahora se veían reemplazados en su posición hegemónica por los mercaderes.
El Reglamento de 1718 ordenaba la remisión de cincuenta familias de 5 personas por las mil toneladas de permiso. Sin embargo, a quienes no les interesase transportarlas quedaban exentos pagando por cada una mil reales. Aunque se ha hablado mucho del carácter de tributo de sangre de esta emigración, sin embargo, en buena medida fue muy rentable, ya que no sólo se transportaron por este sistema o por su cuenta, sino también por parte de la Corona, que sufragaba su pasaje, como acaeció en Santo Domingo o Puerto Rico".
Entre los gobernantes que, como verdaderas sanguijuelas, se pegaron al comercio para labrar su fortuna sin preocuparles la miseria del pueblo, merece un puesto destacado el capitán general marqués de Valhermoso (que cesó en 1734) quien, atraído por el cebo del comercio, se trasladó desde La Laguna a Santa Cruz de Tenerife, estableciendo su residencia de manera fija y permanente en dicho puerto, la cual mantendrían allí a partir de entonces los siguientes en su cargo. Esto fue muy importante, pues veremos que la residencia del capitán general será determinante en el futuro para fijar la primera capital de Canarias.
El marqués de
Valhermoso prohibía que se admitiese a comercio ningún bajel en los puertos de
Garachico, de la Orotava ni en otro de las islas, sino solamente en el de Santa
Cruz. Y que ningún habitante, eclesiástico o secular, pudiese transportar de
una isla a otra sin su licencia por escrito. Permitía la entrada de vinos y
aguardientes extranjeros, en contravención de las ordenanzas. Y exigía
contribuciones adicionales abusivas a título de anclaje, licencia, aguada,
visitas, etc,...
Es interesante reseñar que se permitió
el comercio con la ciudad de Buenos Aires desde 1729 a 1731, y entre los años
de 1730 y 1731 se trasladaron a América "50 familias muy distinguidas que
en navíos del comercio de Cádiz se condujeron a Buenos Aíres y fundaron la
famosa población de Montevideo [en el actual Paraguay]". El comercio de
Sevilla y Cádiz se manifestó en contra de esta concesión, arrastrando al
Consejo de Indias a realizar un informe desfavorable al mismo en julio de 1730,
suspendiendo Felipe V en enero de 1731 la gracia concedida. En 1758 se
solicitaría de nuevo por el tinerfeño Francisco Javier Machado Fiesco esta
concesión, al rey Fernando VI, pero no prosperó entonces la petición (en 1778
se abrió por fin el libre comercio al puerto de Buenos Aires, ya en tiempos de
Carlos III).
Las medidas de protección dictadas en
1755 por el rey Fernando VI en beneficio de la industria regional, así como
otras anteriores y posteriores conducentes a intentar mejorar la agricultura,
no consiguieron reavivar el comercio, que languidecía de manera lastimosa a
mediados del siglo XVIII, a causa sin duda de los exorbitantes impuestos y
gravámenes.
Según se explica en el libro Tenerife
Wine de Carlos Cólogan Soriano: "Hasta 1765, el
comercio de las Islas Canarias con las Indias Españolas se regía por el
reglamento de 1718. En ese documento se hacía un reparto de las toneladas de
cada producto que podría embarcarse hacia el otro lado del Atlántico. Por este
se autorizaba a las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria a la exportación
de no más de 1.000 toneladas hacia los puertos americanos. Hasta ese año las
exportaciones se repartían en una asignación de 600 toneladas para Tenerife,
250 toneladas para La Palma y 150 para Gran Canaria. Estos envíos se remitían
hacia los puertos de La Habana, Campeche, Caracas, Trinidad, Cumaná y Santo
Domingo. Pero de forma gradual en las Islas se va abandonando el comercio con
varios de esos puertos incluidos en la autorización, de tal forma que hacia
1740 la práctica totalidad del tráfico se concentraba exclusivamente hacia La
Guaira, Campeche y La Habana. La permisión se extendía únicamente para
productos de la tierra como vino, aguardiente, vinagre, pasas, higos,
almendras, nueces, etc, y, en caso de abundancia acreditada, trigo en grano o
harina. Con carácter excepcional se autoriza el envío de mantas, frazadas y
tejidos toscos fabricados en las islas, por ser muy útiles en América.
El reglamento prohibía expresamente la
importación de perlas, oro, plata y tabaco, pero comerciantes canarios traían
ciertas cantidades de oro y plata, infringiendo así la norma [ya trataremos luego con más
detalle este comercio de contrabando de oro y plata].
Las autorizaciones para el comercio se
daban únicamente a los naturales y otros súbditos de la Corona avecindados en
las islas, mientras que a los extranjeros sólo se les permitía comerciar con
América si habían transcurrido más de veinte años desde que contrajeron
matrimonio con mujeres españolas. (...). Al regreso de los navíos siempre
debían entrar por el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Carlos Cólogan, en su libro Tenerife Wine,
añade refiriéndose a esta época que: "(..) el comercio
español hacia las Indias Españolas, donde nuestros competidores eran los
comerciantes de Cádiz y Sevilla, tenía sus particulares restricciones, pues la
Casa de Contratación impedía que por cada 100 toneladas de vino embarcadas
salieran de las islas cinco familias de cinco miembros para contribuir al
desarrollo del asentamiento español al otro lado del Atlántico". De
ahí que muchos comerciantes canarios, o anglosajones asentados en las islas,
dirigieran su mirada al comercio anglosajón. Aun así, el tributo de sangre se
abolió en 1778.
Según nos explica José Luis Machado
en la introducción de su libro Desenlace Patrimonial de la Casa
Llarena Calderón. Marqueses de Acialcázar y Torrehermosa. Continuación del fin
de una época en la testamentaría de doña Juana de Llarena Westerling,
al casar Carlos II de Inglaterra con una infanta de Portugal, Catalina de
Braganza en 1762, se rompe al tiempo la exportación de vinos canarios a
Inglaterra sustituidos por los Madeira y Oportos. Luego, el acta de navegación
de Cromwell da la puntilla al no permitir la entrada en puertos británicos de
navíos que no tuvieran dicha nacionalidad, los que se eludía por medio de
pabellones portugueses, a los que sí les estaba permitido por el Tratado de
Methuen de 1703, o tratados de los paños y del vino, firmado en plena guerra de
Sucesión española.
Y remitiéndonos al libro Tenerife Wine de Carlos Cólogan, "a mitad del siglo XVIII las islas ya habían sufrido los destrozos de la guerra anglo-española (1739-1740), de la Guerra de los Sucesión Austriaca (1741-1748) y de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), éste último un conflicto que enfrentó a España y Francia contra Inglaterra por el control de las zonas peleteras de Norteamérica y el control de las zonas de pesca en Terranova.
Durante esta época, sigue explicando el libro anterior, y ante el declive en la venta del vino de malvasía canario, la salida que encontraron algunos comerciantes canarios fue competir con el vino de Madeira, que había alcanzado precios muy altos en la América Inglesa o en Inglaterra. Comenzó entonces una nueva época de los vinos canarios, donde la variedad predominante fueron los vidueños, a los que hubo que dar nuevo cuerpo y color.
El experto en asuntos americanos, el profesor, catedrático y doctor de la ULL Manuel Hernández González es de la misma opinión y expresa que "(...) cuando las exportaciones de malvasías canarios prácticamente cesaban en el mercado británico, las de aguardientes de uva canario recibían la dura competencia de los de caña a pesar de su teórica prohibición, los viñedos se veían abocados hacia la reconversión al vidueño para dar salida a sus caldos en el mercado colonial angloamericano y la emigración de familias canarias a tierras americanas vivía una de sus etapas más expansivas".
Así por ejemplo, el tinerfeño Juan Cólogan, hijo del irlandés afincado
en la isla John Cologan White, sabedor de que el vino local podría ser un
magnífico sustituto del Madeira inició los primeros contactos para colaborar
con portugueses y británicos con la intención de suministrar bajo aquella
marca. La Ley del Azúcar o Sugar Acts de 1764, gravaba la importación de azúcar
desde las colonias francesas, holandesas y las posesiones españolas de las
Indias Occidentales. Y también imponía impuestos al vino importado de
territorios extranjeros, como las Islas Canarias. La intención era que los
vinos con destino a las colonias inglesas pasaran primero por Inglaterra. Si el
vino era introducido en las colonias y no se pagaban los impuestos, era
intervenido por las autoridades para su subasta. Pero la solución que
encontraron los comerciantes canarios fue fingir una salida desde Gibraltar,
Madeira o Azores. Así que, con Sugar Acts o sin él, los comerciantes de las
islas no pararon su comercio, sino que los pedidos a las Trece Colonias se
incrementaron.
En 1759 muere el rey Fernando VI y en enero de 1760 comienza su reinado el rey Carlos III, que inició un período de reformador y regenerador que llevaría a España a una cierta prosperidad, uniéndose a la nueva Ilustración europea.
Pero es esta época en la que se
inicia un comercio poco conocido y estudiado: el contrabando de oro y plata
americana desde las Indias Españolas a Londres a manos de comerciantes
canarios. Así, tenemos el caso del comercio de la casa Cólogan del Puerto de la
Cruz a través del navío Earl of Sandwich, con el que se hicieron
decenas de travesías entre Tenerife y Londres llevando ingentes cantidades de
oro y plata de contrabando desde las Indias Españolas a las Islas Canarias y de
ahí hasta Londres, bajo la sutil denominación de limones blancos (plata) y
amarillos (oro). También participaron otros comerciantes de Las Palmas con
capacidad para acceder a los mercados ingleses como Joseph Russell.
La necesidad europea
de moneda de plata explica que Canarias se convirtiese en un centro
distribuidor hacia Europa con origen en el Virreinato de Nueva España, al igual
que Manila-Filipinas lo era hacia China.
Fueron importantes las actuaciones
de los ilustrados canarios en pro de la obtención del Comercio Libre con
América, fundamentalmente entre los años 1758 y 1772. Así, hay varios
memoriales al Rey del diputado a la Corte José Javier Machado-Fiesco y Yánez,
en los que manifiesta "(...) el lastimoso estado en que se hallan
reducidas [las islas] por la falta del comercio de sus frutos, y restricciones,
crecidos derechos, y otros gravámenes del que hacen en las Américas; suplicando
se les conceda proponer en el Real Consejo de Indias los medios para su alivio
(...)".
En el memorial de 1758 de Machado
Fiesco solicita las siguientes mejoras relativas al comercio:
1º. Que se revalidase la licencia de
1729 para comerciar con Buenos Aires.
2º. Que se aminorasen los crecidos
derechos de que los vinos y aguardientes pagaban en los puertos americanos.
3º. Que el impuesto establecido en
beneficio del Seminario de Mareantes de San Telmo (en Sevilla), de cuyas
enseñanzas no se podían beneficiar los isleños, se asignara "para
establecer en Tenerife dos maestros que enseñen la Geometría y la
Náutica".
4ª. Que el registro anual de 225
toneladas para Caracas se considere ampliado a 300 "con la permisión de
poder los canarios introducir y vender sus frutos en todos los puertos de
aquella provincia".
5º. Que las 200 toneladas
concedidas para los puertos menores se ampliasen a 300 y se abriesen al nuevo comercio
Santiago de Cuba y Marta: y,
6º. Que se concediese
"libertad y franqueza de derechos de los frutos en los dichos puertos
menores, así de entrada de los que de ellas se condujesen sus navíos, como de
salida de los que en estos se embarcasen y extrajesen".
Ninguna de estas peticiones prosperó,
según indicó el historiador Antonio Rumeu de Armas, pero el proceso siguió
abierto.
En un manifiesto de 1763 de Fernando de
la Guerra y del Hoyo, regidor perpetuo en Tenerife, en pro de la libertad comercial
y titulado "Noticia individual del comercio que a las Islas de Canarias
fue en algunos tiempos permitido hacer en la América y del que al presente le
está dispensado, sus restricciones y gravámenes", explica que hace
mucho que las Canarias no disfrutan las 100 toneladas anuales que le están
concedidas para los cuatro puertos menores, dados los malos retornos que allí
se experimentan por no cubrirse los costes de los fletes, derechos y demás que
se deben satisfacer, además de las dificultades que produce la precisión de
tener que ir a cada uno de ellos con embarcación del buque de sólo 50
toneladas.. Añade que "el vino y el aguardiente con géneros sujetos a
las contingentes de salirse, agriarse y corromperse, efectos bien comunes en la
América, y aun en el viaje a causa del excesivo calor, y que no obstante se
exigen los derechos de entrada sin examinar si el caldo llega bueno o malo.
(...) De manera que el uso de la Permisión se halla reducido a sólo las
toneladas asignadas a La Habana, Campeche y Caracas. Ochocientas toneladas se
cargan con 1.600 pipas. Y siendo así que sólo en la isla de Tenerife se cogen
cada año, por regulación de quinquenio, 20.000 pipas de vino, es consiguiente
que a poquísima utilidad que rindiese su comercio con América, ningún cosechero
ningún cosechero reusaría cargar el buque que le tocase en su repartimiento y
siempre sobraría carga en los Registros aun cuando la Permisión fuese
triplicada." Propone que los derechos se bajen al 5 por 100 de su
valor, y justifica que nos bajarán los ingresos para las arcas al aumentar el
comercio.
En
cambio, el capitán y aventurero escocés George Glas afirmó en 1761 que en aquel
tiempo la isla de Tenerife exportaba unas 15 mil pipas de vino y coñac,
principalmente a las colonias británicas de América del Norte.
Tomás de Nava-Grimón y Porlier
(1734-1779), regidor perpetuo de Tenerife y diputado a Corte en 1764, fue
enviado por el Cabildo a Madrid junto con Fernando de la Guerra, como
representantes duyos ante el Rey sobre la situación misérrima de la isla, sus
clases sociales y su campo, por no existir prácticamente el comercio con
Inglaterra. El acuerdo del Cabildo, después de encarecer a ambos diputados la
máxima dedicación y diligencia, resalta "la gravedad el asunto del que sin
duda depende no sólo la conservación y utilidad de Tenerife sino de las demás
Islas".
Carlos III, accedió a que
los productos del comercio canario, los caldos particularmente, sólo pagasen de
entrada en América el 6% de su valor. Un documento de la época nos asegura que
"para fomentar el comercio se decretó fuese libre de pensiones con moderación
de los Reales derechos a solo un 6%".
Sin embargo, el comercio no acabó
de progresar. La libertad de comercio establecida por Carlos III entre los más
importantes puertos peninsulares y los puertos menores de América, por Real
Cédula e Instrucción de 16 de octubre de 1765, no acabó con el arcaico sistema
de las flotas, puesto que Veracruz y Cartagena, los dos puntales del comercio
indiano, seguían cerrados. Ello perturbó el régimen de comercio canario, ya que
dos de los puertos básicos de este tráfico, La Habana y Campeche entraban
dentro de la órbita peninsular en condiciones que hacían imposible toda
competencia. Canarias tenía sometidos sus productos a mayores impuestos y
gravámenes que en los puertos peninsulares, y a una limitación en el tonelaje.
El resultado fue que toda relación
comercial entre Canarias, La Habana, Campeche, Santo Domingo, etc,.. quedó
automáticamente suspendida, y que el comerciante isleño no tuvo más salidas que
aquellos puertos excluidos por el decreto de 1765 y habilitados, en cambio, por
el Reglamento de 1718: Caracas, Cumaná y Maracaibo.
Según Manuel Hernández González: "En 1765 se erigió el libre comercio de los puertos peninsulares con las Antillas, que en 1770 se amplió a Campeche. Aunque en 1772 el comercio canario entró en esa esfera, la consecuencia inmediata fue una grave crisis en el tráfico isleño con ambas regiones y una brusca reducción y falta de salida de sus exportaciones de aguardientes y sedas. Tal incorporación trajo una discriminación importante, la prohibición de exportar géneros extranjeros a Canarias, mientras que se permitía a los demás. Se pasó de unas exportaciones oficiales de 642´5 toneladas en el período 1738-54 a 385´7 en el de 1761-1776. La consecuencia de todo ello fue la ruina prácticamente total de tales actividades mercantiles. Mientras que se extinguió el tráfico con Campeche, el de La Habana pasó a ser esencialmente de pasajeros, que abonaban su flete. La Guaira, fuera del ámbito del libre comercio, por la fuerte presión y peso de la Compañía de Caracas, continuó siendo el único mercado rentable y atrayente, especialmente por el capítulo de las importaciones de cacao. La pugna por hacerse con su registro anual llegó a alcanzar amplia intensidad, con pleitos constantes.
Los canarios, habituados a la lucha en el terreno de las intrigas cortesanas, en las que tanta experiencia tenían sus diputados y mensajeros, no se desalentaron por ello e iniciaron seguidamente una verdadera ofensiva en las Secretarías de Estado y Consejos para obtener del paternal Carlos III la ampliación de los beneficios de 1765 al Archipiélago. Siete años duraría esta batalla, que acabó - según los textos de Antonio Rumeu de Armas - en el más rotundo éxito de los isleños. Diversos memoriales se presentaron al Consejo de Indias entre los años 1765 a 1768 reclamando los Cabildos de Tenerife, La Palma y Gran Canaria la concesión de esta gracia. Pero la lenta marcha del expediente hizo necesario enviar a un hombre, prestigioso, influyente y dinámica a la Corte, que por sus buenas relaciones sociales activase la tramitación del asunto, y todas las miradas se fijaron en Tomás de Nava, marqués de Villanueva del Prado Tomás de Nava y Porlier, como el más destacado prócer de las islas.
Retrato de Tomás de Nava-Grimón y Porlier (1734-1779),
V marqués de Villanueva del Prado.
Se solicitó también la ampliación de la
medida de los puertos de Caracas, Cumanán y Maracaibo - es decir, el tráfico
del cacao, junto con la Compañía Guipuzcoana -, así como la extinción del
Juzgado de Indias. La Real Resolución sólo entró en la aplicación de la Orden
de 1766, limitada a los frutos del país, con rebaja de derechos para aquellos
tres puertos; y no se consiguió la extinción del Juzgado de Indias.
A la acción de Antonio Van de Walle
y de Amaro José González de Mesa (síndico personero general de Tenerife), se
debió la Real cédula de 1772 que incorporó el puerto de Santa Cruz de Tenerife
a la lista de los puertos peninsulares que podían comerciar con los menores
americanos. Al éxito de esta gestión contribuyeron los informes favorables del
comandante general y del obispo (éste desde Las Palmas).
El Cabildo de Tenerife se enteró
alborozado del triunfo el 10 de noviembre de 1772 y lo celebró con un solemne
tedéum y con fiestas y luminarias en la ciudad capital, La Laguna, que duraron
por espacio de tres días.
Parece evidente que en esta segunda
mitad del siglo XVIII Tenerife aún lideraba indiscutiblemente la economía y el
comercio de las Islas Canarias. Hay muchas evidencias directas e indirectas. En
las indirectas se podría citar por ejemplo la abundancia de títulos nobiliarios
en Tenerife, decenas, concedidos por la Corona la mayoría en los siglos XVII y
XVIII, siendo la proporción en Tenerife muy superior a la de cualquier otra
isla del archipiélago. El título nobiliario del Condado de la Vega Grande de
Guadalupe, uno de los principales en la isla de Gran Canaria, no existió hasta
1777, siendo otorgado por el rey Carlos III a Fernando Bruno del Castillo (y
Ruiz de Vergara) y Castillo (1714-1788), cuya esposa, doña Luisa Antonio de Amoreto-Manrique
del Castillo-Olivares, era propietaria de la finca Vega Grande en el sur de
Gran Canaria. El marquesado de Arucas es del siglo XX, y fue concedido en 1911
por Alfonso XIII a Ramón Madán y Uriondo, comandante de infantería. El
título de marqués de Acialcázar tuvo sus orígenes en Tenerife en 1666, al ser
concedido por el rey Carlos II a Baltasar de Vergara y Grimón y, algunas
generaciones después, sus poseedores han alternado residencia entre Tenerife y
Gran Canaria.
Sin embargo, la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria pronto destacó entre todas las ciudades canarias al ser el único
gran centro neurálgico de la isla de Gran Canaria, mientras que en Tenerife
durante las primeras décadas del siglo XIX rivalizaron La Laguna, Santa Cruz y
el Puerto de la Cruz (antes Puerto de la Orotava, que había tomado el relevo
del puerto de Garachico tras la erupción volcánica de 1706)...
El año 1772 marca así, según explica
Rumeu de Armas, un momento decisivo en la historia del comercio canario e
inaugura una época de gran prosperidad económica, que hubiese sido aún mayor si
las guerras exteriores no lo hubiesen perturbado en diversos momentos y
ocasiones, principalmente cuando Inglaterra era nuestro enemigo.
Como explica Carlos Cólogan en su libro
Tenerife Wine: En 1772 la Real Cédula de Ampliación del Comercio permitió a las
Islas Canarias comerciar sus frutos con "las cinco islas de
Barlovento", es decir, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y
Trinidad. También se beneficiaban, junto con la Compañía Guipuzcoana, del
privilegio del tráfico con Venezuela (Caracas, Cumaná y Maracaibo). Lo que no
se consiguió fue la extinción del Juzgado de Indias [que tendría lugar más adelante,
en 1804]. La nueva legislación permitía exportar desde las islas una serie de
productos que no perjudicaban a la economía peninsular y acababa con la
política del puerto único. A partir de ese año las Islas Canarias tenían las
mismas ventajas que ya tenían otros nueve puertos españoles: Santander, Gijón,
La Coruña, Sevilla, Cádiz, Málaga, Cartagena, Alicante y Barcelona.
Rumeu de Armas indica que hasta
pudiéramos decir que Canarias gozó de un régimen de favor, pues no sólo se le
abrieron los puertos de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita, Trinidad,
Luisiana, Yucatán y Campeche, con derechos de salida y entrada de un 3%, sino
que de acuerdo con el Reglamento de 1718 disfrutó del comercio exclusivo con
Caracas, Cumaná y Maracaibo.
Carlos III decretó el 12 de octubre de
1778, la definitiva libertad de comercio entre España y América, una de las más
trascendentales reformas de su provechoso reinado. Esta importante disposición,
que llevaba el título de "Reglamento y Aranceles reales para el comercio
libre de España e Indias", con un régimen contributivo aún más
beneficioso, y que habilitaba para el comercio 13 puertos metropolitanos (o
sea, españoles), entre ellos Santa Cruz de Tenerife, y 24 de América, los más
importantes del nuevo Continente. Las bases 53 y 54 del reglamento prejuzgaban
el establecimiento en Tenerife del Real Consulado de Comercio, con dobles
directrices, directivas y judiciales, en materia de comercio y navegación se
demoró hasta el año de 1787; que por Real cédula de 22 de diciembre de ese año
se estableció dicho alto tribunal en la ciudad de La Laguna.
En una Real cédula de 21 de
enero de 1786, Carlos III dispuso también habilitar para el comercio con
América los puertos de Santa Cruz de La Palma y el de Las Palmas, que
compartían con Santa Cruz de Tenerife el tráfico trasatlántico.
El Reglamento de 1778 señaló un
verdadero momento de esplendor en la historia del comercio hispano-americano,
del que como es natural se beneficiaron como las que más las Islas Canarias.
Los astilleros isleños progresaron de manera portentosa y fueron base de una
importante flota que contó con pilotos afamados y tripulaciones expertas y
curtidas (Santa Cruz de Tenerife por sí sola contó con más de 16 navíos para la
navegación del altura); la industria, dentro de la modestia en la que se movía
por sus cortas posibilidades, progresó también, sosteniendo sus mercados en el
seno de las clases más humildes americanas, consumidoras de sus burdos tejidos,
y el comercio realizó pingües negocios y fue base de cuantiosas fortunas.
Lástima que esta prosperidad fuese corta y efímera, según Antonio Rumeu de
Armas, pues la ocupación napoleónica en 1808, al precipitar la emancipación de
los territorios de ultramar americanos y ocasionar la ruina general de la
nación, perturbó y destruyó este progresivo renacer de la nación española y de
Canarias al calor de las recién establecidas libertades económicas.
Manuel Hernández González afirma que: "El último tercio del siglo XVIII y la primera década del XIX fue una etapa de elevada conflictividad bélica que paralizó por varios años el comercio, lo que originó incalculables daños para un tráfico con un futuro prácticamente limitado a la emigración y al retorno de las remesas acumuladas por ésta. La reducción del tráfico canario-americano fue bien palpable. Las exportaciones canarias sólo representaban una media del 0´7 del total de las españolas y las importaciones de sólo el 0´5. Santa Cruz de Tenerife se situaba de esa forma en el séptimo lugar de los puertos habilitados. La decadencia era bien palpable si se compara con el 42´6% del tráfico colonial que vimos en la época de la guerra de sucesión entre 1700-1705. El nivel de las exportaciones siguió descendiendo para situarse en torno a las 700 toneladas a finales del siglo XVIII".
Y continúa explicando el caterdrático de historia de la ULL Manuel Hernández González: "En Cuba el comercio canario se especializa en el transporte de personas que Nava calculaba en 1778 en torno a 900 las que anualmente abandonaban Tenerife. América seguía siendo la tabla de salvación de la depauperada economía isleña. La época del llamado comercio de neutrales acentuó la migración, salvo en los períodos de confrontaciones bélicas. Se puede caracterizar como un período de transición en el que se combinan la emigración promovida por la Corona y la acentuación de la libre. En Luisiana, ocupada por España desde 1763, la monarquía ve en su colonización por españoles la única garantía para su preservación. Entre 1777 y 1783 se embarcan para ese territorio de Norteamérica 4.312 personas. Sin embargo, el número arribado se puede situar en unos 2 000, por la deserción en Cuba y en Venezuela del 50%, especialmente a partir de 1779 con la declaración de guerra a Inglaterra. Se embarcarían campesinos con escasas conexiones exteriores. De ahí que la proporción de gomeros o grancanarios fuera muy elevada8 . El período comprendido entre 1783 y 1793 es de intensa emigración. Aunque Cuba es el destino mayoritario, Venezuela sigue a muy corta distancia. Llegó a su punto culminante en 1790, «creciendo de año en año con una progresión tan considerable que en el último ha llegado el número de los milicianos embarcados casi el triple de los que había sido el mayor de los antecedentes» . A principios del siglo XIX, (...) la migración se intensifica hacia Cuba y Venezuela, y en menor medida a Puerto Rico. Los nuevos cultivos emergentes, como el café y el añil, llevan a muchas familias canarias a poner sus expectativas en las áreas caribeñas en expansión, como acontece en Cuba con la región occidental y la central, en Puerto Rico con las zonas montuosas como Utuado y en Venezuela en Aragua y el Oriente".
Alrededor de 1789, con George Washington
como nuevo presidente de EEUU, el comercio canario-americano con Nueva York y
Filadelfia se amplía, no solo por la exportación de vinos vidueños canarios,
sino también por la importación de sus harinas. Aunque los primeros consulados
americanos en España fueron el de Cádiz y Bilbao, ambos en 1790, en Canarias
fue pronto nombrado cónsul el irlandés Juan Culnan, establecido en Tenerife, puesto
que mantuvo desde el 29 de mayo de 1794 hasta febrero de 1802.
A finales del siglo XVIII, pese a que el
vino supone la mayor parte de las exportaciones canarias, poco a poco otros
productos como la orchilla y la barrilla, de naturaleza vegetal, se van
abriendo paso en el mercado inglés. Eran exportaciones muy importantes para islas
como Lanzarote y Fuerteventura, y aliviaron las hambrunas que su población
padecía por las oscilaciones en la producción cerealista, base de su economía
tradicional. Esta economía, cerealista, sujeta a las condiciones
pluviométricas y al sufrimiento de sequías, condenaba a la población local a
emigrar cuando fallaba.
La exportación de vinos permitió en el
siglo XVIII importar madera para duelas, cereales para cuando las sequías
secaban nuestros campos, o traer productos manufacturados desde Londres o
Hamburgo; como telas, sedas, herramientas, carne, órganos para las iglesias,
plata labrada, figuras religiosas para las iglesias, cera, el spermacetum de
ballenas para iluminar las viviendas con los quinqués,...
En 1799 Humboldt en su visita a
Tenerife deja escrito que la cosecha anual de vino de la isla la estima entre
20 y 24 mil pipas, con una exportación anual de unas 8 a 9 mil pipas. Dado que
una pipa de vino eran 534 litros, esa cantidad supone más de diez millones de
litros anuales, que es una producción muy significativa. La de trigo dice que
se supone ser de 54 mil fanegas en toda la provincia (el archipiélago completo)
y añade que dicha cifra padece mucho error pues solo Tenerife en un año común
da más de 80 mil. Por último, indica que los principales artículos de su
comercio son vino, aguardiente, orchilla, sosa o barilla.
Humboldt también deja indicadas la población, superficies y densidad de población de cada isla, lo cual puede verse resumido en estas anotaciones realizadas por Juan Tabares de Roo en referencia al libro de Humboldt (que se conservan en el archivo Tabares de Nava de la RSEAPT):
Así, en 1799, la población en Tenerife es de unas 70 mil personas,
en Gran Canaria de unas 50 mil y en La Palma de unas 22 mil. Son las islas más
prósperas y pobladas. En total, el archipiélago cuenta con unas 174 mil almas.
La Casa de Nava, representada a finales del siglo XVIII, a partir de la
muerte de Tomás de Nava-Grimón en 1779, por su hijo Alonso, seguía siendo una
de las familias más poderosas de Canarias, aunque su ruina ya había empezado a
gestarse (a finales del siglo XIX sería embargado o vendido la mitad de su
patrimonio y la otra mitad repartida entre los numerosísimos herederos).
Retrato de Alonso de Nava-Grimón y Benítez de Lugo (1757-1832),
VI marqués de Villanueva del Prado.
Fernando de Molina y Quesada ingresó en la Económica en marzo de 1777 y
en febrero de 1779 presentó un informe sobre el comercio, la industria y
otros aspectos económicos. Se refiere a la petición del ayuntamiento de la
ciudad y escribe que "para acordar acerca del comercio libre se ventila
la cuestión de si es útil o nocivo que se naveguen libremente desde este Puerto
habilitado a la América en los bajeles de nuestra permisión los géneros
extranjeros" y añade que "los comerciantes, los dueños de navíos
y los que tienen proposición o esperanza de hacer un gran negocio, se esfuerzan
en persuadir es utilísimo tal comercio". Pero encuentra "algunas
dificultades", pues sin entrar en otras, "si se verificara tal
proyecto sería la total destrucción de los telares y demás manufacturas de seda
de que resultaría un gravísimo perjuicio a la Provincia", ramo que
"va a ser si no mayor poco inferior al ramo de vinos y aguardientes
(...). El vino y la seda son cosecha de la Isla y la seda es un material para
manufacturas ya establecidas en que se interesa el común (...). ¿Si nuestra
seda no se lleva a la América, y no vale, para qué se tejerá y para qué se
plantarán morales? ¿Quién llevaría una pieza de tafetán o una cinta? (...). ¿No
es esto impugnar el Real Reglamento? (el de comercio libre de 1778) (...). Por
pensar en favorecer el comercio no se destruyan las Artes y la Agricultura
(...)."
Así, en 1829, a sus 82 años, enviará una carta a su nieto Alonso, del mismo nombre (Alonso de Nava y Llarena), dándole una explicación a los asuntos financieros de su casa y hacienda diciendo: "Inexplicable e incalculable es cuánto me ha perjudicado la falta de formalidad y de exactitud en mis apuntaciones y en la conservación y arreglo de mis cuentas y de otros documentos. Muchas cosas y algunas de no poca consideración, he tenido que pagarlas dos y tres veces, mil créditos he perdido en el transcurso del tiempo o por la indolencia y confusión de casi todos mis dependientes o encargados que me han engañado... y algunos de los más inmediatos han librado una fortuna a mi costa".
Continuando
con el libro de Alfonso Soriano: Otros informes de Alonso de Nava,
además del recién citado sobre comercio de fecha 14 de enero de 1788, son
el informe de 4 de septiembre de 1788 que aborda el asunto de reparto de
baldíos y un tercer informe que se refiere a los problemas monetarios y a la
salida de capitales del Archipiélago. Estos informes abarcan el período de 1788
a 1811 y es entonces cuando, sin pretender privilegios, se empieza a pedir para
Canarias el reconocimiento del hecho económico diferencial, que se
obtendría pasadas décadas con el Decreto de 1852 sobre puertos francos.
1) la
creación de la Junta Suprema de Canarias en 1808-1809,
2) la breve
intervención del marqués en los asuntos peninsulares con motivo de su
participación en la Junta Central de Sevilla y de sus comentarios a la
Constitución de Cádiz,
3) su
oposición a los intereses locales en Canarias, suscitada por la nueva
organización provincial y por el problema de la capitalidad de Santa Cruz de
Tenerife frente a los derechos históricos de La Laguna.
El paso del siglo XVIII al XIX supondrá
la transformación de la sociedad del Antiguo Régimen y la implantación del
Orden Liberal. Los cambios que afectaron a las esferas políticas, jurídicas e
institucionales tuvieron claro impactó en los destinos de la producción
económica y en los comportamientos y estructuras sociales.
Los partidos políticos que se
crearon En Canarias en el siglo XIX eran grupos de notables cuyo principal
objetivo era controlar todas las instancias del poder en las instituciones. Son
partidos políticos que ideológicamente reproducen las formaciones de la
península: moderados y progresistas. La posición política en uno u otro bando
dependerá de las posibles soluciones que ofrezcan en cada momento al pleito
entre Tenerife y Gran Canaria. Además, otra de las características de
los partidos políticos en Canarias durante esta etapa, su carácter insular,
explica también la existencia del Pleito Insular. Ningún partido ni
organización alcanzará al conjunto de las islas de forma unitaria. Lo
cual también ha sucedido con frecuencia en épocas recientes en el caso de los
partidos nacionalistas canarios, que se han querido identificar a una isla;
como una extensión o rescoldo del Pleito Insular.
Para las Islas Canarias, el siglo XIX supone también una etapa de transformaciones en las coordenadas que habían marcado su posición en la historia a lo largo de los siglos anteriores. Las alteraciones internacionales, con las rivalidades europeas y la pérdida de las colonias americanas Repercutieron en las islas y en su actividad económica. La fragilidad de los recursos de las islas y la notable dependencia exterior se pondrá de manifiesto en numerosas ocasiones.
Mientras tanto, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con todo el potencial de la isla prácticamente concentrado en una sola población, destaca cada vez más de forma individual frente al resto de poblaciones canarias. En Tenerife, como se ha explicado, la población y la riqueza estaba fragmentada y existían tres poblaciones con notable relevancia.
Pero la gran pugna entre Tenerife y
Gran Canaria ya había surgido desde unos años antes, desde el Motín de Aranjuez
de 1808, a raíz de la invasión de España por las tropas de Napoleón y la
consiguiente guerra de la Independencia contra Francia. La respuesta de las
élites de Tenerife y Gran Canaria fue diferente, como veremos a
continuación.
José Luis Machado explica que, tras
la ocupación francesa de 1808, en Las Palmas, bajo el liderazgo del Conde de la Vega
Grande, se quiso apostar por la continuidad de las instituciones anteriores,
convocando un cabildo Permanente que asumiera el mando en esos delicados momentos,
y Tenerife se unió en cambio a las nuevas Juntas Supremas, que apostaron por la
lealtad a Fernando VII y por expulsar a los franceses.
Según relata José Luis Machado, la
torpeza de Godoy, que por tratado de Fontainebleau de 1807 permitió el tránsito
de las tropas francesas por España para entrar en Portugal y conquistarla (se
dividiría en 3 partes y una sería para el propio Godoy, en el actual Algarbe),
permitió la gran traición francesa a España, su país aliado. Fue el
desencadenante definitivo de la decadencia de España como potencia, aunque ya
venía precedida de los desastres navales de las batallas del cabo de San
Vicente (1797) y de Trafalgar (1805), que repercutieron en un deterioro total
de la Marina, con graves consecuencias de mayor desconexión con toda la América
española. Ya había iniciado antes Godoy el desguace del Imperio español con la
cesión a Francia de la fracción de la isla de La Española y de la inmensa
Luisiana. El retorno en 1814 de Fernando VII, eliminando los avances de la Constitución
de 1812 y volviendo a un régimen monárquico absolutista, distanció
definitivamente a la América española.
En el Motín de Aranjuez, en
la madrugada del 18 de marzo de 1808, la nobleza y el clero se
levantan contra Godoy y a favor del príncipe de Asturias (Fernando VII)
con la excusa de que Godoy pretendía secuestrar a los reyes, pero molestos
realmente por los aspectos liberales de su política. Lo cual produjo la caída
de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo; y esta situación de inestabilidad
política fue aprovechada por Napoleón para ocupar militarmente la península.
Murat concibe la idea de ser Rey de España,
mientras que Napoleón ya piensa en ese trono para uno de su sangre. En todo
caso, se está poniendo en marcha la máquina que culminará en las renuncias y
cesiones de Bayona (Francia).
A principios de abril se iniciaron las
presiones francesas sobre Fernando VII para que vaya al encuentro de Napoleón
en Francia, quien - se le promete - le reconocerá como Rey. Allí, en Bayona, se
ve sorprendido por la fría acogida de Napoleón; y con la propuesta de éste de
cambiar su Reino de España por el de Etruria. Allí se le reunieron sus
abdicados padres Carlos IV y María Luisa; y allí tuvieron lugar las vergonzosas
escenas que acabarían, de momento, con la dinastía borbónica en España.
El 2 de mayo de 1808, el
pueblo de Madrid se levanta en armas contra la invasión francesa, con la
subsiguiente represión sangrienta de Morat, y se inicia la Guerra de la
Independencia (1808-1814).
El día 6 de mayo Fernando VII renunció a
su corona y revocó los poderes que dejó a la Junta de Gobierno de Madrid;
renuncia que ratificará por extenso el siguiente día 10. Por su parte, Carlos
IV, de nuevo Rey, renuncia a su vez en el Emperador el día 5; y éste decide
ceder la corona a su hermano José Bonaparte, hasta entonces Rey de Nápoles y
Sicilia.
Sigue explicando J. L. Machado que la
Guerra de la Independencia marca el comienzo histórico del siglo XIX. En las
Islas, la constante lucha entre las fuerzas políticas liberales y conservadoras
vendrá acompañada por la estéril rivalidad entre Gran Canaria y Tenerife por
hacerse con la capitalidad y con la hegemonía del Archipiélago.
La distancia a la Península y la lentitud
de los transportes hacían que las noticias de los acontecimientos políticos
llegasen a las Islas con grandes retrasos. Cuando llegan a las islas las
noticias de los sucesos de la Península, la invasión napoleónica y
levantamiento del pueblo de Madrid, el Cabildo de Tenerife se constituye en
Junta Suprema de Canarias.
La abdicación de Carlos IV en Bayona del
5 de mayo sólo se conoció en Canarias un mes más tarde, exactamente el 5 de
junio. Y la noticia del levantamiento de las Provincias contra el francés se
conoció dos meses más tarde, exactamente el día 3 de julio.
El día 20 de julio hizo su entrada en Madrid el
Rey José, recibido por el Consejo de Estado. Pero dos días más tarde se produjo
la victoria de Castaños sobre Dupont en Bailén, y José decidió salir de Madrid,
marchando el 29 de julio a Vitoria, donde aguardó la reacción el Emperador. El
11 de agosto el Consejo de Estado resolvió considerar nulas las abdicaciones de
Carlos IV y de Fernando VII, así como todas las disposiciones hechas por el
poder intruso.
El gobierno contra los franceses recae en
Juntas de defensa surgidas espontáneamente. Las Juntas diseminadas por toda
España confluyen en la denominada Junta Central Suprema, la cual se encarga de
articular un frente común en la guerra contra Napoleón, quien, el 4 de junio,
fue proclamado "Rey de las Españas y las Indias". Esta Junta Suprema
se constituyó en Sevilla el 27 de mayo.
En Tenerife, el Comandante General
Fernando Cagigal de la Vega y Mac-Swing, marqués de Casa Cagigal, procede a
convocar un Cabildo General abierto, que habría de celebrarse en La Laguna el
día 11 de ese mes de julio. Éste fue, a juicio del historiador Francisco María
de León, el gran error de Cagigal: en lugar de un Cabildo abierto, a celebrarse
en La Laguna, su sede, debió convocar una Junta de representantes de los
pueblos de las Islas, a celebrar en Santa Cruz, residencia del Comandante
General y que sería presidida por él mismo, "que no podía despertar
celos ni rivalidades".
Según sus críticos, debió haberlo hecho
en Santa Cruz, residencia del Comandante General, que no podía despertar celos
ni rivalidades, compuesta de representantes de todos los pueblos o de todos los
partidos sobre una base justa de igualdad. A partir de ahí el enconamiento
entre ambas islas y entre La Laguna y Santa Cruz fue intenso.
Será por tanto esta forma de convocar la
Junta Suprema la que parece ser que dio origen a que se esquistase
definitivamente la secular rivalidad interinsular.
Afirma Francisco María de León en su libro Apuntes
para la continuación de las noticias históricas de las Islas Canarias, desde
1776 a 1868: "¡Época funesta de división entre las Islas que fue
origen fecundo de una continuación no interrumpida de enemistades y de
odio!".
Según Guimerá Peraza, "la guerra
contra el invasor francés habría de dar estado oficial a la pugna latente entre
la isla de Gran Canaria y Tenerife, y aún dentro de ésta, entre La Laguna y
Santa Cruz, desde fines del siglo XVIII y principios del XIX. La ciudad del
Real de Las Palmas, con sus títulos originarios de la conquista. La Laguna,
sede del Cabildo de la Isla y ciudad más densa de Tenerife. Santa Cruz, con la
naciente fuerza que le daba su condición de villa exenta desde 1803, premio a
su victoria sobre la escuadra del Almirante Nelson en 1797, cuya concesión
había sido hecha por Carlos IV en Real Cédula dada el 28 de agosto de 1803."
Continúa diciendo Guimerá Peraza:
"En efecto, el Capitán General Marqués de Casa-Cagigal - tildado luego de
afrancesado (*) por sus numerosos enemigos - procede a convocar un Cabildo
General en julio de 1808."
(*) El IV marqués de Casa
Cagigal, Fernando Cagigal de la Vega y Mac-Swing (1756-1824), fue juzgado en Sevilla por un
consejo de guerra en 1809, pero fue absuelto y se le devolvieron todos sus
cargos y preeminencias, levantándose el embargo de su
patrimonio. Luchó en la Guerra de la Independencia, donde
fue mariscal de campo de Infantería. En 1814, residiendo ya en la Península,
solicitó el ascenso a teniente general y le fue concedido. Fue teniente de
granaderos en la Guardia Real y caballero gran cruz de la Orden
de San Hermenegildo, que recibió en 1816. Fue también dramaturgo y poeta a
partir de 1817.
La Junta Suprema de
Canarias, constituida en la ciudad de La Laguna el 11 de julio de 1808, asumió
los poderes del Archipiélago, exceptuando Gran Canaria que convocó su cabildo,
ante los momentos de incertidumbre que se vivían en España con la Guerra de la
Independencia.
En la Junta Suprema de Canarias, fue
elegido presidente el VI marqués de Villanueva del Prado Alonso de Nava-Grimón
y Benítez de Lugo; y entre los vocales figuraron José Murphy y Meade, Bernardo
Cólogan Fallon, el marqués del Sauzal Gaspar de Frachi y Mesa, ...
Se conserva mucha documentación de
la Junta Suprema de Canarias, que reunió y conservó el lagunero Juan Tabares de
Róo (1764-1847), como secretario.
Fajín distintivo de los miembros de la Junta Suprema de Canarias, que perteneció a su secretario Juan Tabares de Róo. RSEAPT.
Los demás cabildos insulares se someten a los dictados de la Junta
lagunera, enviando representantes, pero el cabildo grancanario se niega a reconocer
validez a la Suprema por no haberse convocado a todos los cabildos y se
constituye por su cuenta en Cabildo Permanente. Carlos O´Donnell y Anethan, que
era un joven capitán del rey (un rango muy inferior al de Comandante General)
da un golpe contra el Comandante General el marqués de Casa-Cagigal (que
también presidía la Audiencia Provincial, controlada por Las Palmas, y
controlaba el comercio desde 1804 como ya vimos antes al citar la desaparición
del Juzgado de Indias), al que apartó del mando y encarceló en el castillo de
San Cristóbal en Santa Cruz, acusado injustamente de afrancesado. O´Donnell
pasó a general interino y envió a Gran Canaria al coronel Juan Creagh y Powles
para destituir al también coronel José Verdugo de la Albiturría y Da-Pelo de su
cargo de Gobernador de Armas de la isla y tomar el mando de la Plaza de
las Palmas. Y así lo realizó Creagh el 21 de julio, enviando arrestado a
Verdugo a Santa Cruz, con tacha de "afrancesado".
Y se constituyó formalmente el Cabildo general
Permanente de Gran Canaria el 1 de septiembre, en la casa del Obispo de
Arequipa Luis de la Encina, en la Plaza de Santa Ana, nº11; una de cuyas
primeras providencias consistió, a su vez, en poner preso a Creagh,
encerrándolo en el castillo de Mata, en espera de la liberación de los citados
magistrados. Y la General Permanente también impugnó la jurisdicción y
competencia de la Suprema tinerfeña. El pleito insular era ya de extrema
virulencia.
Los acuerdos del General Permanente se
plasmaron en un Manifiesto fechado el 27 de septiembre, del cual se dice fue
autor Pedro José Gordillo y Ramos (1773-1884), a la sazón Cura del
Sagrario Catedral de Las Palmas, quien posteriormente será asiduo político
(diputado) de las Cortes de Cádiz. El Cabildo Catedral (de Las Palmas, claro),
en cambio, era en su mayoría partidario de la Junta lagunera. Según Guimerá
Peraza "el Cabildo Catedral de Canarias, del que fue alma el Doctoral
Graciliano Afonso (1775-1861) era, en su mayoría, partidario de la Junta
Suprema lagunera y no del Permanente de Las Palmas".
Al Cabildo General Permanente se
incorporó José de Viera y Clavijo, que dará lugar a una carta recriminatoria de
Alonso de Nava de fecha de 26 de diciembre de 1808.
Explica José Luis
Machado, en su libro La Real Armada de España de 1786 a 1801. Revueltas
en Gran Canaria en 1808 y sus causas, que "(...) el Cabildo de Las
Palmas, tomó las medidas que consideraba oportunas en la defensa de sus
intereses, más acordes con los postulados del Antiguo Régimen, pero agravado
por un clima de incertidumbres y falta de noticias desde la metrópolis
(...);
Según José Luis Machado, "las tensiones que produjo la configuración de una Junta Suprema de Canarias con sede en La Laguna, que destituyó a la máxima autoridad del archipiélago (comandante general y marqués Fernando Casa Cagigal) para sustituirlo por su segundo el simpático O´Donell, porque Las Palmas se consideró huérfana de sus instituciones y del orden natural de la actividad política (...) ".
Y Machado sigue
explicando que: En Las Palmas Juan Naranjo, ante la noticia de que la Junta de
La Laguna mandaba retirar al general Marqueli y, que este debía salir para la
Península en el primer barco, deseoso ese Cabildo de tener allí comandante
general, escribió al dicho Marqueli para que a su salida de España tocase por
allí, que le entregarían el mando de armas y la presidencia de la Audiencia,
cuyas cartas llevó el mismo Naranjo.
Realmente el segundo tras el marqués de
Cagigal era el general Luis Marqueli Bontempo, natural de Savona (a 45 km de
Génova), mariscal de campo que pertenecía al cuerpo de ingenieros y que tuvo
una conducta muy destacada en la gesta del 25 de julio de 1797. Pero su
carácter y ligereza en hablar y criticar tanto al Gobierno como a la Junta
Suprema, le acarrearon enemigos que le consideraron ilegible para el cargo de
Comandante General. Tuvo enfrentamientos con Alonso de Nava, aunque coincidían
en su crítica a Godoy. Marqueli se reía de la formación de Godoy como antiguo
guardia de corps.
Cuando se sustituye a Casa-Cagigal por
Carlos O´Donnell, este último era sólo coronel graduado o interino, sin empleo
fijo en el Ejército, al cual sólo había servido como capitán del Regimiento de
Irlanda, pero la Junta lo asciende a mariscal para adecuarlo al nuevo cargo de
Comandante General, saltándose a Marqueli, a quien por graduación y ordenanza
le correspondía el cargo. Esto enfrentó a los dos militares y O´Donnell acabó arrestando
a Marqueli y más adelante, por continuar en sus quejas, ya le iba a embarcar
para la Península. Pero salió en su defensa Alonso de Nava y todo quedó en un
arresto domiciliario que finalmente la Junta de Sevilla ordenó levantar,
limitándose a una amonestación verbal.
Es de resaltar, según continúa José Luis Machado, la enemistad manifiesta entre Casa-Cagigal y Alonso de Nava-Grimón. Por un lado, Alonso de Nava estaba enfrentado a Godoy que, por ejemplo, no había permitido que Antonio, hijo de Alonso de Nava, fuera elegido paje del rey, trucando los inicios de la carrera profesional que Alonso tenía planeada para Antonio. Y el marqués de Casa-Cagigal era muy de Godoy. Por otro lado, las mujeres de O´Donnell y de Casa-Cagigal eran enemigas declaradas e influyeron en sus correspondientes maridos, enfrentándolos. Cuando Carlos O´Donnell había sido traslado en 1800 a su nuevo destino en Tenerife, sy mujer María Josefa Joris se convirtió en el centro de la vida social y cultural locales por su belleza, cultura y dotes interpretativas, en competencia con la marquesa de Casa Cagigal, esposa del comandante general de las Canarias.
José Luis Machado explica:
"Secularmente, los sucesivos gobiernos del Rey se desconcertaban ante las
reivindicaciones canarias, porque no eran peticiones prácticas en las que se
hablara de obras públicas o mejoras relacionadas con el bienestar de los
canarios, sino encaminadas a mantener los privilegios seculares. Se hablaba de
la pobreza y falta de desarrollo, desde un victimismo que llenaba páginas de
memoriales, pero en realidad lo que se pedía era el mantenimiento de los
privilegios - la supresión del quinto real y la permanencia de aranceles por
entrada de mercancía -, cuya única consecuencia fue el control del poder de los
Cabildos en manos de la terratenencia de sus regidores. Eso fue en definitiva
lo que sucedió en Las Palmas, que de la mano del conde de la Vega
Grande y del propio León, se opusieron alertando incluso de la
inminente invasión desde Tenerife, de la mano del ilustrado Alonso de Nava, que
por otro lado era propietario de la Aldea de San Nicolás. En definitiva, se
puede entender esta lucha, simplificándola, en la permanencia de los antiguos
privilegios en contra de las nuevas ideas innovadoras e ilustradas, pero
también de corte afrancesado de los integrantes de la Corte Suprema de
Canarias, con sede en La Laguna. Origen sin duda del pleito insular."
El Conde de la Vega Grande en 1808 era el III conde Fernando del Castillo (Ruiz de Vergara) y Bethencourt (1774-1819), pues su padre el II conde Francisco Javier del Castillo (y Ruiz de Vergara) y Amoreto (1749-1800) había fallecido repentinamente unos años antes. Ambos fallecieron relativamente jóvenes.
Fernando del Castillo (Ruiz de Vergara)
y Betancourt había contraído matrimonio en 1800 con la tinerfeña
María del Pilar Bethencourt (realmente Betancourt, como el segundo apellido de él) y Molina, natural del Puerto
de la Cruz de La Orotava (el Puerto de la Cruz aún pertenecía a La Orotava
cuando nació), y hermana del insigne e internacional ingeniero Agustín de
Betancourt y Molina.
El apellido Bethencourt se comenzó a utilizar a partir
de la segunda mitad del siglo XIX (retornando a su remota acepción normanda),
siendo el tinerfeño José de Betancourt(-Castro) y Lugo (1801-1867) el
primero que lo utilizó sin precedente alguno en los últimos siglos,
extendiéndose con el tiempo a todos los parientes Betancourt. Este José
Betancourt fue sobrino carnal de Agustín del Castillo Betancourt, IV conde de
la Vega Grande, pues fue el hijo mayor de José de Betancourt-Castro y Molina,
cuñado éste del III Conde de la Vega Grande. En una carta de José de
Betancourt(-Castro) y Molina a su otro hijo Agustín, sin embargo, le aconseja
escribir el apellido como Betancourt, que era la forma correcta para la familia
hasta ese momento (págs177-178 del libro "La familia de Agustín de
Betancourt y Molina. Correspondencia íntima", de Juan Cullen Salazar).
Fernando del Castillo tuvo el
privilegio de alzar el pendón en la proclamación del rey Fernando VII, a su
retorno a España en 1814, dado que fue considerado como alférez mayor
en 1803 tras el fallecimiento de su padre en 1800.
Manuel Lobo Cabrera, en su libro de 2014
titulado "El Condado de la Vega Grande Guadalupe", apostilla que el III conde fue
"un hombre preocupado por acrecentar su patrimonio y sobre todo por
ponerlo en agricultura, así como por atender el suministro de bienes a sus
colonos y al mercado insular".
Según José Luis Machado, las
propiedades del mayorazgo de Amoreto [que le habían llegado por su abuela
paterna] eran la parte principal de las propiedades del conde en San Bartolomé
de Tirajana, Telde y Las Palmas, ocupaban una superficie superior a las 9.000
fanegadas. Las de Telde eran las más productivas, destacando el cortijo de Juan
Gallegos, el cercado de la Sardina y parte del heredamiento de la Vega
Mayor.
El III conde fue el primero en ser
enterrado en la Vega de Guadalupe, en la iglesia de nuestra señora de Guadalupe
de la hacienda de Juan Grande.
Según relata José Luis Machado en su
libro La Real Armada de España de 1786 a 1801. Revueltas en Gran
Canaria en 1808 y sus causas, el III Conde de la Vega Grande "incluyó
en sus mayordomos y jornaleros o aparceros de sus tierras, para que se
presentasen en la ciudad y fomentasen el motín, siendo de las principales
cabezas un tal Sosa y Zurita, que animaban al populacho. Las fuentes también
citan a Juan María de León y Romero, a los reverendos agustinos Taymond y
Ramos, y a los beneficiados de Telde y Agaete como colaboradores en la
conducción del elemento popular que se dio cita en el motín. Todo parece
indicar que el conde de la Vega Grande y Francisco Alonso Tuero, oídor decano
del la Real Audiencia, fueron las figuras principales que garantizaron el éxito
de la revuelta. De manera que Tuero instigó el clamor popular que demandaba la
libertad de los presos sin pena capital y que, una vez alcanzados los primeros
objetivos, juntamente con el conde entregó a los amotinados campestres, en las
casas que para esto estaban ya destinados, dinero para que se brindasen y
animasen entre todos".
Pedro Gordillo y Ramos, durante el desempeño del curato del Sagrario de la Catedral de Canarias, tuvo varias intervenciones políticas, en ciertos sucesos acaecidos en Gran Canaria, que a juicio de Alfonso Armas le enajenaron las simpatías del Cabildo Catedral y en especial se enemistó prfundamente con el Doctoral Graciliano Afonso y Naranjo. Y es que, en el fondo, el Cabildo catedraliciode Las Plamas se sentía mucho más identificado con la Junta Suprema Lagunera que con el Permanente de Las Palmas.
En una
intervención en el Cabildo Permanente de Gran Canaria el 1 de septiembre de
1808, impugnó la creación de la Junta Suprema de La Laguna y pidió la
destitución de Creagh. Como consecuencia de tal acuerdo se redactó un
Manifiesto, fechado el 27 de septiembre de 1808, editado por la Real Sociedad
de Amigos del País de Las Palmas, del cual se dice que fue autor el propio
Gordillo. También tuvo una actuación destacada en los disturbios de Teror y
Valleseco, el 27 de diciembre y días sucesivos, en los que Gordillo fue uno de
los comisionados del Cabildo Permanente para desplazarse a Teror al frente de
las tropas a restablecer el orden. También llevó el Santísimo Sacramento en la
procesión y fue la figura más sobresaliente de la Diputación. En la sesión del
Cabildo de 25 de marzo de 1809 fue enviado a La Laguna como elector del Cabildo
Permanente para la elección de diputado por la Provincia para la Junta Central
Gubernativa del Reino. En la sesión que tuvo lugar allí el 5 de octubre de 1809,
además de la cuestión de precedencia en el orden de los asientos, que Gordillo
ganó, presentaron un escrito recusando al marqués de Villanueva del Prado,
quien al final resultó elegido. Por último, Gordillo fue miembro destacado en
las conspiraciones y conciliábulos tenidos en los primeros días de mayo de
1810, en los que el Cabildo actuaba contra la Audiencia, para el
establecimiento de un gobierno autónomo.
Pedro José Gordillo y Ramos (1773-1844) nació en Santa María de Guía. Catedrático en el Seminario Conciliar, protegido de Viera y Clavijo y, desde 1807, párroco de la Iglesia del Sagrario de la Catedral de las Palmas, fue elegido diputado por Gran Canaria el 16 de octubre de 1810. Falleció en la Habana, donde se doctoró en derecho canónico en 1823 y donde se posicionó en 1829 como Arcediano de su Catedral, cargo que desmpeñó hasta su muerte. Desde allí siguió favoreciendo con sus donativos a la parroquia de Guía, donde existe una lápida que le recuerda.
Homenaje a Pedro Gordillo y Ramos, en 1910, un siglo después de conseguir su acta de diputado. El primero sentado a la izquierda en primera fila es Francisco de Quintana y de León, que ya era marqués de Alcialcázar desde 1903. Pedro Gordillo y el Cabildo Permanente habían mandado encarcelar a su abuelo José María de Quintana y Llarena, pero un siglo después ya eran otros tiempos.
Siguiendo
con el relato de José Luis Machado en su libro La Real Armada de España
de 1786 a 1801. Revueltas en Gran Canaria en 1808 y sus causas, "El
coronel Juan Creagh Powles fue vocal de la Junta Suprema de
Canarias en 1808, comisionado por el nuevo comandante general, Carlos D´Donell,
para sustituir a José Verdugo (sobrino del obispo Manuel Verdugo) como
gobernador de armas de Gran Canaria, pasando José Verdugo a desempeñar el mismo
empleo en la isla de Tenerife. Cuando llegó a Gran Canaria Juan Creagh,
siguiendo órdenes de O´Donell, procedió a la detención y traslado a Tenerife
del regente (el corregidor Aguirre) y del fiscal (Juan Megliorini) de la Real
Audiencia, que exigían una rápida y eficaz respuesta por parte de los
defensores del sistema político del Antiguo Régimen. Eso provocó que el Cabildo
Permanente de Canaria ordenase hacer registro de papeles en la habitación de
Creagh, donde aparecieron entre otros una carta de O´Donell para que procediese
a deterner y enviarle a Tenerife a los "Colosos de Rodas",
que eran el conde de la Vega Grande y Francisco Alonso Tuero, oídor decano
de la Real Audiencia, considerados las figuras principales que garantizaron el
éxito de la revuelta. Lo que dio lugar al arresto de Juan Creagh, así como de
aquelllos sin cuya intervención no se hubiera podido apresar y conducir a
Tenerife al regente y fiscal de la Real Audiencia. Haciéndolo extensivo al
arresto al capitán del regimiento de Guía Juan Jacques de Mesa, que se le llevó
al castillo de Santa Ana, sin otra acusación que la de haber hecho
manifiestaciones acerca de las personas que produjeron el motín de referencia,
procediendo igualmente contra los regidores Agustín de la Rocha y José de
Quintana Llarena".
Según José Luis Machado, en la
introducción de su libro Desenlace Patrimonial de la Casa Llarena
Calderón. Marqueses de Acialcázar y Torrehermosa. Continuación del fin de una
época en la testamentaría de doña Juana de Llarena Westerling, "los
conflictos en la sociedad agraria se debieron al aumento de la población ya en
los últimos decenios del siglo XVIII, con roturaciones clandestinas de tierras
realengas, fomentadas por rivalidades entre pueblos y caseríos, y que en
regímenes constitucionales se hacen más intensas, y sobre todo en el Trienio
Liberal y sexenio liberal, dando paso a revueltas y ocupación de tierras
concejiles y de particulares y que afectó sobremanera a terrenos baldíos, con
la consiguiente reducción de las áreas de pastoreo y la costumbre ancestral de
la utilización comunal del territorio."
Según se relata en el libro de José
Luis Machado Auge y Ocaso de la Casa Nava y Grimón "El
pleito de la Aldea de San Nicolás en Gran Canaria también fue afectado por este
auge del pleito insular. La hacienda de la Aldea, de una extensión de casi 22
millones de metros cuadrados y propiedad del VI marqués de Villanueva del Prado
Alonso de Nava-Grimón y Benítez de Lugo. Se había producido en 1807 la
reiniciación del pleito, que aún estaba sin resolver en la Real Audiencia de
Canarias pero, al producirse el 2 de mayo de 1808 las hostilidades del ejército
francés, hizo que se paralizara de nuevo el litigio pero llevó hasta la propia
Aldea el espíritu revolucionario del motín o sublevación de una clase social
contra otra. Aunque todo fue un pretexto porque de lo que en realidad se
trataba era del enfrentamiento entre la clase dirigente de Gran Canaria, más
conservadora, contra la ilustrada de Tenerife, que, al conocer los hechos
acaecidos en Madrid con la salida de la familia real para Francia a su exilio
de Bayona, constituyen la Junta Suprema de Canarias. Las élites sociales de Las
Palmas no se sientes representadas, y en oposición a la Junta Suprema convocan
un Cabildo Permanente en Gran Canaria que no reconoce la autoridad de la Junta.
Esta decisión la apoya la Real Audiencia, radicada en Las Palmas, que teme
perder poder. El Cabildo Permanente promueve un motín en Las Palmas, llamando a
los campesinos del interior a venir a la capital de la isla para organizarse
ante una posible invasión desde Tenerife. Se procede a destituir a las
autoridades civiles y militares que habían aceptado la autoridad de la Junta
Suprema. Naturalmente se centró la crítica en el odio hacia Alonso de Nava,
propietario de La Aldea, por lo que la sociedad mayoritaria de Gran Canaria
respaldó la causa de los aldeanos contra este prócer tinerfeño.
Retrato de Alonso de Nava-Grimón, VI marqués de Villanueva del Prado.
Así, con estos antecedentes, el
motín de la Aldea se llevó a efecto en la noche del 10 de septiembre, en que el
diputado Cabral, que llegó de la ciudad de Las Palmas con noticias frescas,
reunió a vecinos en la plaza, con soldados integrantes de las milicias
provinciales canarias, para llevar a cabo una asamblea que dio consignas para
ir contra las propiedades del marqués de Villanueva del Prado, planteándose
además que se repartiera el grano almacenado en sus silos y el reparto de sus
propiedades.
Foto de La Aldea de San Nicolás - Gran Canaria, donde
tuvo lugar el conocido Pleito de la Aldea, en estos años muy influido por el
pleito entre Tenerife y Gran Canaria.
Y sigue José Luis Machado explicando
que: Al Cabildo Permanente de Gran Canaria habían llegado diputados de
toda la isla, y de la Aldea de San Nicolás Juan Melo, que era miembro de la
familia de la hacienda de Tocodomán, y Cabral, cabecilla de los aldeanos. Fue
el Cabildo Permanente el que dictó, arrogándose que representaba a la Corona,
ante el vacío de poder de su ausencia, el cierre de los puertos de la isla y
especialmente el de la Aldea de San Nicolás, para evitar con ello que el
administrador del marqués Juan Pedro Domínguez enviara documentación a
Tenerife, como logró hacer a pesar de la prohibición. No solo aprovecharon los
instigadores de Las Palmas para levantar a los aldeanos, sino también se fue
contra otros propietarios, menos contra el Conde de la Vega Grande que movía los
hilos en Las Palmas en su propio beneficio. En esta atmósfera de violencia, el
administrador del marqués Alonso de Nava, Juan Pedro Domínguez, se va del
pueblo, y se instala en Guía, dejando a cargo de las propiedades y las cosechas
almacenadas al jornalero Antonio Almeida. Desde Guía pudo recibir información
de lo que sucedía en toda la isla y pudo enviársela al marqués.
En fin, el pleito en La Aldea continúa
adelante en esta fase de empleo de la fuerza y de ocupación de las tierras del
marqués, aprovechando el vacío de poder. La Real Audiencia no respondió ante
las protestas del administrador del marqués, recibiendo éste únicamente
silencio y evasivas de este tribunal. El marqués responde en un escrito del 22
de octubre solicitando la paralización de todas las acciones ante la Real
Audiencia, poniendo en duda la imparcialidad de la misma, presentándose ante la
opinión pública como víctima de sus enemigos políticos. Lo cual fue mal
recibido en Las Palmas y la Real Audiencia calificará esta actitud del marqués
como intempestiva y criminal. Finalmente, el 15 de noviembre de 1808 la Real
Audiencia dicta un decreto sobre el particular, en el mismo sentido que lo hará
más tarde con los amotinados de Guía y Moya, por el que provisiona un mandato
para que se vuelva a la normalidad, sin ningún pronunciamiento sobre los
amotinados, ni la reparación de todos los bienes a la situación anterior al
motín. Aunque advierte a los aldeanos de castigos en caso de reincidir.
Los aldeanos acataron esta
resolución, con la esperanza de continuar el pleito con el marqués por la vía
procedimental. Al contrario que los vecinos de Guía, Moya y Teror, que también
se habían amotinado introduciéndose en los baldíos de las zonas de Doramas y
que no obedecieron a la primera resolución judicial de la Real Audiencia y
fueron condenados el 3 de septiembre de 1810, y agravada la pena por desacato.
Y continúa José Luis Machado explicando
que: "El pleito se reanudará en 1809 por la vía procedimental de manera
que, a finales de 1813, pendiente de un nuevo dictamen del fiscal, los autos se
hallaban vistos para sentencia. Lo que sucedió en 1814 fue que Fernando VII
regresó a España quien, con el apoyo de la nobleza secular o conservadora, hace
el pronunciamiento de 4 de mayo, derogando el régimen constitucional instaurado
en su ausencia por las Cortes de Cádiz y restaura las instituciones del Antiguo
Régimen por medio de una represión contra los liberales. Así que la Sala de lo
Civil de la Real Audiencia falla con una sentencia definitiva que pone fin, sin
más alegatos, a un pleito que pendía desde hacía cerca de cuarenta años. La
sentencia recogía que los vecinos de la Aldea no habían probado debidamente su
demanda contra el marqués, con la obligación de que nunca más lo inquietaran".
Napoleón pasó de Burgos a Madrid en los primeros días
de diciembre de 1808 y la Capitulación de Madrid se firma el 4 de diciembre. El
tinerfeño Bernardo de Iriarte militaba ya decididamente en el bando
afrancesado, conservando su cargo de Consejero de Indias. También en ese
momento otro tinerfeño, el marqués de Bajamar Antonio Porlier, al no tener otra
opción, se muestra también afrancesado. Años más adelante, justificará que la
Capitulación legitimó técnica y jurídicamente sus actos realizados al servicio
de la nueva dinastía, del nuevo gobierno. Y así prestó el juramento de
fidelidad y obediencia al Rey José Bonaparte, como Gobernador del Consejo de
Indias y Consejero de Estado.
Estas adscripciones al otro bando no
pasaron desapercibida a los nacionales o patriotas y una Relación del mes de
enero de 1809, titulada "Lista de Sujetos que sirven a Josef",
incluye, como miembros del Consejo de Estado, a los tinerfeños Marqués de
Bajamar, a Estanislao de Lugo-Viña y Molina, a Bernardo Iriarte, a Vicente
González Arnao,... La condena de la Junta Suprema de Canarias llegó el 18 de
mayo de 1809 en un "Proyecto de decreto acerca de la declaración de
traidores a la patria..", que los incluye como traidores al Rey y a la
Patria.
En 1809, enterada la Junta de
Sevilla de la división interinsular en distintos gobiernos, envía delegados
para poner fin a estas disensiones y disuelve ambos organismos, el tinerfeño y
el grancanario.
Tanto la Junta Suprema lagunera como el
Cabildo Permanente de Las Palmas fueron disueltos en el primer semestre de
1809; el General Permanente por acuerdo propio de 22 de febrero; la Junta
Suprema por Real Orden de 6 de junio siguiente, que manda: "cesarán del
todo en sus funciones así la Junta de la Ciudad de La Laguna como el Cabildo
Permanente de Gran Canaria". Y dice León: "Ellas hicieron, es
indudable, importantes servicios a la patria, pero radicaron, quizá de un modo
indestructible, una división y un encono entre los habitantes de Gran Canaria y
Tenerife, particularmente, que con dificultad se alcanzará a ver nunca
extinguida".
El 5 de octubre de 1809 se celebró la elección del Diputado por Canarias que formaría parte de la Junta Suprema Central en Sevilla, resultando elegido Alonso de Nava-Grimón, a pesar de la protesta de los apoderados de Gran Canaria Lorenzo Montesdeoca y Pedro Gordillo, que argumentaban que era pariente (sobrino nieto) del afrancesado marqués de Bajamar Antonio Porlier.
LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812
El 1 de Enero de 1810, la Junta Central, antes de disolverse, crea una Regencia y convoca a elecciones a Cortes y se crea el primer decreto que dice así: "Los diputados que componen este congreso y que representa la nación española se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y extraordinarias y que reside en ellos la soberanía Nacional".
La Regencia del Reino consiguió convocar las Cortes Generales Extraordinarias en junio de 1810, comenzando oficialmente el parlamentarismo el 24 de septiembre en el teatro Cómico de la isla de León (actual ciudad de San Fernando), trasladándose las sesiones en febrero de 1811 al Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz. Se denominaron Cortes Generales Constituyentes Extraordinarias y serían clausuradas el 14 de septiembre de 1814.
En Tenerife, según indica Agustín Guimerá Peraza (tomándolo a su vez De Francisco María de León), la opinión pública se inclinaba al Marqués de Villanueva del Prado, pero éste había retornado poco satisfecho de su misión en la Central, colmado de disgustos y sinsabores, y, por decirlo así, retirado ya de la escena política; por lo tanto influyó en que no se le nombrase.
El primero de nuestros cuatro diputados en ser elegido fue Pedro José Gordillo y Ramos, por "Las Palmas de Gran Canaria, isla de Canaria", el 11 de octubre de 1810.
Le siguieron Santiago Key Muñoz y Fernando de Llarena y Franchi, elegidos el 9 de junio de 1811, representando respectivamente a las islas de Tenerife y La Palma.
A partir de la decadencia del Puerto de la Cruz de La Orotava, se trasladará la mayor parte de su tráfico marítimo a Santa Cruz de Tenerife. Será a partir de ahí cuando Santa Cruz de Tenerife comienza a destacar definitivamente en lo económico frente a La Laguna.
En junio de 1811 Gordillo propuso la rescisión a la Nación de los derechos y bienes enajanados, fundándose para ello en el "pacto social" preconizado por Rousseau, en la volontè generàle del ginebrino, que es donde radica la soberanía de la nación, en la inenajenabilidad e indivisibilidad del convenio mutuo, etc,..
Es curiosa la actitud del orotavense Graciliano Afonso, Doctoral del Obispado de Canarias en Las Palmas, siendo más liberal y más avanzado ideológicamente que Gordillo, cuando afirmó en abril de 1816, que "se manifiesta siempre el Republicano más acérrimo lleno de máximas del pacto social y otras de aquellos que quieren aniquilar hasta el nombre del Rey". Era ya más que evidente el visceral enfrentamiento entre el Cabildo Catedral de Las Palmas (intergrado en una buena parte por tinerfeños) y el Cura de Guia.
En 1812, se reúnen las Cortes de Cádiz para elaborar una nueva Constitución, conocida popularmente como “La Pepa” por haberse promulgado el día de San José (19 de marzo). Dicho cuerpo legal fue la primera constitución que tuvo España, aunque sólo se mantuvo vigente dos años. A su regreso en 1814, Fernando VII la derogará.
El ayuntamiento constitucional de Las Palmas exigió que la Proclamación de la Constitución se hiciera en la Iglesia del Sagrario, de la que era párroco titular Gordillo y, pese a la opiniónen contra de Graciliano Afonso, así se hizo el día 9 de agosto.
El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue jurada el 1 de agosto y se le dedicó la plaza que antes había sido Real y en ese momento se denominaba de la Pila (la actual plaza de Candelaria).
Y así, Francisco de León indica que "en medio de grandes rogocijos en que sobresalieron a porfía los pueblos, jurose la Constitución, reemplazáronse los Ayuntamientos y erigiose por primera vez una Diputación Provincial, que empezó sus trabajos en 1813".
Unos días después. el 23 de marzo de 1812, los tres diputados occidentales (Llarena, Ruiz de Padrón y Key) suscriben una Exposición de Ruiz de Padrón en la que piden, como parte de la Audiencia Territorial que tenía su sede en Las Palmas desde la Conquista, una Sala "que resida en Tenerife y entienda en los pleitos de dicha Isla, Lanzarote y Fuerteventura", con otras medidas privisionales, "interin se verifica en aquellas Islas la necesaria división de la provincia en dos".
Ruiz de Padrón fue uno de los diputados que consiguieron a nivel nacional la supresión el 14 de octubre de 1812 del voto de Santiago, que era un tributo a favor del Arzobispo y Cabildo de Santiago y de otras catedrales del Reino.
En un nuevo intento de erección de la Universidad de San Fernando en Tenerife, fue reclamada por los tres mismos diputados occidentales y, naturalmente, se opuso a ello Gordillo. Y se llegó al final de la etapa parlamentaria sin decisión, al haber pasado el expediente al Consejo de Regencia y haberse dilatado varias veces el asunto.
El 4 de enero de 1813 se promulgó el decreto de reducir los baldíos y otros terrenos comunes a dominio particular, como había apoyado Gordillo en su tercera proposición de 23 de abril de 1812. Según Rodríguez Casado, fue "una pequeña reforma agraria y pudo haber sido el comienzo del fin del angustioso problema social del campo español".
Los diputados Llarena, Ruiz de Padrón y Key piden, en sesión de 23 de marzo de 1812, y también el 6 de septiembre de 1813, que se divida en Obispado de Canarias, con sede en Las Palmas, mediante la erección de otro Obispado en Tenerife y sede en La Laguna.
En la sesión del 8 de septiembre de 1813, Llarena, Ruiz de Padrón y Key presentarán una Exposición solicitando la erección del Obispado con sede en Tenerife, para las cuatro islas occidentales, y "destinando la Ciudad de La Laguna, capital de Tenerife, para asiento o metrópoli de la nueva Silla", si bien demorando la división para cuando falleciera el Obispo Verdugo y Albiturría.
A ello se opuso Gordillo, aunque esta vez no frontalmente por tratarse del "interés provincial" (es decir, serviría para pedir a continuación la division política), pero no dejó de insinuar que "detrás de la proposición se escondiera una nueva ambición y una mayor adquisición para los derechos que perseguía La Laguna, porque le bastaba conocer sus pretensiones externas, y no olvidar que el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias, tenía en su mayoría hijos de aquella Isla [Tenerife]".
En España quedó clara la división de los españoles entre Liberales (partidarios de una monarquía constitucional) y absolutistas (partidarios de la monarquía del Antiguo Régimen). Esta división entre Liberales y absolutistas se mantendrá durante todo el S.XIX. Las Cortes de Cádiz dictaron normas que garantizaron la libertad de imprenta, la abolición del régimen señorial, la supresión de la inquisición y la prohibición de los gremios para garantizar la libertad comercial.
Al nacer la Provincia de Canarias con la constitución de 1812, surgió de inmediato el pleito por lograr la capitalidad, no sólo entre Tenerife y Gran Canaria, sino también entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
LA PUGNA POR LA CAPITALIDAD DE CANARIAS:
Canarias durante el siglo XIX se encuentra en la misma encrucijada que el resto del Estado, viviendo los vaivenes políticos que se dan en el Gobierno de España. Las viejas instituciones del Antiguo Régimen se resisten a los nuevos cambios que propone la burguesía. Y la burguesía emergente aún no tiene la fuerza suficiente para implantar su modelo económico, social y político.
Se pueden diferenciar dos fases en el pleito insular hasta la división provincial de 1927. La primera desde 1808 a 1839, año del final de la guerra carlista, en cuyos años la lucha es por obtener la capitalidad. La segunda, hasta 1927, en la que el objetivo es lograr la división del archipiélago en dos provincias.
Y volviendo al relato de M. Guimerá
Peraza en su libro Pleito Insular: "A fines de 1812, se
plantea en las Cortes de Cádiz la cuestión de la elección del pueblo donde
fijar la residencia de la nueva Diputación Provincial, lo que suponía tanto
como la fijación de la capital del Archipiélago. En realidad, se trataba de la
absorción de una Isla por otra, y aún mejor, de una ciudad por otra. Todavía no
está planteada la cuestión divisionista, aunque no falta alguna opinión aislada
como la de Juan Tabares de Róo (1764-1847), prócer lagunero, quien a mediados
de 1812 ya dice que se le ha ocurrido la idea de que el único medio de terminar
estas fastidiosas disputas sería dividir la Provincia en dos Gobiernos
Militares del todo independientes, con las actuales agrupaciones de Islas. En
un informe de 1813 ofrece partir la capitalidad, alternando dos años en esta
Isla y dos en la de Canaria" la residencia del Diputación.
Pero nada de esto llegó a cuajar. La
lucha, en ese período hasta 1839, es por la capitalidad, directamente.
La Comisión de Constitución de las Cortes el 12 de noviembre de 1812 de momento nombra la Junta de Tenerife sede del Gobierno al indicar que se nombrara la Junta Preparatoria "donde resida el Gobierno, haciendo la elección de diputados y y diputación provincial en el mismo lugar, y residiendo en él esta corporación". Tras varias sesiones y proposiciones, y pese al turno, extenso e indignado de Gordillo, Santa Cruz se alzó finalmente con la capitalidad. Gracias indudablemente al talento de Ruiz de Padrón; pero también a una maniobra realizada por el Comandante General de Canarias Pedro Rodríguez de la Buria. Como se analiza a continuación.
La Comisión de Constitución estimó el 12 de noviembre que debía nombrarse primero la Diputación, y luego ser ésta la que informase lo relativo al lugar donde debía fijar su residencia; para lo cual propuso que se nombrara la Junta preparatoria.
El debate comenzó el 14 de diciembre, en el que intervinien nuestros cuatro diputados. Gordillo, de entrada, conseguió que fuera reprobado el dictamen de la Comisión; tratando de conseguir la capitalidad para La Palmas; lo cual solicita claramente al siguiente día, pidiendo que el Jefe Político fije su residencia en Gran Canaria y proceda allí al nombramiento de diputados a Cortes y a la instalación de la Diputación Provincial.
Ruiz de Padrón propone que tal designación fuera, a lo sumo, "por ahora", hasta que oídos los Ayuntamientos de las Islas, informase la Diputación Provincial sobe el lugar fijo donde debería residir en adelante, dispensándose de salir de Tenerife al Intendente para asisitir a las sesiones de la Diputación hasta tanto. Apoyado por Llarena y Key - partidarios de La Laguna - y por otros amigos, consiguió que se desaprobase la proposición de Gordillo.
Éste logra al siguiente día 16 que "por ahora" se formalice la Diputación Provincial en Las Palmas, sin perjuicio del infome de los ayuntamientos. Se opusieron en vano Key y Ruiz y Padrón.
Pero en la sesión del día 18 se da cuenta de un escrito del Comandante General de Canarias, Jefe Superior de las Islas (1811-1820), Pedro Rodríguez de la Buria, en el que comunica haberse formado e instalado en Santa Cruz la Junta Preparatoria para las elecciones de diputados a las próximas Cortes Ordinarias el 5 el mismo mes de diciembre. En su visita, Key propuso suspender el comunicar a la Regencia la Resolución del día 16, antes reseñada.
Por último, el 21 de diciembre de 1812, Key presenta la misma proposición reformada; y pese al turno en contra, extenso e indignado, que consume Gordillo - molesto por la alusión de Key a la Providencia- consigue Key ver aprobada su propuesta. Así, Santa Cruz se alzó con la Capitalidad de Canarias, en lucha abierta con Las Palmas y encubierta con La Laguna
Desde La Laguna tampoco están satisfechos, y el marqués de Villanueva del Prado Alonso de Nava-Grimón envía dos escritos de 3 y 26 de marzo de 1813 contra las arbitrariedades de la junta preparatoria. Durante el período absolutista de 1814-1820 (Los "Seis Lastimosos Años") se produce una exposición del Ayuntamiento de La Laguna, con fecha entre 1816 y 1820, relativa a la capitalidad de Canarias. Denuncia que la fijación de la capital exclusiva se debe a las llamadas Cortes. Por lo que, dice, abolido felizmente aquel Gobierno, debe desecharse tal novedad. Sostiene que, en caso de fijarse capital omnímoda, La Laguna tiene tantos títulos como la ciudad que más, añadiéndose ser en el día la capital de un nuevo Obispado. Cree que La Laguna fue excluida por las notas de "servilismo" y "realismo" de que se le acusaba e influyeron en el ánimo de los supuestos legisladores. Sin embargo, en esa etapa las cosas continuaron igual y sin cambios en esta cuestión.
Alejandro Cionarescu en su prólogo al libro "José Murphy, su vida, su obra, susincógnitas", de Agustín Guimerá Peraza, dice: "El marqués de Villanueva del Prado había sido enemigo encarnizado de la capitalidad pretendida por Santa Cruz de Tenerife. Entre otros argumentos que esgrimía en 1813 para justificar su actitud, menciona en lugar destacado la circunstancia de estar formadas lo que hoy llamaríamos las élites santacruceras, exclusivamente de mercadores y, lo que era aún peor, de mercaderes extranjeros".
Volvamos a recordar la conocida exclamación de Alonso de Nava al ver perdida su lucha en pos de La Laguna,"¡Mire usted con lo que se sale ahora!", que era el canto de cisne premonitor del fracaso definitivo.
El 8 de diciembre de 1812 la Comisión de la Constitución presentó a las Cortes su dictamen sobre los Tribunales de la Fe, declarando incompatible el Santo Oficio de la Inquisición con el nuevo régimen constitucional. Hubo debate, con diputados a favor y otros en contra. Gordillo y Llarena votaron a favor, y Key lo hizo en contra. Pero ninguno de los tres intervino en el debate. La intervención de Ruiz de Padrón fue decisiva para que se aboliera finalmente el Santo Oficio de la Inquisición (por 90 votos contra 70). En la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz hay una lápida en la fachada lateral que reza:"Ruiz de Padrón. Abolición de la Inquisición".
Las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz fueron disueltas en septiembre de 1813, siguiéndoles las Cortes Ordinarias, primero también en la Iglesia de San Felipe Neri de Cádiz y a partir de enero de 1814 ya en Madrid.
En 1814 se da por terminada
la Guerra de Independencia, después de 6 años de lucha irregular, con el apoyo
de Inglaterra contra su enemigo Napoleón, también en España, y con las colonias
americanas aprovechando la guerra y el vacío de poder para ir independizándose
una tras otra.
Continúa explicando José Luis
Machado: "Ya desde la vuelta de Fernando VII y la restauración del
absolutismo, que había producido un
rodamiento de las posesiones americanas al autogobierno [sucesivas
independencias], unido a los nuevos tiempos instaurados en el pensamiento por
las revoluciones americana y francesa, sin duda consecuencia de la Ilustración
y la mecanización que produjo la Revolución Industrial, asentaron un golpe de
gracia al comercio marítimo, con una península arruinada por la invasión
napoleónica y la falta de productos para comercial con América, al hacerlo los
ingleses directamente, sin contar con las casas comerciales isleñas para la
utilización de las ya asentadas redes canarias en Norte América, con base en
Filadelfia, en el Caribe - Cuba, Veracruz, Campeche y La Guaira - y Río de la
Plata con los puertos de Buenos Aires, Montevideo y la conexión Océano Pacífico
con Valparaíso.
Durante la guerra, Canarias envió
algunos batallones para la lucha contra el invasor francés, al mismo
tiempo que un fuerte contingente de prisioneros franceses son instalados
en las islas (prisioneros de la batalla de Bailén). Se calcula que unos
2.000 soldados franceses fueron enviados como prisioneros a las islas.
En 1814 se ofrece a estos franceses
regresar a su tierra. Muchos se quedaron en Canarias y otros, que
optaron por volver a Francia, regresaron posteriormente por miedo a ser
reclutados de nuevo. En esa época comenzaron a celebrarse matrimonios
entre los soldados franceses y mujeres Canarias, estableciéndose en las
islas numerosos apellidos derivados del francés (por ejemplo las familias Beautell, Bartlett, Schwartz, Maffiote, Croissier, Dionis, Duchemin, Fernaud, Garnier, Maturier, Pomerol o Pombrol, ... ).
Tras la derrota definitiva de Napoleón, Fernando VII “el deseado” vuelve a España e impone un gobierno absolutista, declara nula la Constitución de Cádiz para descontento de los Liberales.
Por el camino, la América española fue independizándose
y surgiendo los actuales países latinoamericanos. La Constitución de Cádiz
había hecho un último esfuerzo por solucionar conflictos con los dirigentes de
la América española pero, al declararse el gobierno absolutista, cayeron en
saco corto. Inglaterra también ayudó en todo lo que pudo y financió a estos
movimientos independentistas. Pesaron además factores como la persistencia del
catolicismo dogmático de la Inquisición, bastante enfrentado a una más que
activa masonería. Aunque la causa principal de la independencia fue la actitud
de los criollos frente a los peninsulares o metropolitanos, en su inevitable
aspiración de mandar en la tierra en la que habían nacido. Un tema aún
pendiente de investigar más en profundidad es el empobrecimiento de casi todos
los nuevos países por las largas guerras civiles que, en general, siguieron a
la emancipación. Según el historiador Francisco Mahuenda: "Lo que se llamó
Independencia de América fue realmente el asalto al poder de aristócratas y
burgueses, como Bolívar, San Martín o Iturbide, entre otros muchos, que
traicionaron a su patria [España] para abrir una nueva etapa de caudillismo y
corrupción que tan letal sería para las nuevas naciones".
La restauración del absolutismo
devuelve a las Islas a su antiguo Estado político. Los políticos Liberales
son detenidos, se prohibió la prensa libre, y desaparecen las diputaciones
y ayuntamientos creados al amparo de la Constitución de 1812 y se cerraron
las Universidades.
También se restableció la
organización gremial, se reinstauró la Inquisición y el Régimen Señorial,
se devolvieron las propiedades confiscadas a los nobles y la Iglesia.
Fernando VII estaría 10 años más en
el poder en los que vería desaparecer casi por completo el Imperio español
de ultramar y en los que se esforzaría al máximo por reprimir todo intento de
introducir las teorías Liberales en España.
En estos años Tenerife recibe del
rey un trato de favor, sin duda por la influencia que en él ejercía su
confesor, el tinerfeño Bencomo. Así, por medio de una Real Cédula de 1816,
se fundó, en La Laguna, la Universidad de San Fernando. Ésta estuvo
compuesta por doce cátedras, desempeñadas por isleños eruditos). En 1819 se
crea el Obispado de Tenerife. Hasta ese momento sólo existía el Obispado
Canariense, con sede en Las Palmas.
En 1823 se crea la provincia de
canaria, con capital en Santa Cruz de Tenerife. La capitalidad en Santa Cruz
se justifica por ser la residencia del Capitán General desde hace tiempo y
por tener el puerto más activo en el tráfico americano. Además, Santa Cruz
superaba ya a La Laguna en población y actividad comercial.
El retorno al absolutismo de
Fernando VII hizo que proliferasen también en Canarias las sociedades
masónicas: reuniones clandestinas de importantes e influyentes personajes
públicos de estilo Liberal, bajo el ideal de libertad, igualdad y
fraternidad.
Por otro lado, a lo largo del siglo XIX
la población en su gran mayoría era analfabeta y de forma periódica era
golpeada por epidemias de fiebre amarilla y cólera que causaban gran mortandad
en todas las islas. Al panorama sombrío que presenta el siglo XIX en
Canarias hubo que sumar las incidencias climáticas, desde huracanes, sequias
severas o plagas de langosta. La emigración fue muchas veces la única
solución posible de supervivencia para muchos canarios.
En 1819 se crea el Obispado
Nivariense, para las islas de Tenerife, Gomera, Palma y Hierro; que segrega
del antiguo de Canaria. Se establece su catedral en la antigua parroquia de los
Remedios en La Laguna.
Restaurada la Constitución de Cádiz en
1820, el ayuntamiento de Santa Cruz se dirige al Jefe Político de Canarias con
un escrito en que lucha por mantener la capitalidad de hecho en Santa Cruz. El
ayuntamiento se enfrenta con La Laguna, que pretende que el Jefe Político
preste su juramento en ella. Destaca el liberalismo acreditado de Santa Cruz y
dice que el Rey, en la etapa absolutista, "no ha alterado estos derechos a
pesar del encaminado empeño de La Laguna por deprimirla acusándola de
constitucional"; que nada ha obtenido La Laguna de 1814 para acá, que
mejore sus derechos, a pasar de la omnipotencia respecto a estas islas de su
decidido y parcial protector señor Bencomo, confesor que fue del Rey.
Finalmente prestó juramento en Santa Cruz y en esta ocasión no se pasó de ahí.
Así, una Exposición de La
Laguna en septiembre de 1820 da por sentado que la capital debe estar en
Tenerife y sugiere que sea compartida entre Santa Cruz y La Laguna,
desplazándose las autoridades de una a otra según la estación del año u otras
circunstancias. José Luis Machado la transcribe e incluye en su libro
"Familia Tabares de Tenerife", en la parte que expone la biografía de
Rafael Tabares y Franco de Castilla (hijo de Juan Tabares de Róo), que firma el
escrito como secretario, y cuyo resumen de algunos extractos es el siguiente:
EL DERECHO
DE CAPITALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA EN 1820
«En una
provincia dividida por el mar en siete partes que se llaman islas, o en siete
porciones distantes y que ocupan una extensión de cosa de trecientas millas,
antes de tomar en consideración la importancia, las ventajas o los privilegios
de cada pueblo en particular para decidir cuál de ellos merece por sus
circunstancias el ser la capital y la residencia de las primeras autoridades,
es menester resolver como punto previo e indispensable, el cuál de éstas mismas
islas debe situarse semejante establecimiento;(..) las preferencias de Tenerife para
establecer en ella la capital de las Canarias queda desde luego demostrada.
Esta Isla ocupa el centro de la Provincia, teniendo casi alrededor las demás
islas, de modo que tres le quedan por una parte y tres por otra, como puede
verse en el mapa; pero a esta circunstancia ya sumamente poderosa si no enteramente
decisiva, añaden otras que acaban de quitar toda duda, Tenerife es la
más poblada sin comparación de las Canarias y si poseyendo en su seno
las principales autoridades comunes (...) Tenerife es además la isla
más productiva, más comerciante y más rica, en una proporción más alta todavía
que la que relativamente a las otras islas se puede sacar de la comparación de
sus población respectiva, y por consiguiente en ella abundan más que en ninguna
otra y acaso más que en todas juntas, los contratos y los negocios de toda
especie, (...) que siendo notoriamente Tenerife el mercado de todas
las Canarias por su mayor consumo, y porque la mayor parte de su territorio
está dedicado al lujoso cultivo de las viñas que es casi el único comercio
activo de la Provincia, y el que trae a ella el dinero que aquí se reparte así
a las demás islas, (...) Así, aun cuando la ciudad de Canaria,
que es la única que con alguna especie de derecho puede disputar a Tenerife la
preferencia, tuviese, que no tiene, un diploma que declarase a su favor la
capitalidad, sus razones, o más bien sus privilegios habrían de ceder a esta
demostración, cuando se trata de la conveniencia pública. (...) la capital
de la provincia debe estar en Tenerife, parece que no cabe disputa acerca del
pueblo a que toca esta prerrogativa, pues la ciudad de La Laguna ha sido
siempre la capital de esta isla, reconocida como tal por todos sus
habitantes sin excepción ni interrupción, denominada así por todas las
autoridades y las reales cédulas desde los tiempos más inmediatos a la
conquista hasta la que acaba de llegar por el último correo para que
el Juez de primera instancia de este partido haga ante su Ayuntamiento
Constitucional el juramento necesario para entrar al goce de los honores de
oidor de la Audiencia Territorial, (...) por ejemplo la orden de 4 de mayo de
1786, para que en toda la Provincia se exigiese un seminario de nobles, y que
señala para asiento del de Canarias a la ciudad de La Laguna, capital de la
isla de Tenerife. (...) Aquí es también donde hasta ahora había
residido siempre el corregidor que lo era no solo de esta isla sino de La
Palma, y a las ventajas de clima de salubridad de territorio y de población,
así en lo material como en lo formal que concurren en este pueblo para ser una
digna capital se añade de poco tiempo acá la muy notable de tener en su seno la
Universidad situada de las Canarias y una catedral que siéndolo de una diócesis
comprensiva no solo de esta isla sino de las otras tres, le atribuyen también
la capitalidad, o sea, sobre la mayor parte de la siete que componen la
Provincia. (...) Hay aun cuando así lo fuese y se quisiese convenir
por un instante, aún contra la evidencia, que Santa Cruz es más
pudiente en efecto que La Laguna, y conceden así a sus habitantes la sola
superioridad en que fundan su mérito y sus pretensiones, aunque cedan
gustosos el concepto de mayores contribuyentes; bien sabe el Gobierno la
diferencia que con respecto a la Administración debe hacer entre la riqueza
territorial y la comercial e industrial, no solo por la mayor consistencia de
la primera y su evidencia o la mayor dificultad de su ocultación, sino además,
por el influjo que en orden a los intereses comunes tienen sus respectivos
poseedores en la opinión local, (...) Otra de las razones
empleadas en favor de La Laguna es la salubridad de su clima, y aunque aquí no
hay para que hacer demostración de su bondad absoluta, que es notoria y acreditada
constantemente por la experiencia, conviene solo el indicar sus
ventajas relativamente al pueblo de Santa Cruz, en donde ya por dos veces ha
hecho terribles estragos la fiebre amarilla, a que siempre se halla muy
expuesto, no solo a causa de su comunicación más directa con los países en que
reina este azote del género humano, sino también por su temperamento, (...) Únicamente
pudiera pues favorecer a Santa Cruz, porque no es nuestro ánimo el disimular
ningún derecho, la orden expedida por las Cortes Generales y
extraordinarias en trece de octubre de mil ochocientos doce, declarando que el
pueblo donde residan las autoridades de la Provincia sea considerado como su
capital. (...) En Santa Cruz reside casi de un siglo a esta
parte el Comandante General de Canarias que antes tenía su asiento en esta
ciudad de La Laguna y que se transfirió voluntariamente a aquel pueblo
inmediato bien por ser una plaza de armas o bien por ser una plaza de comercio
(...) en Santa Cruz no hay Juez de Letras, sino Alcaldes constitucionales,
además de estar aquí también el Gobierno eclesiástico de la nueva Diócesis y la
Universidad de las Canarias, no se puede decir que en Santa Cruz se hallan las
autoridades de la Provincia, ni aplicarse por consiguiente a aquella población
lo impuesto en la orden citada de las Cortes, (...) Es verdad
que el Jefe Político ha establecido también en Santa Cruz interinamente su
residencia, pero contra esto se ha reclamado desde luego, porque la orden
de su nombramiento le imponía expresamente la obligación de hacer el juramento
en la capital de la Provincia (...) con aquel precepto superior que quedó
enteramente desairado con haber evacuado aquel acto ante el Ayuntamiento de
Santa Cruz, que no es capital de Provincia ni de la isla, ni aun hasta
ahora siquiera de partido, sino una villa exenta en sí y sobre sí, son el menor
derecho a semejante preferencia ni apariencia para una interpretación. (...) Tenerife
ha de continuar siendo, como por fuerza lo ha sido, la residencia del Jefe
Superior Político de la Provincia a causa de su situación central, de su mayor
riqueza, de su muy numerosa población y de otras circunstancias que
notoriamente la distinguen entre las Canarias, el derecho preferente de la
ciudad de La Laguna como capital de esta isla es indisputable porque no ha sido
nunca disputada y también por que goza de las ventajas de los pueblos
inmediatos al mar, sin los inconvenientes de los que están situados a su
orilla, por la salubridad reconocida de su clima, por la importancia de sus
establecimientos, y aun por la calidad de sus habitantes que como
propietarios [terratenientes frente a comerciantes e industriales de Santa Cruz] en
la mayor parte son los más interesados en el bien común y los que tienen más
tiempo y aptitud para promoverla. (...) en la Provincia para
las mismas causas se ha establecido dos Diócesis, se establecieran también dos
gobiernos políticos cuyos Jefes respectivos residiesen uno en la capital de
Canaria y otro en la de Tenerife. (...) ¿Pero de qué modo se aquietaría
también a Santa Cruz que no tiene los mismos derechos ni las mismas
proporciones? Santa Cruz puede muy bien decirse que no forma sino un
solo pueblo con el de la ciudad de La Laguna, y a ambos los reúne efectivamente
no tanto la proximidad, pues no intermedia más de una legua de uno a otro,
cuando la diferencia o más bien el contraste de sus climas respectivos
contraste quizá único en tan pequeña distancia y que llama la atención de los
forasteros y del cual solo pueden dar razón la diferencia de alturas dentro de una
isla en que en escala menor se encuentran todas las temperaturas. Por
eso casi todas las familias acomodadas de Santa Cruz se trasladaron a La Laguna
a pasar el verano, y muchas de La Laguna bajan a Santa Cruz durante la estación
del invierno. Qué dificultad pues había en que esta mudanza periódica de
domicilio que los particulares ejecutan por su comodidad o su salud se
verificase también en la Administración pública, ya que condescendiéndose a
Santa Cruz una gracia de con capitalidad se permitiese al Jefe Político y a la
Diputación Provincial que usase de las mismas alternativas en su residencia,
según lo aconsejase el tiempo y las circunstancias. (...) Por lo menos mis
indicaciones servirán para manifestar que cuando la ciudad de La Laguna
reclama con tanta justicia, con tantos fundamentos y tantas proporciones el no
ser despojada arbitrariamente de la capitalidad de Tenerife,
(...) Ciudad de La Laguna y septiembre 6 de 1820. Señor Bartolomé Agustín
González de Mesa. El conde del Valle de Salazar. Luis Florencio Román. Por
acuerdo del muy ilustre alcalde constitucional José Albertos».
El diputado a Cortes por
Canarias José Cabeza y Mora, en sesión del 8 de octubre de 1821, propone que
"el territorio de Canarias se divida para el régimen político y económico
en dos provincias iguales e independientes, siendo las capitales las ciudades
donde residen los dos Obispados". Pero no se admite a discusión y esta
petición aún no aúna suficientes voluntades.
Sigue la pugna por replantear la capitalidad de Santa Cruz, hasta que finalmente el Real Decreto de 27 de enero de 1822 aprueba la división provincial de España, con carácter de provisional, en 52 provincias; y entre ellas, Canarias (Islas) con su capital en Santa Cruz de Tenerife. Como dice el propio León, esto supuso para Santa Cruz "rango que ningún otro pueblo de las Islas había tenido".
Otro Real Decreto del mismo día declaró
a Santa Cruz capital del 13º distrito militar, que se componía de todas las
islas, también con carácter provisional, de los 31 distritos en que se dividió
la nación.
Ni La Laguna ni Las Palmas quedaron
satisfechas con la resolución de las Cortes y del Gobierno. En febrero de 1822
el Ayuntamiento de La Laguna realiza una Representación por la mano de Persiva,
Rafael Tabares y Franco de Castilla y Ventura Salazar y Porlier, además del
secretario Albertos. Tal Representación es atribuida comúnmente al regidor
Tabares. Dice que, si se hubiera fallado el pleito a favor de Las Palmas,
"no se hubiera hecho en ello más que atender a las distinguidas cualidades
de aquel pueblo respecto de Santa Cruz" y pide se declare capital a La
Laguna.
Tras varias Representaciones adicionales
de todas las partes, el expediente pasó de nuevo al Gobierno, con el dictamen
de la Comisión de 3 de agosto de 1823. No hubo lugar a deliberar: las Cortes
extraordinarias, convocadas para el 6 de septiembre, no plantearon debate sobre
el tema, y las Cortes ordinarias, previstas para 1824, no llegaron a existir.
La reacción absolutista empezó con la liberación del Rey en 1º de octubre; ya
no habría Cortes hasta las del Estatuto Real, en 1834.
En octubre de 1822 hay un curioso acuerdo plenario del ayuntamiento de La Laguna, comunicado al de Santa Cruz de Tenerife, y que firmaba en primer lugar su alcalde, Tomás de Nava-Grimón y Pérez de Barradas (en vida de su padre Alonso de Nava-Grimón, aunque ya anciano, que tanto luchó por los derechos de su ciudad natal frente al protagonismo emergente de Santa Cruz), seguido de José González de Mesa y Lercaro y Diego Hernández Crespo, del que daba fe el secretario municipal José Albertos, en el que se expresaban los deseos de unión y concordia por parte de aquel ayuntamiento. Se decía que: "(...) las importantes y trascendentales utilidades que de una unión sincera, franca y fraternal se seguirán no solamente a los dos mismos pueblos que casi deben confundirse en uno solo y mirar como propios y comunes a ambos las ventajas y establecimientos de cada uno, sino también a toda la Provincia en general (...) de manera que en obsequio de tan interesantes objetos, aun cuando en los respectivos vecindarios o en algunas almas apocadas, se hubiesen anidado pasajeramente algunos de aquellos celos, que son tan frecuentes entre los pueblos limítrofes, y que no tiene otro apoyo que la misma proximidad, estas frívolas preocupaciones, que de ningún modo autoriza la razón, se deberían sacrificar ahora en aras del Patriotismo (...)" imponiéndose sobre "las ruinas de las distinciones locales, del vil egoísmo y de los intereses exclusivos".
Aun así, el 11 de junio de 1824, en la
Audiencia de Canarias se abre un interesantísimo Expediente, ordenado por el
Real y Supremo Consejo de Castilla, para que se oyera a Santa Cruz, a Las
Palmas y al Fiscal, sobre la Representación presentada al Rey por el
Ayuntamiento de La Laguna, en la que solicita ser nombrada capital de la
provincia. Cuyo expediente y su extracto se conservan en la biblioteca del
Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Santa Cruz había dirigido su
Exposición el 10 de septiembre de 1824, con referencia a la capitalidad de
hecho por "más de un siglo". A su vez, el ayuntamiento de Las Palmas
presentó el 11 de diciembre de ese mismo año otra Exposición documentada,
pidiendo para sí la capitalidad. El Fiscal, José Antonio Navarrete, que informa
el 9 de junio de 1825, se declara partidario de Las Palmas. Joaquín Blanco dice
que la Audiencia dio un parecer favorable a Las Palmas en 1829, pero que la
Corte, en vista del calor de la disputa, no practicó novedad alguna.
Así quedo todo por entonces. Sólo más
tarde se dicta, por el Gobierno "de despotismo ilustrado" el Real
Decreto de 30 de noviembre de 1833, que divide España en 49 provincias, se
forma con Canarias sólo una y se mantiene la capital en Santa Cruz de Tenerife.
En 1833 un nuevo decreto volvía a declarar a Santa Cruz como capital de la provincia. A partir de este momento, Gran Canaria opta por la división provincial y abandona sus sueños por la capitalidad única.
EL REINADO DE ISABEL II
La muerte prematura del rey
Fernando VII (1833) deja a una niña de tres años, la futura Isabel II y su
madre la Regente María Cristina. María Cristina se ve obligada en apoyarse en
los Liberales para gobernar y mantener los derechos de su hija al trono frente
al otro pretendiente al trono, Carlos V, el hermano de Carlos IV, absolutista y
antiliberal. Así, los partidos Liberales llegan al gobierno durante la regencia
de María Cristina.
Enfrente, el pretendiente Carlos emprende
las llamadas Guerras Carlistas que supondrán el enfrentamiento también en el
campo de batalla de Liberales frente a Absolutistas.
La implantación del Estado Liberal
en España se desarrolla paralelamente al desarrollo de la guerra.
El reinado de Isabel II fue un
periodo turbio, lleno de vaivenes políticos. La reina se apoya en los Liberales
más moderados mientras los Liberales más progresistas son marginados
sistemáticamente del gobierno. Los Liberales progresistas llevaran a cabo la
Revolución Gloriosa de 1868 que termina con Isabel II fuera del trono.
Durante el reinado de Isabel II,
en las Islas, se asiste a una lucha más enconada entre Tenerife y Gran Canaria.
Siguiendo siempre en el terreno
de lo político el relato del magnífico libro de Marcos Guimerá Peraza continúa
dicho libro explicando que: Existe una última fase de la lucha por la
capitalidad entre 1834 y 1839, para pasar luego a otra fase donde lo que se
perseguirá es la división provincial. Tras varias representaciones, y
promulgada la Constitución de 1837, de carácter progresista, el Ayuntamiento de
Santa Cruz presenta una Memoria el 30 de noviembre de 1837, para fijar
definitivamente la capital en ella. En las dos elecciones de 1839 para
diputados a Cortes, la primera en abril que triunfó el partido de Canaria y la
segunda en octubre que lo hizo el de Tenerife, Las Palmas exigió para ponerse
de acuerdo en la división del número de diputados, "como precisa
circunstancia, que se aceptase el plan de división de la Provincia. Desde aquí
esta idea se ha ido de más en más arraigando, y ella es la piedra de toque por
que deberán pasar hasta los negocios más insignificantes".
Es decir, la idea divisionista,
como sucesora de la capitalidad, es entonces, en 1839, cuando aparece ya de una
manera clara, que habría de ser duradera. La pugna persiste, pero con otra
forma: la división de la provincia en dos.
LA DIVISIÓN DE LA PROVINCIA (1840-1873):
Siguiendo de nuevo con el relato de
Guimerá Peraza en su libro "El Pleito Insular": A
partir de 1840 la aspiración por la capitalidad cede paso a otra, la exigencia
por parte de Las Palmas de que se divida en dos la provincia de Canarias. Esta
nueva etapa comprende el período hasta el compromiso de 1873, con la abortada
constitución de la I República española.
Tras ofrecer doña María Cristina la
presidencia a Espartero el 11 de septiembre de 1840, en octubre la Reina Madre
renuncia a la Gerencia y el 11 de octubre se disuelven las Cortes.
Inmediatamente llegamos a "la rebelión de las provincias" y es cuando
aparecen los "caciques", esos personajes tan característicos de la
vida provinciana española, a favor de los disturbios que desgarran el país.(...).
En ese ambiente Las Palmas constituye su Junta Suprema Gobernativa el 23 de
octubre de 1840; y Santa Cruz la suya el 29 del mismo mes. Ambas con exigencias
radicales y en abierta oposición la una con la otra. La de Las Palmas,
controlada por la aristocracia local, se muestra ya partidaria de la división
de la provincia, aunque alberga dudas si ello supone la división de la
Audiencia. También se establece otra en la isla de La Palma, pero se ordena que
se disuelva rápidamente. En sesión del 2 de diciembre se acuerda que la Junta
de La Palma "continúe como auxiliar de la de Tenerife, hasta que se
reciban órdenes del Gobierno sobre la materia.
En sesión de 1 de noviembre de la
Junta de Santa Cruz se acuerda la disolución de la Diputación Provincial.
"No pasó de 34 días la vida de la
Junta de Tenerife, ni de muy pocas más la de Canaria...". En 14 de octubre
de 1840 se expidió el Real Decreto disolviendo las juntas y dejándolas sólo
(...) con un carácter consultivo, y que duraron poco a pesar de eso, pues
llevaron el golpe de gracia en enero de 1841.
La Junta de Santa Cruz, la única
reconocida por el Gobierno, es disuelta por el Real Decreto de 25 de noviembre
de 1840. He aquí, pues, la primera división del Archipiélago Canario en
dos provincias, aunque siquiera tan efímera como para durar pocos días.
Poco después de la disolución de las
Juntas Gubernativas, en 31 de diciembre de 1840, en Las Palmas se presenta una
Exposición a la Regencia Provincial del Reino en la que se pide la división de
la provincia en dos. Fue la primera petición oficial - aparte de los
precedentes extraoficiales recordados antes - de la división en dos provincias
del Archipiélago Canario. A partir de entonces, la capitalidad pasa a
segundo puesto; la división es lo que prima.
En una memoria de comienzos de 1841 e impresa en Las Palmas el 9 de
octubre de ese año, un folleto de 35 páginas de Ruiz de Bustamante, tiene por
título en su sección primera: "La Gran Canaria ha sido la capital de
las siete Islas de su nombre: y la más conveniente, la más central, y debe ser
reintegrada en ese derecho honorífico". En su sección segunda se
titula: "O deben ser divididas aquellas Islas en dos provincias,
independientes entre sí, conservando a la ciudad de Las Palmas en la categoría
de más antigua capital".
Esta iniciativa no prosperó. Según
el Coronel Quintana, a pesar de haber visto el Gobierno con agrado la idea, las revueltas de aquellos tiempos, que hacían tan insegura la permanencia
de los hombres en el Gobierno, la entorpecieron, quedando pendiente de la
resolución definitiva. Una Real Orden de 9 de enero de 1841 indica que las
cosas han de dejarse en la forma que las había encontrado la revolución.
En julio de 1841 se presenta a
las Cortes un proyecto de ley, firmado por Luis González Brabo,
Juan Bautista Alonso y Francisco Luján, por el que se divide en dos
provincias la de Canarias, con capitales en Las Palmas y Santa Cruz,
residiendo el Comandante General en Santa Cruz y la Audiencia en Las Palmas,
con dos Diputaciones Provinciales y dos Jefes Políticos (...). Un calco de la
exposición de o memoria de Bustamante, pero no llegó a discutirse en
las Cortes.
Ese mismo año de 1841, Graciliano
Alonso (1775-1861), exdiputado liberal del trienio, que hacía tres
años había regresado de su exilio de tres lustros por tierras americanas,
produce un informe como Doctoral de la Catedral de Las Palmas, en el que entiende
que una oportuna división civil como la hay ya eclesiástica calmaría toda la
animosidad de odios provinciales, tan cruel y funesta como el odio y
la discordia fraternos.
En julio de 1842 el lagunero y diputado
a Cortes Manuel de Ossuna y Saviñón (que había sido director del Botánico de
1835 a 1838) propone la división y pone la capital de la provincia de
Tenerife en La Laguna.
Por su parte Pedro Mariano
Ramírez y Atenza, también diputado a Cortes por Santa Cruz, se opone a la
división y comenta en agosto que Ossuna trataba de contentar a todos: a Santa
Cruz con el Puerto Franco; a las Palmas con la división; y a La Laguna con la
capitalidad.
A Ramírez le contestan también en agosto
desde Las Palmas Blas Doreste y Antonio Roig, y acusan a Ramírez de
haber sido quien les hablara por primera vez de la conveniencia de la
división en dos provincias y de ahora oponerse a ella.
Ese mismo mes se pronuncia desde Santa
Cruz Julián Feo de Montesdeoca, en un escrito en el que se
declara partidario de la unidad provincial, con capitalidad en Santa
Cruz de Tenerife.
En
septiembre, desde Las Palmas, tercian en el debate Antonio López Botas
y Juan E. Doreste, arremetiendo contra Feo, y se declaran partidarios del
plan de división que han sometido a la deliberación de las Cortes.
En octubre, desde Las Palmas, Sebastián
Díaz, escribano de la Cámara de la Audiencia, también interviene afirmando
que: "en el estado actual de las cosas, se divida la Provincia, de
la misma manera que lo está en los eclesiástico desde hace ya 24 años (...).
Es absolutamente necesario para extinguir las rivalidades que tienen lastimosamente
entorpecida la prosperidad común".
La situación nacional había llegado al
límite y en julio de 1843 se produce el levantamiento contra Espartero, que
tiene que exiliarse y salir de España. El levantamiento lo fue de moderados y
progresistas, a la vez. Se forma un gobierno provisional y surgen por toda
España juntas gubernativas. Así sucede también en Canarias donde, al igual que
en 1840, Gran Canaria actúa inmediatamente, con deseos de emanciparse de la
capital de Santa Cruz, que considera como su enemiga implacable, forma su
Junta, independiente de Tenerife, el 26 de julio. Se suceden las revueltas
populares los días 23 y 24 de julio en la ciudad de Las Palmas.
La Junta de Gran Canaria la
compusieron: el coronel José Quintana Llarena, presidente; el Conde de la
Vega Grande, vice-presidente; Antonio Jacinto Falcón, Manuel Lugo; Antonio
Roig; Sebastián Díaz; Domingo Navarro; Rafael Rancel; Antonio López Botas; y
Juan E. Doreste, secretario.
En Tenerife se convocaron varias Juntas
de Autoridades, para resolver las revueltas de Gran Canaria. La primera en La
Laguna, donde residían los hombres más influyentes del partido moderado, bajo
la presidencia del general Carbó. Y en Santa Cruz bajo el Jefe Político Pedro
M. Ramírez.
Constituida la Junta de la Laguna en la
madrugada del 31 de julio, esa misma mañana en Santa Cruz Ramírez renuncia a su
Jefatura Política y se retira "a la vida privada"; se reúne el ayuntamiento
y se crea otra Junta, con el fin de velar por "la paz y el sosiego
público", eligiendo miembros de la Junta de La Laguna y otros de la de
Canaria. Pero fracasó en su empeño conciliador pues el propio general Carbó se
negó a jurar el cargo de presidente de la Junta de Santa Cruz, manifestando que
sólo reconocía la de La Laguna. No hubo acuerdo y Carbó renunció a su mando en
la madrugada del 2 de agosto, eligiéndose nuevo capitán general al brigadier
Fausto del Hoyo.
Por tanto, en ese año de 1843 en
Canarias no fueron dos, sino tres, las Juntas importantes; Las Palmas, La
Laguna y Santa Cruz. Y entre ellas pugnaron singularmente La Laguna y Santa
Cruz.
Por Real Orden de 11 de agosto se
dejaba en clase de consultivas las juntas que la revolución había creado,
ordenándose que subsistiese sólo la Junta que primero se hubiera creado, la
de Las Palmas, pero trasladándose a Santa Cruz. Pero antes de su
traslación se nombraron nuevas autoridades nombradas por el Gobierno, tanto en
lo militar como en lo económico.
El 8 de noviembre de 1843 se declara la
mayoría de edad de Isabel II, a quien sólo faltaban unos meses para poder
reinar. El 20 de ese mes forma el primer Gobierno de su reinado Salustiano
Olózaga, llamado de "unión nacional", de centro izquierda. Pero el 1
de diciembre suben al poder los moderados, de centro derecha, presididos por
Luis González Brabo, al que sucedería Ramón Narváez en mayo de 1844. Los
moderados se mantendrán en el poder desde 1843 a 1868, con la única
interrupción del bienio progresista de 1854 a 1856.
Para algunos, es en este año de
1843 cuando la rivalidad insular alcanza su máximo apogeo.
En mayo de 1844 Francisco
María de León, diputado por La Orotava y vicepresidente desde marzo de la
Diputación Provincial, presenta una proposición en la que mantiene la
capitalidad del Archipiélago en la Isla de Tenerife y en su villa de Santa
Cruz; y se cree un partido judicial en las islas de Fuerteventura, La Gomera y
El Hierro. La respuesta de Las Palmas viene de la mano de Esteban Manrique de
Lara, en la que entiende que debe ser la capital la ciudad de Las Palmas, pero
la Corporación no le admitió dicho papel, por no ser una proposición, ni una
protesta, ni poderse protestar de acuerdos anteriores a su nombramiento de diputado;
y no se insertó en el acta. Los diputados Manuel Abreu, por La Palma, y Juan
Botas, por Gáldar, se abstuvieron de votar en este asunto y el Sr. Manrique de
Lara presentó entonces su renuncia al cargo en agosto, la cual le fue admitida.
Se celebran el 7 de enero de 1845 las
nuevas elecciones para diputados a Cortes, pero no llegaron a ocupar sus
asientos los elegidos porque fueron disueltas por R.D. de 23 de mayo siguiente.
La nueva Constitución se promulga el 23 de mayo de 1845: es de las llamadas
"pactadas" o de "soberanía compartida".
Por la ley de 2 de abril de 1845 se
crean los Consejos Provinciales, verdaderos Tribunales de los
contencioso-administrativo, que sustituyen a las Diputaciones en gran parte de
sus atribuciones.
Consiguiente con la nueva Constitución
de 1845 se dio nueva Ley Electoral. Según León "(...) la guerra sin tregua
hasta ahora entre Tenerife y Gran Canaria debía cesar y cesó con la nueva ley,
y en esta parte las islas ganaron, porque se cegó una fuente inagotable de
rencillas". "Quedaron como distritos y con derecho a nombrar cada uno
un diputado, Santa Cruz, Laguna, Orotava, Las Palmas, Guía y La Palma".
Por eso, a partir de entonces, Canarias elegía seis diputados a Cortes en lugar
de los cuatro que venía eligiendo.
Correspondía elegir un diputado por cada
35.000 almas, y el censo oficial de la provincia de Canarias arrojaba entonces
la cifra de 230.000 habitantes.
En esas fechas los gobiernos nacionales
no marchan nada bien. A Narváez le sucede el 12 de febrero de 1846 Manuel
Pando, marqués de Miraflores, cuyo Gabinete sólo durará 34 días. Vuelve Narváez
en marzo, pero sólo durará 19 días. Accede entonces al poder en abril Francisco
Javier Istúriz, durante cuyo mandato se celebra la boda de la Reina Isabel II,
el 10 de octubre de 1846. En enero de 1847 le sucede Joaquín Francisco Pacheco,
y en agosto de ese mismo año entra a gobernar Florencio García Goyena.
Durante el mandato de García Goyena se dictó el Real Decreto de 29
de septiembre de 1847, por el que se fundaba la división del territorio
nacional en 11 regiones, formando Canarias una sola región. Aunque la reforma
fue modificada por otros sucesivos reales decretos.
Adelantémonos ahora hasta 1852 -
siguiendo siempre en lo político el texto de Guimerá - y los decretos que ese
año concedió a Canarias Juan Bravo Murillo, político extremeño de acreditada
perspicacia.
Desde enero de 1851 está Bravo Murillo
en el poder.
Gran Canaria está afectada por el cólera desde
primeros de junio hasta el 21 de noviembre de ese año, celebrando sus
elecciones en este último mes.
Parece ser que el cólera llegó a Canarias en 1851 en un barco
procedente de Cuba. La temida enfermedad castigó de manera especial a la isla
de Gran Canaria donde murieron 6.000 personas en solo dos meses.
Juan Bravo Murillo
Otras calamidades públicas que sufren las Islas en este siglo fueron las epidemias de fiebre amarilla de 1810 y 1862; esta última se extendió fuertemente por Tenerife.
El vino entró en crisis alrededor de 1814, provocando una profunda crisis económica en toda Canarias hasta 1840 - 1850, cuando que se implantó masivamente el cultivo de la cochinilla; que trajo una nueva etapa de prosperidad económica en toda Canarias hasta 1880. En la exposición Universal de Londres de 1862 se presentaron colorantes sustitutivos de la cochinilla elaborados a partir de minerales. Poco a poco estos nuevos colorantes fueron desplazando a la cochinilla.
Entre 1835 y 1857 la población permanece estancada y existe una intensa emigración al Nuevo Mundo, emigracion que se interrumpe durante el ciclo de la cochinilla y luego se retoma con aun mayor intensidad.
Según José Luis Machado: "A ello se unió la ruina del cultivo y comercialización de los vinos canarios, por falta de mercados en donde asentarlos. Agravado por la enfermedad del oídium y el mildium. De manera que sobre 1850 comenzaron a desceparlos en Tenerife, en el noroeste de Gran Canaria y en la isla de La Palma, para cultivar la tierra [además de la incipiente grana o cochinilla] con papas, cereales y legumbres, y en menor medida árboles frutales. (....)".
En 1849, según el diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, de Manuel Madoz, desde los terrenos de La Laguna, además de cereales, se plantaban papas; que eran recientemente artículos de exportación en buques catalanes que las llevan al Brasil y a La Habana principalmente, además de las colonias inglesas o francesas en África. Según este autor, el comercio en La Laguna había ido decayendo tras la destrucción del puerto de Garachico en 1706 por la erupción volcánica, trasladándose las autoridades a Santa Cruz; lugar donde se concentró todo el tráfico con el extranjero o el de cabotaje.
Habría que analizar si la crisis de los viñedos sería o no determinante para modificar los equilibrios económicos entre las islas, pues ya Tenerife perdería la clara hegemonía que la vid le había dado durante varios siglos, y además en el comercio por transporte marítimo Las Palmas contaría a partir de la segunda mitad del siglo XIX con un profundo desarrollo de su puerto de la Luz y de Las Palmas (gracias a la plataforma marina natural existente y que no existía en Santa Cruz de Tenerife, sino al contrario enormes profundidades).
También considero que es motivo de reflexión tener en cuenta que fue la emancipación de los territorios de ultramar americanos (especialmente del virreinato de Nueva España) la que permitió que se estableciera el cultivo de la cochinilla en Canarias y hubiera varias décadas de prosperidad economica y se impulsaran definitivamente sus puertos, coincidiendo con la época del fin del Antiguo Régimen y con las desamoritizaciones de bienes eclesiásticos. Una época de profundos cambios que provoca el fortalecimiento de una pujante burguesía comercial y agraria y el declive defintiivo de buena parte de la nobleza insular tradicional que había tenido el control económico en los siglos anteriores.
Luego veremos que (es un factor decisivo que conviene repetir): "Desde mediados del siglo XIX con el establecimiento de los puertos francos, el progreso de las comunicaciones a vapor y la expansión imperialista europea, las capitales portuarias insulares vivieron un periodo de cierta prosperidad económica al convertirse en lugar de escala de las rutas navieras inglesas que surcaban el Atlántico".
La grana para el cultivo de la cochinilla había sido llevada desde México a Cádiz en 1820, al ver amenazado el monopolio de su cultivo en México, que ya apuntaba a una pronta emancipación (guerras de independencia). De Cádiz se trajo a las Islas Canarias entre los años de 1824 y 1827, pero su implantación masiva fue a partir de mitad de siglo. La economía canaria se dedicó durante varias décadas, casi en exclusiva, a la producción de la cochinilla, facilitándose su exportación al no tener que pagar aranceles en los muelles. De esta forma pasó a engrosar la lista de monocultivos históricos de Canarias: orchilla, azúcar, vino y… cochinilla.
A partir de 1880, con el declive de la cochinilla, la crisis es total y las islas entran en una de las mayores recesiones económicas de su historia que obliga de nuevo a los canarios a emigrar hacia América.
Se debe a Agustín del Castillo la introducción en las
islas - y especialmente en Gran Canaria - de las semillas de los tomates,
cultivo que también aportó riqueza a las islas.
Según la tesis defendida desde Las Palmas en 1851 (aprovechando la coyuntura), fue "la actitud de insolidaridad por parte de Tenerife, aislando a la isla de Gran Canaria, lo que llevó al obispo Codina, de la Diócesis de Canarias, y a los diputados Jacinto de León y Cristóbal del Castillo, a pedir al Gobierno central que Canarias se dividiera en dos distritos administrativos, es decir, en dos provincias. Esto se logró con el real decreto de 17 de marzo de 1852. Además, el diputado José Bravo Murillo consiguió que el Puerto de La Luz (Las Palmas), se declarara de interés general. La idea era reflotar la economía con los Presupuestos del Estado. Gran Canaria debió ser rescatada por Madrid".
A juicio del tinerfeño Francisco M.
de León, el cólera de 1851 fue uno de los motivos que decidieron a los gran
canarios a intensificar su lucha por la división de la provincia:
"Ella fue una de las causas
que más estimularon a aquellos naturales para procurar la división de la
Provincia, que a poco tiempo tuvo efecto, pues desearon entonces tener
autoridades que pudiesen de más cerca auxiliarles en casos semejantes";
"(...) al que dieron no poco impulso las quejas, quizás injustas o tal vez
exageradas, sobre el desamparo en que la pasada época del cólera, tuvieron las
Autoridades a aquella Isla importante".
Con el citado Real
Decreto "se dividió la Provincia en dos distritos, confirmando la
capitalidad a Santa Cruz, creando dos Subgobiernos en Canaria y en Tenerife,
dotando a ambas islas con las mismas oficinas, y dando al Capitán General el
título de Gobernador, con facultades de poder dirimir los conflictos que en el
Gobierno general de la Provincia se ofrecieren".
Y concluye León: "Este Decreto,
pues, se recibió, como era regular, con muestras del mayor alborozo en Las
Palmas, adonde se celebraron suntuosas fiestas, y se recibió con frialdad,
cuando no fuese con sentimiento, en Santa Cruz; aunque la realidad de las cosas
no perdía sino unos cuantos empleados de menos".
El propio José Quintana y Llarena, desde Las
Palmas, indica que: "(...) Ni tampoco debe olvidarse que la división de la
Provincia, ahora lograda, se ha debido en parte no pequeña al expediente que
formó la Junta Gubernativa del 40...sin el que nada nos hubiera podido auxiliar
ahora la epidemia colérica y esas otras cosas como se han ideado para
desvirtuar el verdadero proceso de los asuntos y que estamos oyendo invocar a
cada momento, y entre ellas las de dirección y agencia personal que no han
existido. Que no estará de más repetir que el expediente de la división de la
provincia lo resolvió la justificación del Ministro firmante del Real Decreto,
sin otros datos que los que aquel le suministró ni aun conocimiento de ninguno
de los diputados de las Islas, pues que en el mismo halló acumulados cuantos
elementos necesitaba para formar juicio".
Existe una interesante Memoria sobre los
actos y festejos con que se celebró la división en Las Palmas que, según la más
generalizada opinión fue obra de Agustín Millares Torres, aunque el marqués de
Acialcázar la atribuyó a Fernando Inglott y Navarro.
Tuvo una intervención muy destacada en
la consecución de la división el Cardenal Romo (1779-1855), Arzobispo de Sevilla,
que había sido Obispo de Canaria de 1834 a 1847. Aunque fue partidario de la
subsistencia del Obispado de Tenerife, ayudó a sus amigos de Gran Canaria para
obtener la división. Así, el secretario del Cardenal, José María Ruiz Murillo,
escribe una carta en febrero de 1852 dirigida a su sobrino Juan Bravo de
Murillo, a la sazón Presidente del Gobierno, pidiendo la división, al igual que
se había hecho con Huelva.
En la carta puede leerse lo
siguiente: "Entiendo que no cederá el Gobierno de su proyectado
intento, pues de ese modo se cortarán disputas y rivalidades perniciosas, en
ciertos casos de bastante trascendencia para aquellas islas, como ha sucedido
ahora con motivo del cólera; y por otra parte, parece no será gravosa a la
hacienda la deseada división de distritos administrativos; ya que se hizo
provincia distinta a la de Huelva y no creo haya óbice en lo que se pretende".
De estas mismas fechas es un manuscrito
favorable a la división, dirigido a la Reina Isabel II y titulado "Los
fieles y leales habitantes de la Isla de Gran Canaria...", que existe en
el Museo Canario. Entre sus argumentos destacan que así se hará una débil
reparación de haber despojado a la Gran Canaria de la capitalidad y que, si se
han pedido dos Obispados para Canarias, con mayor razón habrá de haber dos
provincias.
También Graciliano Alonso vuelve a
declararse partidario de la división en un Informe dirigido a la Reina que,
como Doctoral, emite con fecha de 17 de febrero de 1853.
Dice León sobre la división: "Hallábase
en muy distinto caso que el de Tenerife el Subgobernador de Canaria. Ninguna
autoridad gubernativa residía allí que pudiese menguar su prestigio, ni
entorpecerle su marcha, y como además la nueva división colmaba los deseos de
sus naturales, lejos de encontrar resistencia en ellos, sólo encontraba en
todas sus determinaciones quienes cooperasen con decidido empeño; por eso
emprendiéronse obras públicas tan importantes como la continuación del muelle y
la carretera de Gáldar; cobráronse crecidas sumas de contribuciones atrasadas;
fomentose la instrucción pública, mejorando las escuelas existentes y
planteando otra en pueblos donde no las había; el puerto de Arrecife fue
declarado de refugio; visitó Muro las islas de Lanzarote y Fuerteventura; hiciéronse
pacíficamente las elecciones de los diputados (....) y, en orden y suma,
Canaria se encontraba contenta con este orden de cosas y, de continuar, al fin
y al cabo se hubiera extinguido la rivalidad tan perniciosa siempre, y mucho
más en este Provincia, compuesta de pueblos aislados".
Y continuando con la explicación de
José Luis Machado: "Es la ley de Puertos Francos aprobada en 1852 la
que va a dinamizar los puertos canarios, principalmente el de La Luz y San
Telmo, en Las Palmas, y el de Santa Cruz de Tenerife, acometiéndose las obras
de línea de atraque y quedando los demás puertos isleños para embarcaciones
menores, así como facilitó la llegada de mercancías y aprovisionamiento de las
islas de productos básicos. Lo cual produjo un enriquecimiento de los
comerciantes y la clase media, en detrimento de los grandes terratenientes, que
al importarse cereales y maíz se abarataron los precios locales por no ser
competitivos; aunque se solucionó el problema del hambre en la población.
Quedando con ellos relegada la producción de las grandes y pequeñas fincas al
consumo interno y local."
Pero ya hemos entrado
también en una nueva época, tras el fin del Antiguo Régimen (fin de los
mayorazgos y vínculos, y de otros privilegios de la clase dominante en los
siglos anteriores), y en el control de la economía empiezan a aparecer muchos
miembros de una nueva burguesía comercial y agraria. La nueva burguesía
comercial, algunos de ellos también enriquecidos con el contrabando de oro y
plata entre América y Europa, serán los principales compradores - salvo algunas
excepciones de la menguante clase noble terrateniente - de bienes y fincas
eclesiásticos desamortizados por el Estado a lo largo del siglo XIX.
Con la Ley de Puertos Francos de
Bravo Murillo en 1852 se liberalizó la entrada y salida de mercancías desde el
Archipiélago Canario. Esta disposición legal cambiaría por completo el sistema
económico y social de las islas, constituyendo un importante incentivo fiscal
para el comercio con y desde las islas. Los puertos canarios mantuvieron esa
categoría hasta finales del Siglo XX, momento en que aparece el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias (REF).
Como ya se señaló: Desde mediados del siglo XIX con el
establecimiento de los puertos francos, el progreso de las comunicaciones a
vapor y la expansión imperialista europea, las capitales portuarias insulares
vivieron un periodo de cierta prosperidad económica al convertirse en lugar de
escala de las rutas navieras inglesas que surcaban el Atlántico. Funchal-Madeira-Portugal también lo era y estaba cerca, pero su tamaño era pequeño (realmente el puerto como tal existe desde finales del siglo XIX) y se quedaba muy corto para la creciente demanda.
Supongo que algo también influyó que ya no existiera por ejemplo desde 1836 el acuerdo comercial entre Inglaterra y Portugal, el Tratado de Methuen, que había durado de 1703 a 1836, que supuso sobre todo el intercambio entre productos textiles ingleses y vino portugués pero que, a la larga, ya vimos que fue perjudicial para Portugal y se dice que fue el culpable de su declive como país a pesar de que contaba con las minas de Brasil (hasta su independencia de Portugal en 1822). Además, aunque la alianza estratégica entre ambos países continuó en otros campos, hacia finales del siglo XIX, en plena carrera imperialista en África, los planes coloniales de ambos países chocaron. El Reino Unido pretendía conectar sus colonias africanas de norte a sur entre El Cairo, en Egipto, y El Cabo, en Sudáfrica. Al mismo tiempo, Portugal aspiraba a conectar sus colonias de este a oeste, entre Mozambique y Angola. Naturalmente, los dos proyectos eran incompatibles. El Gobierno británico lanzó un ultimátum a los portugueses para que retiraran sus tropas y Portugal tuvo que ceder ante las pretensiones británicas para evitar un conflicto mayor. La llamada crisis del ultimátum de 1890 consolidó un nacionalismo portugués anglófobo, aunque los recelos no eran nuevos: el Reino Unido ejercía una gran influencia política y económica sobre Portugal, relegado a un papel de “hermano menor” en la alianza. Pese a todo, ambos países conservaron su alianza, con sus más y sus menos. Así, los portugueses mantuvieron una neutralidad probritánica en la guerra de los Boers de 1899, mientras que los británicos reafirmaron su compromiso de proteger las posesiones portuguesas en África. Sin embargo, la situación interna en Portugal era cada vez más explosiva: la claudicación ante los británicos en 1890 se interpretó como una humillación nacional y, sumada a otros problemas internos, precipitó la caída de la monarquía y el nacimiento de la República Portuguesa en 1910. No obstante, pese a sus tintes anglófobos, la llegada de este nuevo régimen a Portugal no alteró el fondo de la alianza, y la colaboración continuó siendo la tónica habitual a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ambos países lucharon en el mismo bando y se aseguraron mutuamente la total libertad de comercio y navegación entre sus territorios. Más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, el régimen autoritario de Salazar, que gobernaba Portugal desde 1926, también prestó a los británicos sus bases en las islas Azores y en Madeira a pesar de ser neutral en la contienda y de su cercanía ideológica con las potencias del Eje, que intentaron presionar a Lisboa. En agradecimiento, Winston Churchill llegó a definir la relación con Portugal como una “alianza sin igual”.
Regresando a nuestro relato canario de mitad del siglo XIX, fue derogada, cuando menos podía esperarse, la innovación administrativa que hizo de las islas el ministro Bravo Murillo y el Real Decreto de 3 de marzo de 1854 restituyó las cosas a su estado primero. Se suprimía la división en dos provincias. Recoge el propio León: "En Santa Cruz de Tenerife se recibió, como es de suponer, con el mayor entusiasmo, que granjeó [al nuevo capitán general de Canarias el mariscal de campo Jaime Ortega] un aura popular inmensa y que fue bastante a que se le disimulasen los oscuros lunares con que su conducta se afeaba. No sucedía lo mismo en los demás pueblos, y mucho menos en la resentida Isla de Canaria,"
El periódico de Las Palmas llamado
"El Porvenir de Canarias" concluía el sábado 2 de julio de 1855 que
"Su mando [el de Ortega] abrió una nueva fuente de división ente las otras
muchas que ya, por desgracia de la provincia, estaba fluyendo".
En 1856 hay un proyecto de Patricio
de la Escosura, ministro de la Gobernación en el gabinete Espartero-O´Donell,
donde se concibe la división, denominando una de las provincias como Teide, con
capital en Santa Cruz, y otra como Canarias, con capital en Las Palmas. Como
siempre, se prevé que el Capitán General siga residiendo en Santa Cruz y la
Audiencia, el Obispo y el Comandante General en Las Palmas; que cada una
elegiría sus senadores y diputados, y que cada una tendía un Gobernador y una
Diputación Provincial. Pero al final, nada. El gobierno cayó, en la célebre
crisis leopoldina del 13 de julio. Salieron Espartero y Ecosura e Isabel II
encomendó formar gobierno a D´Donell.
En 1858 se produce el restablecimiento
de la división, pues los diputados gran canarios Beltrán y Del Castillo
obtienen el Real Decreto, de 27 de enero de 1858, por el que se restablece la
vigencia del de 17 de marzo de 1852, sobre división. Hubo en Las Palmas grandes
festejos. Pero nuevamente, su aplicación lo fue por muy poco tiempo, pues
volvió a desaparecer el 12 de febrero de 1859.
El 8 de junio de 1859 se eleva a Santa
Cruz de Tenerife a la categoría de Ciudad, siendo alcalde José Luis Miranda.
Otro decreto, de 10 de octubre de 1866, se concederá a dicho ayuntamiento el
tratamiento de Excelencia.
En 1868 vuelve a haber nueva división de
la provincia, tras la revolución de septiembre de ese año, "La Gloriosa".
Se forma la Junta Revolucionaria que entrega el poder al General Serrano e
Isabel II sale de San Sebastián para Francia el 30 de septiembre de 1868.
Funciona entonces en Tenerife la Junta Superior de Gobierno de Canarias,
estableciéndose otra en Las Palmas, que divide la provincia. Es decir, se
vuelve a las Juntas y a la división, como en 1840, en 1843 y como en 1854.
Y entonces Gran Canaria decreta la
división. El 6 de octubre del 68 la Junta de Las Palmas expide un decreto que
ejecutará el proyecto de división que se había presentado en 1856, es
decir, el de Escosura.
Pero nuevamente por muy poco tiempo,
pues el Archipiélago reestablece su unidad por Real Orden de 14 de diciembre de
1868, reanudando sus funciones la Diputación en 6 de febrero del siguiente año,
sin que a partir de ese momento vuelva a alterarse el régimen provincial del
Archipiélago hasta la promulgación de la Ley de Canalejas de 1912, o sea, la
Ley de los Cabildos.
Canarias tenía en 1868 un censo de
237.036 habitantes, siendo 141.233 de la provincia occidental y 95.803 de la
oriental.
El proceso de revolución Liberal y
burguesa durante el reinado de Isabel II consiguió liquidar del régimen
señorial y la sociedad estamental, a la vez que se abolían las instituciones
políticas que caracterizaban el Antiguo Régimen. En Canarias será la burguesía
isleña quien asuma la dirección política de las islas.
El rasgo más destacado de la
sociedad isleña en el siglo XIX es una fuerte tendencia a la jerarquización y polarización
de la sociedad entre ricos y pobres. Rotos los privilegios estamentales del
Antiguo Régimen por el nuevo estado liberal, ahora la diferencia entre ricos y
pobres viene marcada por el control de la tierra y el acceso a las esferas del
poder.
En la cima de la pirámide social se
encuentran bloque dominante formado por la burguesía, tanto comercial, como
agraria y los antiguos propietarios terratenientes de la vieja nobleza. Esta
élite social es la que conforma la oligarquía de las islas. Es también una
oligarquía fragmentada territorialmente. Sus intereses suelen ser de ámbito
local, en cada isla, salvo excepciones. Lo que les llevará a continuas luchas
entre ellos con el caso del pleito insular. No existe una sola élite social,
una oligarquía canaria, sino una oligarquía tinerfeña, grancanaria, etc.
Por debajo, la mayoría de la
población está formada principalmente por el campesinado, Con una amplia
variedad de situaciones según su condición y recursos. Junto al campesinado se
están desarrollando en los nuevos núcleos urbanos, incipientes grupos de
artesanos y comerciantes, que mantienen un elevado nivel de analfabetismo y de
precariedad laboral, y se verán marginados sistemáticamente del poder y de
cualquier cargo público relevante.
La desamortización en Canarias, la
abolición de los mayorazgos y la venta de propiedades de la Iglesia, con
grandes terrenos en las islas, posibilitó por primera vez que la burguesía
canaria pudiera acceder a la compra de terrenos de cultivo o solares urbanos,
convirtiéndose en burguesía agraria rentista, como ocurrió en la Península.
La economía canaria del siglo XIX
va a verse muy influida por las transformaciones jurídicas introduce el estado
liberal: la supresión de los vínculos señoriales y los cambios en el régimen de
propiedad de la tierra.
El proceso de desamortización
consiste en eliminar los vínculos que mantienen a las tierras amortizadas, es
decir, unidas, indivisibles, sin posibilidad de comprar o vender. Se trataba de
poner en producción tierras expropiadas al clero y a los cabildos para su
posterior venta en subasta pública. Los grandes propietarios terratenientes
especialmente la nobleza y la iglesia son los más afectados por el proceso de
desamortización. El estado confisca las grandes propiedades que se considera
que no están suficientemente explotadas y la saca a subasta dividida en
pequeños lotes.
En Canarias, como el resto de la
Península, este proceso de desamortización va a provocar una concentración de
la propiedad en manos de personas que pueden comprar esos lotes de tierra
sacados a subasta. La burguesía comercial y financiera es la gran beneficiada y
adquiere grandes cantidades de tierra convirtiéndose también en burguesía
agraria. La nueva burguesía y una parte de los antiguos terratenientes van a
ser los sectores dominantes que ejercerán la hegemonía social y económica en
las islas durante el siglo XIX y comienzos del XX.
El gran perjudicado de la
desamortización va a ser el clero, especialmente el clero regular, y las órdenes
religiosas que van a perder gran parte de su patrimonio territorial.
La desamortización no resolvió el
problema ni consiguió crear una bolsa de pequeños y medianos propietarios que
fuesen la nueva clase media. Los campesinos sin tierra siguieron sin ella, y en
ocasiones su situación empeoró al pasar a propiedad particular ciertas tierras
que hasta ese momento había podido utilizar la comunidad (aprovechamiento de
pastizales y de leña por ser bienes del común o propios del cabildo).
En el plano económico, la primera
mitad del siglo XIX fue un período difícil para Canarias. La decadencia del
ciclo del vino y la pérdida de las colonias americanas van a ser un duro golpe
para la economía.
A mediados del siglo XIX se inicia una etapa de
recuperación económica debido a tres factores:
· Los cambios en el régimen de la
propiedad de la tierra
· La Ley de Puertos Francos
· El ciclo de la cochinilla
La construcción de los puertos en
Las Palmas y Santa Cruz a finales del S.XIX reactivaron la economía. Las obras
demandaron una gran cantidad de mano de obra que atrajo a población del resto
del archipiélago hacia las dos islas mayores. Los puertos favorecieron el
crecimiento a su alrededor de un sistema netamente urbano, opuesto a la
tradición rural isleña.
Los puertos también crearon riqueza
en todos los sectores relacionados con la actividad portuaria: reparación de
buques, suministros navales, suministros alimentarios, suministros de carbón...
Más adelante, las nuevas infraestructuras facilitaron el embarque de la
producción platanera y tomatera hacia el exterior. El aumento poblacional en
Canarias y la demanda de pescado en las colonias africanas propiciará que en la
última década del siglo XIX se desarrollará una importante flota pesquera canaria
en los caladeros del Sahara.
En
esta línea, afirma J.L. Machado: "Esto no cambió las sombrías
perspectivas de los grandes propietarios de tierras, atrapados en el sistema
jurídico del Antiguo Régimen, en que Canarias salió descapitalizada al suprimirse
la sucesión de mayorazgos, vínculos y capellanías, que quedó en el que el
sucesor desde dicha fecha sólo heredaría la mitad de lo vinculado, quedando el
resto a repartir entre los demás herederos, lo que no sucedió en Navarra, País
Vasco o Cataluña, en que mantuvieron sus capitales.
Así se produjo la
fragmentación de haciendas y fincas, la mayoría ocupadas por tenedores de
censos enfiéuticos de medias perpetuas o medias llanas, (...) que van a suponer
una disminución del valor de la finca (...). Agravado por el hecho de mantener
este modelo jurídico ya practicado por los romanos y no transformarlos en
alquileres rústicos y urbanos, sino en aquella figura arcaica a extinguir y de
difícil encaje en un tiempo en que había muerto el antiguo sistema y no había
sido promulgado el Código Civil ni las leyes concordantes.
(...) Además de las
grandes haciendas, de siempre existieron los medianos y pequeños propietarios,
sin delirios de atar sus patrimonios a mayorazgos y asistiendo directamente a
la dirección y beneficio de sus explotaciones. Que al paso del tiempo dan lugar
a los administradores de los grandes terratenientes, en su mayoría absentistas.
Esta clase media surgida del campo [a finales del siglo XVIII] había
aprovechado las medidas modernizadoras de Carlos III, por las que para ocupar
un cargo concejil no es necesario acreditar expediente de hidalguía, y por
medio de la pertenencia a la graduación de las Milicias Provinciales Canarias,
disponen de fuero militar y ocupan cardos de concejales como paso previo a ser
alcaldes y controlar los ayuntamientos, que pasan a ser treinta y uno en
Tenerife, siguiendo el sistema territorial de división por parroquias."
Elisa Torres Santana en su librillo
"El comercio de Gran Canaria a través de la Historia", editado
en 1999, refiriéndose al siglo XIX indica: "la propulsión a vapor y el
carbón trajeron condigo la instalación de grandes compañías carboneras inglesas
que, en el puerto de La Luz y Las Palmas, se dedicaban a abastecer el tráfico marítimo;
ello supuso para la isla de Gran Canaria riqueza inmediata, (...)".
Este libro, aunque peca de exagerar
la importancia y hegemonía de la isla de Gran Canaria en el comercio canario
desde la misma conquista (lo cual no se corresponde con la realidad histórica), en una visión
notablemente insularista y sesgada; sin embargo, es
de interés para añadir algunos datos acerca de la creciente e indudable
importancia que el puerto de La Luz y de Las Palmas adquirió paulatinamente
desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Según se describe en este libro "El comercio de Gran Canaria a través de la Historia", la concesión del Régimen de Puertos Francos a las islas en 1852 más la construcción de la carretera que iba a unir Las Palmas con el Puerto dos años más tarde, amén de otros fenómenos, como la rivalidad con la isla de Tenerife, más el auge del cultivo de la cochinilla, son factores todos ellos que ayudan a generalizar en Las Palmas un movimiento de opinión favorable a la construcción de un nuevo puerto. El puerto de La Luz resultó ser el objetivo innegociable de la sociedad grancanaria. En junio de 1862, por Real Orden, se aprueba su creación. Tardará algunos años aún en verse materializado, pero será el factor más importante de progreso del que haya disfrutado la economía grancanaria a lo largo de su historia.
Fue necesario dotar de servicios e
instalaciones complementarias: almacenes de carbón, depósitos de mercancías, astilleros,
varaderos, muelles para embarcaciones menores, que tendrían como misión
facilitar las operaciones comerciales. Así va a comenzar una época de
crecimiento y desarrollo para la ciudad, al socaire del Puerto de la
instalación de compañías extranjeras, en particular británicas, que van a
invertir sus capitales. (,,,).
A finales del siglo XIX y en los inicios
del XX, la presencia de capitales extranjeros asociados al desarrollo del
Puerto de La Luz, posibilitó la intervención de los mismos en el sector de la
reparación y de la construcción naval. Al varadero de la compañía Elder
Dempster vino a sumarse el astillero de la Blandy Brothers y, posteriormente,
las empresas dedicadas a la construcción y reparación naval, la Wilson, Cory y
Miller. Ello va a suponer la total transformación de la tradicional empresa de
construcción naval isleña, que se verá desplazada paulatinamente, desde las
inmediaciones de San Telmo a las playas de La Luz, así como la incorporación de
las nuevas tecnologías de construcción y de maquinaria.
En el período comprendido entre 1883 y
1913 el Puerto de La Luz va a alcanzar un gran apogeo. Y se va a convertir en
el gran puerto de escala del Atlántico Oriental, dispuesto a ofrecer servicios
a todos los vapores que en él estaban. Los servicios de carbonero, aguada y
víveres resultaban vitales. Al igual que en el caso de la construcción naval,
el capital extranjero se incorporará y llegará a controlar la actividad.
Mientras que en el caso del agua, las compañías extranjeras intervinieron sólo
cuando resultó rentable, lo mismo que el abastecimiento de víveres."
Ya avanzado el siglo XIX y en
especial tras la ley de Puertos Francos de 1852, el puerto de Las Isletas,
luego puerto de La Luz y de Las Palmas, se convirtió en el principal puerto de
Canarias al disponer de una amplia plataforma marítima sobre la que
desarrollarse, posibilidad físicamente inexistente para el puerto de Santa Cruz
de Tenerife (el preponderante de Tenerife en la segunda mitad del siglo XIX)
donde las altas profundidades hacían inviable su expansión y conversión en un
gran puerto.
EL SEXENIO DEMÓCRATICO
En 1868 un grupo de generales pone fin a la monarquía de Isabel II y se
forma un gobierno provisional. El periodo que va desde 1868 que se marcha
Isabel II, hasta 1874 en que se produce la Restauración de los borbones
con Alfonso XII se conoce como el Sexenio Democrático. Durante esta etapa
vendrá de Italia un nuevo rey, Amadeo I de Saboya, que solo duró unos
meses y se proclamó también la Primera República española, tan efímera
como el reinado de Amadeo.
En esta tabla de recaudación de arbitrios de los Puertos Francos de Canarias, pueden observarse de entrada dos circunstancias:
- Lo recaudado en 1874 es la mitad que en 1873, lo que indica un mal año respecto al anterior.
- El Puerto de Santa Cruz de Tenerife continúa teniendo el doble de volumen que el de Las Palmas, tendencia que se invertirá a partir de 1880, como veremos.
La tercera fase (1874-1893) sería la siguiente, un período de cerca de 20 años en el que el antagonismo entre las ciudades de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife pierde virulencia, aun cuando la lucha continúa latente pero de forma más soterrada. Comprenderá la Restauración (1874), el reinado de Alonso XII (1875-1885) y parte de la regencia de su viuda María Cristina de Habsburgo (1885-1902). Se caracteriza este período por el intento de alzarse con la hegemonía del Archipiélago y no se lucha abiertamente por la capitalidad. La división queda apartada, al menos de forma directa y con la excepción de algún conato. "Se trata de engrandecer una ciudad, para que, en el concierto del Archipiélago, sea la primera. Lo demás se conseguirá por añadidura..."
LA
RESTAURACIÓN DE LOS BORBONES
Regencia de María Cristina (1885-1902)
Alfonso XII muere joven de tuberculosis (1857-1885), con casi 28 años, y
deja a su mujer María Cristina como Regente, estando en ese momento embarazada
del futuro Alfonso XIII. En 1902 Alfonso XIII será proclamado mayor de edad.
El periodo de la Restauración fue en conjunto un tiempo de estabilidad constitucional y de modernización económica. El verdadero artífice del sistema será Antonio Cánovas del Castillo (restauración canovista). El régimen se define como liberal-conservador, con bipartidismo o turno pacífico en el gobierno al estilo inglés, basado en el dominio de la burguesía oligárquica, el caciquismo y el falseamiento electoral.
El denominado “desastre del 98” (la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, las ultimas posesiones españolas en América) constituye un importante punto de inflexión que hizo plantearse la necesidad de tomar medidas orientadas a la regeneración de la vida política y social del país ya a principios del S.XX.
En las Islas se produjo un pacto entre las élites de la burguesía insular que permitió implantar en el archipiélago el turno de partidos, con los dos partidos monárquicos clásicos: liberal y conservador que dominarán la vida pública isleña. Los partidos políticos apenas tienen la categoría de tales, más bien son grupos caciquiles.
La situación de estabilidad permitió un crecimiento de la economía y de modernización industrial. Las Islas se unieron a la Península por cable telegráfico. Se construyen los puertos de Gran Canaria y Tenerife. Surgieron unas incipientes clases medias urbanas y apareció el proletariado en torno a la actividad portuaria y los servicios.
Fernando León y Castillo (marqués del Muni) mostraba un claro desdén por la división de la provincia y por la lucha abierta por la capitalidad. Dejó constancia de ello en sus Memorias.
Pérez Zamora, constitucional de derechas procedente del unionismo, contribuye con un grupo del progresismo sagastino a la fundación del partido conservador que, bajo la jefatura de Cánovas, quedó constituido entre mayo de 1875 y enero de 1876. Allí apareció formando parte de la Comisión de los 39 Notables. En Santa Cruz de Tenerife su correligionario Ramón Gil-Roldán y Ríos fundó y dirigió "El Constitucional", que desde septiembre del 75 llegaría hasta 1879.
Juan Cumella aparece al lado de
Feliciano Pérez Zamora por los años de 1872-1874. Fue criticado más adelante
por ejercer una política mercantil. Girando bajo la influencia que Feliciano
tiene en Madrid, Juan Cumella asumió la jefatura del partido conservador de
Tenerife y de las islas que le secundan.
Foto del comerciante y político de origen catalán Juan Cumella y Monner (Barcelona, 1818 - Santa Cruz de Tenerife, 1898) , afincado en Santa Cruz de Tenerife.
Caja fuerte de Juan Cumella, actualmente propiedad de la
familia Benítez. Es posible que a Juan Cumella le llegara por su suegro
Salvador González (éste citaba que las onzas de oro acuñadas las guardaba en su
arca de hierro), pero lo seguro es que fue adquirida por uno de los dos a raíz
de sus negocios anglosajones.
Salvador Cayetano González Hernández, natural de La Laguna (donde
debió de nacer alrededor de 1768 pues en el padrón de Santa Cruz de enero de
1818 se indica que tenía 50 años) fue un comerciante que realizó viajes y
negocios en Norte América (Pensilvania y Nueva York), donde residió durante
años, y luego volvió a Tenerife alrededor de 1815-16 con una gran fortuna y
viudo. En su testamento de 1828 declaró que aún le quedaba un arcón lleno de
onzas de oro, además de las abundantes propiedades que había adquirido. Su
primera mujer había sido María Enrique, natural de Tacoronte. Con ella había
tenido un hijo, Salvador Santos González, que falleció soltero en la
"América Inglesa" antes que su madre, que también murió allí. Ya de
vuelta en Tenerife, en 1817 compró, junto con otras propiedades, la casa de
tres plantas en la c/Castillo esquina con la c/San Pedro Alcántara, (conocida a
finales del siglo XIX como Casa Cumella) y casó con Antonia Delgado y Meneses
(1796-1860), viuda de Martín Rodríguez (de Azero) y Castellano (que se dedicaba al
comercio marítimo de la mano de su tío Antonio Bacilio Castellano, importante
consignatario de buques). Rodríguez Castellano, en uno de sus viajes
comerciales, había fallecido joven en 1814 o 1815 en Campeche-México, al poco de nacer su único hijo Martín Rodríguez Delgado (1813). La única
hija de Salvador y Antonia, Felipa González Delgado (1817-1892), hermana
uterina por tanto de Martín Rodríguez (de Azero) y Delgado (1813-1874), casó en 1840 con
Juan Cumella. Salvador González también pagó - con el producto de 42 pipas de
vino - los estudios en Nueva York a su entenado Martín Rodríguez
Delgado (en el Columbia College en Manhattan, entre 1827 y 1830),
introduciéndole en el mundo del comercio y de las financias al más alto nivel.
Rodríguez Delgado contó más adelante con la ayuda y contactos de su cuñado Juan
Cumella y de otro comerciante catalán asentado en Tenerife: Agustín
Guimerá y Ramón. Este Agustín Guimerá casó en 1831 o 1832 con Jacinta
Castellano y Dueño, que era prima hermana del padre de Martín Rodríguez
Delgado: el citado Martín Rodríguez Castellano. El hijo de Rodríguez (de Azwero) Delgado fue a su vez Martín Rodríguez (de Azero) y Peraza, único hijo que llegó a la edad adulta, y que cursó sus
estudios de bachiller en Mataró-Barcelona y la carrera de Leyes en la Universidad de Barcelona. Juan Cumella pretendió que fuera su
sucesor en el partido conservador de Tenerife.
El Real Decreto de 26 de agosto de 1881 regula la escala de los buques a las Antillas, y en él se establece que los vapores correos entre España y aquellas islas condujeran el 13 de cada mes la correspondencia del Archipiélago Canario al Puerto de la Luz (se reestablece esta escala en Canarias, que había sido suprimida en 1868 y que había tenido su base en Santa Cruz desde 1861 a 1868), y allí hicieran las operaciones marítimas convenientes, siguiendo luego su viaje a las Antillas. Tales buques salían del puerto de Cádiz para el de La Habana los días 10 de cada mes.
Hubo un Informe del Ayuntamiento de Santa Cruz y una importante Exposición de vecinos de Santa Cruz, de 15 de septiembre de 1881, que argumenta lo siguiente:
2.- Da luego
datos de la exportación en el año 1879 a 1880, con ventaja para Santa Cruz de
un 31% más; y de las islas adyacentes, un 43% más.
3.- Que las
principales naciones de Europa y América tienen sus gobiernos establecidos en
Santa Cruz 16 cónsules, 5 vicecónsules y 2 cancilleres; mientras que en Las
Palmas, 2 cónsules de los Estados de la América española, 6 vicecónsules y 2
agentes consulares; con diferencia a favor de Santa Cruz de 13 cónsules.
4.- Y
continúa: En líneas de vapores hacen escala en Santa Cruz 13 extranjeras y una
nacional; y de todos, sólo 7 siguen a Las Palmas, sin ninguna escala exclusiva.
Dos de las líneas extranjeras que hacen escala en Puerto Rico y La Habana lo
hacen en Santa Cruz y no en Las Palmas.
5.- La
matrícula de industriales y comerciantes de para Santa Cruz, en 1880 - 81, 451
frente a 389 en Las Palmas; un 26% de más. Y en el grupo de las Islas; 1489
frente de 1097, un 33% más.
6.- La
contribución industrial en 1879-81 en Santa Cruz da 75.888; y en Las Palmas,
49.460; un 27% más.
7.- En
Navegación (1879-80): 1.416 son los buques entrados en Santa Cruz; 1.020 en Las
Palmas. 282 de ventaja, un 46%. Buques de travesía: 384 en Santa Cruz; 282 en
Las Palmas. Un 46% de ventaja. Pasajeros procedentes de Cádiz: 646 para Santa
Cruz, 143 para Las Palmas, un 352% más.
2.- El Puerto de Las Palmas es el
más cercano a Cádiz y el que ofrece mejores ventajas en dicho derrotero. Las
Palmas dista de Cádiz 730 millas y Santa Cruz 745. Los buques se ven libres de
la proximidad de los Islotes Salvajes y les ampara el Faro de Alegranza.
3.- El puerto de Las Palmas es el
más céntrico del Archipiélago, 11 millas más al centro.
4.- Compara la exportación de
cochinilla o grana, con ventaja para Las Palmas.
5.- También el impuesto del 1 por
1.000, por derechos de puertos y faros, sobre las introducciones; y el arbitrio
de Puerto Franco.
6.- Dice que el mayor número de
cartas -"argumento donoso"- "arranca de la emigración" y
"sólo acusa decadencia; escasez de fanegadas de terreno cultivable;
carencia de agua para la producción agrícola; estado negativo en la esfera de
la industria, y, en una palabra, pobreza de recursos para impedir que parte de
los hijos de Tenerife abandonen su patria con la ilusión de encontrar el
sustento o la fortuna en extraños países". "No son cartas
comerciales, son cartas familiares o de correspondencia íntima entre el gran
número de de habitantes expatriados de la isla de Tenerife y sus familiares y
amigos".
7.- Gran Canaria tiene más densidad
de población, "es más populosa"; un 16,38% más por legua cuadrada.
8.- Gran Canaria, con sus 106
heredamientos y sus abundantes manantiales está a mejor nivel que Tenerife.
9.- Santa Cruz suma sus habitantes
con La Laguna para superar a Las Palmas.
10.- Los nacimientos y defunciones
son más en Las Palmas que en Santa Cruz.
11.- Se refiere a las Pesquerías de
África y los 18 pailebot son de matrícula Gran Canaria.
12.- La fabricación de guanos artificiales
es industria exclusiva de Las Palmas.
13.- El movimiento de riqueza es
favorable a Las Palmas, que tiene un Registro de Propiedad de 2ª clase,
mientras Santa Cruz lo tiene de 3ª, y eso comprendiendo Gomera y Hierro. En
Gran Canaria está además el de Guía.
14.- Hay 42 buques armadores en Las
Palmas y sólo 13 de Santa Cruz y un aljibe flotante.
15.- En Las Palmas hay astilleros
desde 1820 y no los hay en Santa Cruz.
16.- Las tripulaciones son casi
todas de Gran Canaria; sólo 3 buques de los de Tenerife se hallan tripulados y
mandados por individuos de Tenerife.
17.- Es superior la contribución de
inmuebles, cultivo y ganadería. El repartimiento por territorial y subsidio y
cintas, también.
18.- En Las Palmas son 10 las líneas
de vapores: 2 españolas, 6 inglesas y 2 francesas.
19.- Las Palmas le supera en
instrucción pública.
20.- Hay 9 periódicos, en Santa Cruz
sólo 8. Tiene 6 imprentas.
21.- Si Santa Cruz es puerto de
interés general, Las Palmas es Puerto de Refugio de interés general.
22.- Santa Cruz no tiene Círculo
Mercantil y Las Palmas sí.
23.- Pide la capitalidad para Las
Palmas y cita el Museo del Ayuntamiento y su Biblioteca.
2) Que Puerto Rico está 32 millas
más cerca de Santa Cruz que de Las Palmas. Y aunque se le rebajara las 9 millas
y media más que dista Santa Cruz de Cádiz, quedan siempre a su favor 22 y 2/3
millas.
3) Que la derrota es la misma y pasa
a 60 millas del todo peligro, sin que tenga que avistar el Faro de Alegranza,
visible sólo a 12 millas.
4) El Puerto de Santa Cruz dista del
centro del Archipiélago 25 millas, mientras que el de Las Palmas dista 31
millas y media.
5) Que la riqueza comercial es sólo
la de exportación.
6) Que es superior el impuesto de
artículos coloniales.
7) Que el propio preámbulo del
Decreto habla de las relaciones de todo género entre Canarias y las Antillas,
como razón de establecer la escala; y las cartas son un signo de estas
relaciones.
8) Dice que en Cuba hay más de
40.000 isleños, cerca de 60.000, a juzgar por las cartas dirigidas allá.
9) Que Santa Cruz no tuvo
intervención alguna en la orden de Clavijo, que "las autoridades lo
promovieran, con más o menos fundada razón, en el interés sin duda del mejor
servicio. Que ella estuvo vigente de 1876 a 1878, un bienio."
10) Que Santa Cruz y La Laguna, "en el estado de progreso de la civilización moderna, son un solo pueblo".
11) Advierte que "la publicación que estaba efectuándose del folleto La Capital.... ha sido causa de haberse demorado esta Defensa".
La
Comisión de la Real Sociedad Económica del País de Tenerife recalca en esas
fechas que:
Según Francisco de Paula: "No es de extrañar que un decreto que establecía la escala obligada del buque-correo mnesual entre España y las Antillas levantara tal revuelo en Tenerife. Ha de tenerse en cuenta que ese barco era el único contacto al mes con Puerto Rico y Cuba, a través de un navío español, y como hemos comentado, sólo había otro buqu-correo que cubría mensulmente la línea Península-Canarias".
Según Francisco de Paula Pérez González en su libro de 1997 "El Cable Telegráfico Cádiz-Tenerife. La Prensa y El Pleito Insular (1880-1884)", "La enorme dependencia exterior de las Islas hizo que su economía pasase, necesariamente, por los dos principales puertos del Archipiélago. Por esta razón, el puerto que mayor movimiento tuviera, generaría una más intensa actividad omerzial y un creciente poder económico a la ciudad donde estuviera ubicado".
En el quinquenio 1880-1884 el valor monetario del comercio ya tiene una mayor actividad en el puerto de Las Palmas, según este gráfico del citado libro de Francisco de Paula. "La lucha por la hegemonía portuaria iniciado por Fernando León y Castillo desde el Ministerio de Ultramar, constituyó, a través de diversos episodios, un capítulo importante del Pleito, que sirvió, con el paso del tiempo, para conseguir la anhelada división provincial en 1927; consecución sustentada, en gran medida, por el auge del puerto de La Luz, que llevó consigo una mayor actividad comercial en Gran Canaria, desde finales del siglo XIX".
"Se pone de manifiesto que Canarias mantiene una relación comercial muy vinculada a Gran Bretaña. En el quinquenio 1880-1884, el Archipiélago exportó al Reino Unido mercancías por valor de 21,6 millones de pesetas; 7,5 a Francia; 5,6 a las Antillas españoles; 3,2 millones a Estados Unidos y sólo poca más de 3 millones a la España peninsular".
"Por lo que respecta a las importaciones en el citado quinquenio, de Gran Bretaña entraron en Canarias mercancías por valor de 20,4 millones de pesetas; 8,2 de Francia y 4,7 de Estados Unidos; frente a 4,5 millones de pesetas de productos procedentes de la Penísnsula Ibérica; 4,1 de las Antillas Españolas y 3,6 de Alemania.
Por Real Decreto de 17 de septiembre de 1882 se crea en Las Palmas una Delegación especial gubernativa, en sustitución del anterior Subgobierno, dándole jurisdicción sobre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Este RD fue muy criticado desde Tenerife y produce un nuevo enfrentamiento entre Villalba Hervás y León Castillo.
La Audiencia territorial, desde
su fundación, radicó en la ciudad de Las Palmas, pero en varias ocasiones se
intentó llevar a Tenerife o crear una Sala de lo Criminal en Santa Cruz de
Tenerife. Así sucedió en 1812, en 1835, ... Ahora en 1883 la Comisión de la
Económica (RSEAPT) pide el establecimiento de una Sala de Audiencia de lo
Criminal en Santa Cruz. Pero esta petición no prospera y unos años más tarde el
pleito sobre la Audiencia continuará. León y Castillo, en sus Memorias, expone
como uno de sus méritos: "A más, ha sido defendida de todo soslayado
ataque, que mermara su importancia, la vieja Audiencia Territorial". Como
es sabido, la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife se estableció
finalmente en 1912, cuando la Ley de Cabildos Insulares. Y la Sala de lo Civil
hubo de esperar hasta 1927, cuando la división de la provincia realizada
durante la dictadura de Primo de Rivera.
Edificio de
la Real Audiencia de Canarias a partir de 1864.
Otro motivo de discusión entre ambas
islas fue el Lazareto de Gando, pues una Real Orden de 20 de
febrero de 1882 dispone que se estudie la instalación de un lazareto en Gran
Canaria, en la playa de Gando. La Comisión de la Económica de Tenerife recoge
esta disposición, criticándola y señalando como lugar idóneo la isla de
Lanzarote. Dicha crítica se argumentaba por la falta de agua potable, su
proximidad a puntos habitados, indicando como preferible una de las islas
desiertas de este archipiélago. Por otro lado, un informe del Comandante principal
de Marina de la Provincia, estima que debiera construirse en Los Cristianos, en
Tenerife.
Esta ley reconocía la necesidad de
crear un lazareto en Canarias que excuse a los buques de esta matrícula de
tener que cumplir sus cuarentenas en puertos tan distantes como Mahón y Vigo.
El Consejo de Sanidad, con resolución del Ministro de la Gobernación, resolvió
finalmente que debía establecerse en la playa de Gando.
León y Castillo, en sus Memorias, alude también a los méritos la construcción del Lazareto de Gando.
El nuevo Gobernador Civil de
Canarias, José Joaquín Pérez de Rozas y Campuzano, de acuerdo con el Capitán
General Weyler, se propuso fijar la estación en Santa Cruz, como estaba
ordenado desde la ley de 1880. El 6 de diciembre de 1883 se transmitió el
primer telegrama desde Cádiz. Tras tender el cable a Gran Canaria por el
istmo de Guanarteme, el 16 de diciembre circuló el primer telegrama.
No fue hasta el amarre del cable
telegráfico entre Cádiz y Tenerife en 1883 en que la prensa pudo salvar el
obstáculo que suponía comunicar a sus lectores las noticias con una semana
aproximada de retraso. La propia instalación del cable, puso al rojo vio el
pleito insular. Finalmente se instaló de Cádiz a Tenerife.
Siguiendo con el relato de Marcos
Guimerá Peraza, el 25 de noviembre de 1885 muere el joven rey Alfonso XII (de
tuberculosis) y se abre la regencia de María Cristina de Habsburgo. Se forma un
Gobierno liberal, presidido por Sagasta. El 7 de mayo de de 1886 nace Alfonso
XIII.
Según palabras del profesor Ricardo Acirón Royo, en el libro de 1997 del periodista Francisco de Paula Pérez González "El Cable Telegráfico Cádiz-Tenerife (1880-1884). La Prensa y El Pleito Insular", "(...) la insularidad del territorio determinará la existencia de diarios y publicaciones esencialmente locales, cerrados en sí mismos, exclusivamente atentos a un entorno y au nos acontecimientos muy inmediatos, como de Isla o de Ciudad afuera no hubiese más mundo posible, ni más noticia que reclamesen interés alguno".
Según explica el mismo profesor, "el Pleito estimuló la creación de publicaciones y éstas, a su vez, mantuvieron e incrementaron los enfrentamientos interinsulares. En algunos momentos moderaron y tranquilizaron ánimos y voluntades,. En otros instantes, excitaron las contiendas, canalizaron los enconos. O, simplemente, al reflejar la irritación popular, ante ciertos hechos inocultables, conviertieron en más consistentes unas desavenencias que han llegado a ser tan notroras como seculares".
Los periódicos de Canarias fueron casi todos creados entre 1873 y 1883: La Democracia (Sta. Cruz Tfe, 1883), El Memorándum (Sta. Cruz Tfe, 1873), La Iniciativa (La Laguna), La Opinión (Sta. Cruz Tfe, 1880), El Pueblo (Las Palmas, 1881), El Noticiero (Las Palmas), El Zurriaga (Sta. Cruz Tfe, 1881), La Ilustración de Canarias (Sta. Cruz Tfe, 1882), El Abejón (Sta. Cruz Tfe, 1881), Revista de Canarias (S/C y luego La Laguna, 1878), La Correspondencia (Las Palmas, 1876), El Canario (Las Palmas, 1881), Eco del Comercio (Sta. Cruz Tfe, 1879), La Correspondencia de Canarias (Las Palmas, 1880, sucediendo a La Correspondencia), La Localidad (Las Palmas, 1879), El Murciélago (Sta. Cruz Tfe), El País , El Demócrata (Sta. Cruz Tfe), El Imparcial (Las Palmas), El Iris (Las Palmas), ...
En esos años se renueva la
cuestión de la división de la provincia: el abogado y registrador de
Las Palmas Tomás García Guerra presenta una exposición solicitando la división
del archipiélago en dos provincias. Pero en esos años Fenando León y Castillo
consideraba que la división era una "anticualla". El caso es que el
Consejo de Estado emitió Informe en contra de la pretendida división, según el
cual existía en todos los políticos españoles "un marcado deseo de
suprimir provincias y de construir grandes prefecturas". Aunque plantea la
conveniencia de empezar a estudiar dicha división de la provincia, dada la
extensión del territorio que Canarias comprende, la densidad de población y la
distancia que separa entre sí algunas Islas del Archipiélago.
Conseguido el cable, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nombra hijo adoptivo a Pérez Zamora en
diciembre de 1883, y acuerda colocar su retrato en el salón magno de las Casas
Consistoriales. Pero a partir de 1890 le suceden varias tragedias familiares
seguidas, pues su hija más joven murió en 1890, a sus 16 años, y en 1892
fallece la segunda hija.
En enero de 1884 entra a gobernar de nuevo Cánovas.
El panorama estaba dominado por las fuerzas políticas del sistema canovista, liberales y conservadores, que en Canarias presentaba las coordenadas específicas del “pleito insular”. Esta variable local mediatizaba e incluso subordinaba la propia adscripción ideológica. El liberal Fernando León y Castillo era la referencia fundamental de la política canaria del momento. En Tenerife se dividían las opciones políticas, más allá de su ser liberal o conservador, entre su adhesión o rechazo al pacto con el grancanario, que se remontaba a los tiempos de la hegemonía en la isla del conservador Feliciano Pérez Zamora, fallecido en 1897. La preeminencia de León y Castillo, que no admitía turno, favoreció que en el otro grupo de islas dominase el partido conservador, para evitar el dominio completo de los liberales, dentro del juego de equilibrios propio de la Restauración. El pacto entre los liberales de Gran Canaria y parte de los conservadores de Tenerife (los silvelistas) venía a certificar esta situación, pero fue más traumático por la competencia existente entre las islas que por la vinculación de las dos ideologías turnantes.
Foto de Martín Rodríguez (de Azero)
y Peraza (1848-1904)
Martín Rodríguez Peraza fue una de las principales figuras
políticas de Tenerife de finales del siglo XIX, de la mano, primero del partido
liberal de Sagasta y, posteriormente, del conservador de Cánovas del Castillo.
Desde corta edad fue a estudiar a Mataró-Barcelona (la huella sin duda de su
tío el catalán Juan Cumella, casado con la hermana uterina de su padre) y se
licenció en Leyes por la Universidad de Barcelona. Fue una de las
personalidades de Canarias con mayor cultura y dominaba los idiomas francés,
inglés, italiano, griego y latín. Ya desde su juventud fue nombrado juez
municipal de Arico el 11 de junio de 1874 (a sus 26 años); cargo que ejerció
desde el 19 de septiembre de dicho año hasta el 30 de julio de 1877; el 21 de
mayo de 1877 fue elegido diputado provincial por Güímar (elecciones
provinciales); presidente de la Diputación Provincial de Canarias en 1892 y
1896 (cargo que pronto tuvo que abandonar por motivos de salud, estando muy
vinculado a esta institución desde 1874 a 1899); diputado por Santa Cruz de Tenerife en 1895; jefe del Partido Conservador
en el Sur de la Isla, desde su feudo de Arico; Jefe Superior de Administración
Civil y Gobernador Civil interino de Canarias en 1890 y en 1892, en el ínterin
entre la salida de uno y la entrada del siguiente; etc,...tras años de mala salud, falleció de euremia a
sus 56 años, en 1904.
En 1891-1893 Canarias deja de ser distrito y se convierte en región
militar; sigue mandada por un Teniente General del Ejército, con título de
Capitán General. Se forman 13 regiones y Canarias es sólo una, con Gobernador y
Diputación provincial, pero no se crea el Consejo Regional. En Gran Canaria se
crea un Delegado del Gobierno.
En 1892 se conmemoró el descubrimiento
de América y se construye en Cádiz una reproducción de la carabela "Santa
María".
Siendo alcalde de Las Palmas Francisco
Manrique de Lara y Manrique de Lara, la carabela llega a dicha ciudad el 15 de
febrero de 1893. Se celebran varios actos conmemorativos y se presenta la
famosa placa en la ermita de San Antonio Abad en Vegueta, que tanto ha dado que
hablar, afirmando que Las Palmas había sido escala del gran viaje, el primero
de los cuatro de Cristóbal Colón. Dicha aseveración no tiene base documental,
como sí existe en viajes posteriores de Colón que está documentado que hicieron
escala en Las Palmas.
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife no
tenía intervención directa en las fiestas del Centenario, y había pedido que
las tres carabelas pasaran por la escala de La Gomera, con exclusión de
cualquier otra escala canaria. Finalmente, la carabela también llegó el sábado
18 de febrero de 1893 a Santa Cruz de Tenerife.
En marzo de 1893 el Ministro de la
Guerra suprime la Capitanía General de Canarias, entre otras, sustituyéndola
por una Comandancia General, con la particularidad de la posibilidad de tener
su residencia indistinta en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas. En esta
última se fijó la única Zona de Reclusión. De inmediato surgen protestas en
todas las provincias afectadas por la medida, en especial en Canarias, y más
concretamente en Santa Cruz, que se veía víctima de un despojo. Un folleto de
la Real Sociedad Económica de A. del P. de Tenerife afirma que servirá para dar
nuevos alientos a la rivalidad entre Las Palmas y Santa Cruz. En Las Palmas,
sin embargo, fue lógicamente bien recibido.
El Liberal de Las Palmas denuncia
que en Tenerife se han unido en nefasto contubernio los conservadores - de
Martín Rodríguez (de Azero) y Peraza - y los republicanos; y que a esa campaña
se han sumado unos liberales que atacan al Gobierno, con la finalidad de
defender los intereses de aquella isla.
El ayuntamiento de Santa Cruz se
reunió en sesión pública extraordinaria. Y también el alcalde, Anselmo de
Miranda, marchó a una reunión de mayores contribuyentes, en el Gabinete
Instructivo. En ella se nombró una Junta de Defensa de los Intereses de
Tenerife, compuesta de los señores Juan Cumella y Monner, Isidro Guimerá y
Fonts, José Suárez Guerra, Juan La Roche y Siera, Lorenzo García del Castillo y
el felicianista Emilio Salazar y Chirino. Hubo algaradas y varios grupos de
jóvenes apedrearon algunas casas de significados personajes que el pueblo
tildaba de leoninos (partidarios de Léon y Castillo). El alcalde telegrafió a
París a don Imeldo Serís, quien con tal motivo se incorporó después a las
tareas parlamentarias, incluyendo en su programa "el combatir las reformas
militares".
El 3 de abril de 1893, en el
ayuntamiento de Santa Cruz, se leyó un oficio del Gobierno Civil que reseña
telegrama del Ministro de la Guerra, quien "reitera que la Comandancia
General de estas Islas tendrá su residencia oficial en esta Ciudad" y que
en ella "también permanecerán las oficinas de la Comandancia General y el
personal de Estado Mayor. También se leyó un oficio de la Capitanía General del
28 de marzo, que transcribe telegrama del Ministro de la Guerra, excitándole a
prestar apoyo al Gobernador Civil para mantener el orden " a toda
costa", llegando a encargarse del mando si el Gobernador se lo pide (...).
El alcalde manifestó que había con la Junta de Defensa si creía procedente que
el Ayuntamiento presentase su dimisión y que le contestó afirmativamente. Se
lee proposición de varios concejales de dimitir de todos sus cargos y se
aprueba por unanimidad.
Ante todo este clamor,
un Real Decreto de 28 de junio de 1893 prorroga el plazo de la implantación de
la reforma. Y un Decreto del Ministerio de la Guerra de 30 de agosto procede a
una nueva reorganización militar, cediendo algo a lo pedido por Sevilla y
Burgos. Y en cuanto a Canarias, quedan dos gobiernos militares y dos zonas de
reclutamiento, una y otra para cada grupo de Islas. Esto no satisfizo al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en sesión del 1 de septiembre el
alcalde accidental Francisco Delgado Rojas renuncia a su cargo y los concejales
también dimiten. El Gobernador Civil no admite las dimisiones.
El 5 de marzo de 1893
habían sido elegidos los Diputados a Cortes y el 31 de marzo se eligieron los
Senadores, por medio de compromisarios de todas las Islas Canarias, en el local
de la Diputación Provincial en Santa Cruz de Tenerife.
Pero la turba agredió e insultó
gravemente a muchos de los compromisarios de las otras islas, especialmente de
Gran Canaria. Estos hechos fueron descritos como los graves sucesos del
Viernes Santo.
Según un folleto impreso en Las Palmas
el 7 de abril de 1893, de Fernando Inglott y Navarro y firmado por otros
diputados de aquella isla, y titulado "La Capital de la Provincia de
Canarias. Historia de un escándalo" el relato de los hechos fue el
siguiente: "Los diputados y compromisarios de las demás Islas
desembarcaron en Santa Cruz el Domingo de Ramos, 26 de marzo de 1893. En las
noches del lunes, martes y miércoles fueron insultados, en la Plaza de la
Constitución (actual plaza de España), por jóvenes de familias conocidas, a
ciencia y paciencia del Alcalde Anselmo de Miranda, aunque éste los disculpaba
diciendo que todo el odio y el movimiento popular iban dirigidos contra los diputados
y compromisarios de La Palma y Gomera, que, apoyando a León, traicionaban los
intereses de Santa Cruz de Tenerife. Refiere que la Diputación Provincial no
pudo constituirse y, pese a la mayoría de votos que ofrecían los diputados
(gran) canarios y sus amigos, se vieron obligados a abandonar el salón de
sesiones, con protesta de la actuación del presidente de edad,
"instrumento inconsciente de las habilidades del diputado por Santa Cruz,
Martín Rodríguez (de Azero) y Peraza". En la mañana del jueves se verificó
la elección de la mesa, acusando gran mayoría de los partidarios de León y
Castillo. A los (gran) canarios les habían comunicado que se aceptaría la
candidatura de León a cambio de que se les permitiese sacar al General Weyler y
a un hijo de Tenerife. La mayor parte de los diputados y compromisarios se
alojaban en el hotel de Benigno Ramos (luego conocido como Hotel Victoria). Se
persiguió a los (gran) canarios hasta el Hotel Camacho y por la noche atacan el
local donde duermen los compromisarios palmeros. A lo que se opuso un catalán,
camarero de una fonda, que resultó herido. Y el Viernes Santo, durante la
votación, llega la agresión: insultos, piedras, palos [varios compromisarios
sufren lesiones pero ninguna grave] y al fin llega la fuerza pública enviada
por el Gobernador para poder terminar la elección. Resulta elegido León, y
"explota la mina". Las fuerzas del ejército, un batallón de
artillería, otro de cazadores y la sección montada de la guardia provincial les
protegen en sus personas, pero los equipajes son destrozados en el muelle y
muchas maletas tiradas al agua. A las dos de la tarde se dirigen al embarcadero
los diputados y compromisarios sin equipajes, acompañados del Gobernador Civil,
custodiados por la tropa; les apedrean; es herido el jefe del batallón. Varios
se ven acorralados en el Hotel Panasco (luego conocido por Hotel Orotava) y
logran uno a uno refugiarse en el inmediato castillo de San Cristóbal.
Finalmente embarcaron rumbo a Gran Canaria.
En una primera reacción, los afectados
se niegan a "asistir en ningún tiempo y bajo ninguna forma a ejercer en
aquella ciudad funciones ni derechos políticos de ninguna clase". Fernando
León y Castillo ordenó a sus correligionarios seguir yendo a Tenerife a ejercer
todos sus derechos políticos.
La prensa de Las Palmas se hace eco
inmediato y abundante de tales sucesos y se reproduce la condena de los hechos,
emitida por el periódico de Santa Cruz de Tenerife "La Opinión",
diario conservador, antileonino, de Martín Rodríguez (de Azero) y Peraza,
cuando dice: "Los medios violentos no pueden merecer nuestro
aplauso y, por lo tanto, lamentamos de todo corazón las ocurrencias del 30 y 31
de marzo".
Estos hechos constituyeron, en
opinión de Marcos Guimerá Peraza, la síntesis de las luchas interinsulares y
suponen el punto más vidrioso de lo expuesto en su libro "El Pleito
Insular". "El hecho por el que siempre ha de sentir rubor quien,
tinerfeño, lo conozca y recuerde".
La Real Sociedad Económica de A. del P.
de Tenerife también redacta un informe, a 22 de abril de 1893, alegando que se
exageran los hechos y que deben reducirse a su justo valor pues ni una sola
desgracia personal se produjo. Y que a quien se excedió no hay más que
aplicarle el correctivo que en justicia proceda. También explica que la actitud
de protesta del pueblo de Santa Cruz fue motivada por el desagrado hacia
aquellos diputados y compromisarios de las Islas que, perteneciendo al llamado
grupo occidental, se presentaron en la elección de senadores votando unidos con
los enemigos de Tenerife (...). Y que es notorio que, aun en medio de la
agitación popular, la voz del representante del Gobierno fue escuchada siempre
con respeto (...).
Estos hechos, que seguramente no
llegaron a más gracias a la intervención de la fuerza armada (tal y como
explica León y Castillo en sus Memorias), fueron también interesadamente
exagerados desde Gran Canaria, y supusieron el aumento de la animadversión de
los gran canarios hacia el organismo de la Diputación Provincial de Canarias, con
sede en Santa Cruz de Tenerife, que finalmente recibió el definitivo golpe de
gracia al cabo de unos años con la creación de los Cabildos. También supusieron
la iniciación de nuevos bríos para conseguir la división de la provincia.
En julio de 1893 se funda en Las Palmas
el partido que se denominó "Asociación Patriótica", cuyo jefe real
fue Juan Verdugo y Pestana. Son partidarios de la división y contrarios a León
y Castillo ya que eran canovistas y por entonces había gran frialdad de relaciones
entre Cánovas y Fernando León y Castillo. El Gobernador civil, don Antonio
Castañón, estaba dispuesto a secundarles en sus propósitos. Apoyándose en los
sucesos del Viernes Santo pidieron la división. En junio de 1894 la Asociación
se afilió al partido conservador. Juan verdugo, jefe del partido conservador,
fue nombrado alcalde de Las Palmas en ese mes de junio. Mantuvo estrecho
contacto con Feliciano Pérez Zamora y fue muy censurada públicamente por
mantener también contactos con Rodríguez Peraza y Francisco Belmonte y Vilches,
que junto con Feliciano pretendían fijar - se decía - en Tenerife la jefatura
conservadora de la provincia, así como Las Palmas lo era de la política
liberal.
La votación de los senadores se repite
el 25 de enero de 1894, resultando elegidos León y Castillo, Weyler y Serís.
De la Diputación Provincial ha desaparecido de momento
Rodríguez Peraza y la propia corporación ha llevado una vida irregular, sin que
hubiera podido constituirse definitivamente. Por fin, el 11 de febrero de 1895
se consigue, siendo elegido presidente Fernando de Nava-Grimón y del Hoyo
(1833-1901), VIII marqués de Villanueva del Prado y VIII marqués de Acialcázar,
uno de los más conspicuos leoninos de Tenerife, que había conseguido derrotar
al conservador Febles Campos. De secretario se elige al grancanario Jacinto
Bravo de Laguna y Manrique de Lara (1867 - 1923).
Pocos días más tarde, el 24 de febrero de 1895, se produce el grito de
Baire ¡Viva Cuba Libre!. El Grito de Baire fue un levantamiento simultáneo
organizado en unas 35 localidades cubanas ―entre ellas Baire (Cuba), aldea
situada a unos 75 km de Santiago de Cuba― por el líder
independentista cubano José Martí. Este levantamiento simultáneo
marcó el inicio de la guerra entre Cuba y España y en 1898 Cuba se
independizó de España.
Y el 23 de marzo de 1895 cae Sagasta y entra de nuevo
Cánovas. Este nombra Gobernador Civil de Canarias a Antonio Casteñón y Faes,
que mantendría excelentes relaciones con Rodríguez Peraza y los conservadores
canarios en general.
El 2 de noviembre de 1895 reaparece
Martín Rodríguez (de Azero) Peraza como diputado electo por Santa Cruz de
Tenerife. Y el día 4 es elegido para Vicepresidente de la Comisión Provincial -
Presidente de facto -, derrotando a Blas Cabrera y Topham (destacado leonino).
Una de las primeras decisiones que adopta la Diputación a solicitud de
Rodríguez Peraza es la sustitución del Director de los Establecimientos
Benéficos de Las Palmas, Felipe Massieu y Falcón, jefe local del leonismo,
aludiendo como motivo sus excesivas ocupaciones, sustituyéndole por el jefe
conservador Juan Verdugo y Pestana.
Ese mismo mes sucede otra bomba
interinsular. El 14 de noviembre el Gobernador Castañón declara incompatible al
diputado Blas Cabrera por ser "Notario ejerciente". La discusión se
complicó al siguiente día 16, pues el también diputado y notario Antonio
Delgado y Castillo se ausentó del salón de sesiones sin licencia del
Presidente. Tanto Blas Cabrera como Antonio Delgado eran dos de los cinco
vocales de la Comisión Provincial. Rodríguez Peraza presenta un voto de censura
contra la Mesa por el tema Cabrera. Se aprobó voto de censura pero el asunto no
pudo ser fallado definitivamente por falta de quorum en la Diputación, pues
diputados de La Laguna y todos los de Gran Canaria se excusaron de estar
enfermos. Se cerraron las sesiones de aquel período y la Diputación tardaría en
volver a reunirse cerca de un año entero.
Tanto el Conde del Valle de Salazar
(Esteban Salazar y Ponte) como Martín Rodríguez Peraza (por delegación del
primero) comandaban el partido conservador de Tenerife. Y estuvieron ambos muy
atentos a perseguir esas incompatibilidades, especialmente la de Blas Cabrera
Topham, que finalmente se vio obligado a dejar vacante su cargo de Diputado; al
igual que Antonio Delgado, al estar en idéntica situación.
En 1896 fue fuente de incidentes la convocatoria de elecciones
generales, para el 19 de abril. Los ánimos estaban muy acalorados contra los
"acanariados", objeto siempre de la inquina que sobre ellos había
despertado la injerencia de León y Castillo en las islas
"occidentales", especialmente en Tenerife. La recusación del marqués
de Acialcázar (Fernando de Nava y del Hoyo) y de Cabrera Topham para la Junta
del Censo electoral tuvo lugar en medio de una gran algarada; y el pueblo se
amotinó contra ellos, debiendo interponerse Rodríguez Peraza para evitar una desgracia,
y resultando éste herido con algunos golpes. Esteban Salazar le escribe el día
2 de abril: "Me alegrará se halle V. ya completamente bien de las
contusiones que sufrió por liberar a los acanariados de una folía mayúscula, o
quizás algo más si los coge el pueblo soberano".
Pero el acontecimiento político más trágico de ese año 1896 fue el asesinato el 6 de septiembre del lanzaroteño Leandro Fajardo. Se habían convocado elecciones provinciales para el 29 de agosto. Un artículo de "La Opinión" denunciaba las maquinaciones leoninas para privar de representación al distrito de Arrecife, que comprendía las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Tenerife ya estaba en minoría en la Comisión Provincial, donde se encontraban solos Rodríguez Peraza y Domínguez Alfonso, frente a los otros cuatro vocales Casabuena, Pineda, Abreu y Bautista. Una carta de ese mismo mes de Pérez Zamora a Rodríguez Peraza dice: "Me ha afectado profundamente la muerte alevosa que acaban de dar a Fajardo. Éste era un gran elemento favorable a Tenerife, que nuestros enemigos han quitado de en medio (...)".
La Diputación inició sus sesiones el 2 de noviembre. Después de sucesivas y muy seguidas renuncias de varios Diputados a ejercer la Presidencia, en la sesión del día 16 es elegido Presidente Rodríguez Peraza, pero también declina unos días más tarde en la sesión del 19. A continuación también renuncian José Manuel Pulido, Miguel Velázquez Curbelo, Eladio Afonso González y se elige finalmente a Juan Febles Campos, que era presidente del Comité liberal conservador de la Capital.
El 8 de agosto de 1897 Cánovas es asesinado. Su muerte supuso la fragmentación del partido liberal-conservador, ya tocado del ala desde la escisión de Silvela. La Presidencia del gabinete la ocupa el general Azcárraga, pero cesa en octubre y entra a gobernar Sagasta. En Cuba Weyler es relevado del mando y en Canarias cesa y es sustituido el gobernador Castañón.
Asesinato de Cánovas del Castillo el 8 de agosto de
1897, en el balneario de Santa Águeda.
La puntilla a aquel gobierno y, por ende, al duque de Tetuán, vino de la mano de la decisión de la Regente de llamar al poder a Sagasta en septiembre de 1897. Más que un cambio de liderazgo lo que se produjo fue una auténtica reorganización de los conservadores en torno a Francisco Silvela, con la fundación incluso de un nuevo partido, Unión Conservadora, y su reconocimiento por parte de Sagasta como nuevo interlocutor. El 26 de septiembre se escinden del partido el Duque de Tetuán y otros disidentes.
Tienen lugar las elecciones de Diputados a Cortes el 19 de marzo de 1898. Resultan elegidos por Tenerife el Conde del valle de Salazar, el Conde de Belascoín, Juan García del Castillo (liberal y presunto leonino), y el marqués de Casa-Laiglesia (Guillermo Rancés y Esteban, conservador silvelista tenido por pactista, es decir, partidario de la entente con Léon y Castillo). Quedó derrotado el marqués de Villasegura (Imeldo Serís) y Feliciano Pérez Zamora ni se presentó. La elección de senadores, el 10 de abril, dio el triunfo a León y Castillo, a Diego Velázquez Carranza (conservador) y a Domínguez Alfonso (liberal).
El 23 de abril se declara oficialmente la guerra con Estados Unidos. El 3 de julio se pierde, heroica e inútilmente, la escuadra al salir del Santiago de Cuba. El 16 se firma la capitulación y el 10 de diciembre se firma el Tratado de París.
En el ámbito político nacional se consumaría la escisión dentro del partido de Sagasta del grupo Camazo-Maura, el 31 de octubre. Y en el local, se celebran elecciones para diputados provinciales. En ellas triunfaron los liberales antileoninos y los conservadores de Martín Rodríguez (de Azero) y el Conde del Valle de Salazar (Estaban Salazar y Ponte), que hicieron fracasar el "pacto" ente León y Castillo y los conservadores oficiales (silvelistas). Entre estos últimos están el juez José María Hernández Leal, el abogado Agustín Rodríguez Pérez, Santiago de la Rosa y León y Antonino Yanes Volcán (que había sido años atrás muy cercano a Juan Cumella y de hecho aparecía en la herencia en 1892 de su mujer Antonia González Delgado).
Martín Rodríguez Peraza, en señal de protesta por el pacto, no presentó su acta en la Diputación, marchó a Firgas a tomar las aguas y dejó de escribir en "La Opinión".
El 4 de diciembre de ese año de 1898 falleció Juan Cumella. Juan León y Castillo, enfrentado políticamente a su hermano Fernando, le dedica grandes elogios, así como numerosos políticos de una y otra isla.
El gabinete liberal de Sagasta cayó en marzo de 1899; y el día 4 de
marzo forma su primer gobierno el conservador Francisco Silvela, que tuvo gran
predicamento en el sector conservador tinerfeño encabezado por el marqués de
Casa-Laiglesia, Guillermo Rancés y Esteban. Silvela tuvo gran sintonía con
Fernando León y Castillo.
A Guillermo Rancés le siguieron los conservadores de Santa Cruz de Tenerife, principalmente los pactistas, liderados por Juan Febles Campos ―entre ellos estaban Agustín Rodríguez Pérez, José María Hernández Leal y Antonio Yanes Volcán―, que como hemos dicho montaron una candidatura alternativa, la tercera, Rancés-Lorenzo García Beltrán y buscaron el apoyo de un sector de los liberales, representado por Imeldo Serís, en el tercer lugar de la candidatura.
Los liberales de Tenerife, encabezados por el magistrado Domingo Martínez Navarro - íntimo colaborador del Conde del Valle de Salazar y muy amigo de Rodríguez Peraza - deciden presentar para el tercer puesto y junto a García Beltrán a Antonio Domínguez Alfonso, quien desde Madrid aceptar integrar esa cuarta candidatura de Rodríguez Peraza- Domínguez Alfonso.
Rodríguez Peraza y el Conde del Valle de Salazar se habían asociado al duque de Tetuán, cabeza visible de los citados “Caballeros del Santo Sepulcro” (tras el asesinato de Cánovas), con gran predicamento en la isla, pero que carecían de la influencia que era capaz de desplegar la Unión Conservadora de Silvela.
El 14 de abril los conservadores pactictas (José María Leal Hernández, Agustín Rogríguez Pérez y Antonino Yanes Volcán, entre otros) lanzaron un nuevo periódico que titularon significativamente como "Unión Conservadora", siendo director Ulises Guimerá y Castellano (que había sido director de La Opinión y que sería luego alcalde de Santa Cruz de Tenerife).
En las elecciones del 16 de abril de 1899 resultaron elegidos el propio Rancés, el funcionario García Beltrán e Imeldo Serís, es decir, la candidatura íntegra protegida por el pacto con Fernando León y Castillo. Quedaron derrotados Rodríguez Peraza (por muy pocos votos de distancia respecto a Imeldo Serís y a García Beltrán) y Domínguez Alfonso (algo más distanciado del resto). Pérez Zamora no se presentó, y moriría a los pocos meses en Madrid de una gripe que degeneró en pulmonía.
"La Opinión" denuncia irregularidades en las actas de Gomera y Hierro. Rodríguez Peraza pidió la nulidad del escrutinio general, llegándose a la expulsión de Rodríguez Peraza del local de la Junta de escrutinio. Esteban Salazar, enfermo, en carta del 22 de abril, le dice a Martín Rodríguez Peraza: "He sentido muchísimo, más que si se hubiera tratado de mi persona, el que no haya sido V. proclamado Diputado. Hemos sufrido una gran contrariedad, una verdadera desgracia, con el triunfo de los pactistas, por más que sea debido a las tropelías y manejos que todo el mundo sabe". Y le emplaza a descansar y prepararse para la revancha. Pero no sucedería tal cosa, pues la vida política de ambos tocaba a su fin.
En Las Palmas, al saberse la derrota de Rodríguez Peraza, hubo cohetes voladores.
En la elección de senadores el 30 de abril, salieron elegidos León y Castillo, Diego Vázquez Carranza y el capitán de navío Antonio Terry y Rivas (subsecretario del ministerio de Marina, íntimo de León y Castillo). Este último falleció en 1900 y fue sustituido por José Ramos Izquierdo y Castañeda, a lo que protestó Rodríguez Peraza.
La maniobra tuvo efectos inmediatos en el partido liberal de Tenerife, que también se dividió. El magistrado Domingo Martínez Navarro (hombre de Chasna), Ricardo Ruiz y Aguilar, Constantino Hernández, Juan de Urquía y el general Weyler apoyaron al conservador Rodríguez Peraza, formando una candidatura conjunta con Antonio Domínguez Alfonso. Son los llamados weyleristas. También están Pedro Schwartz y Mattos, Matías G. Molowny y el propio Conde del Valle de Salazar.
El 4 de mayo de 1899 tomó posesión Rodríguez Peraza de su cargo de diputado provincial por el Distrito de Santa Cruz de Tenerife, enfrentándose desde el primer momento - junto con el liberal Pérez Armas y el republicando José Manuel Pulido - con el nuevo presidente, Santiago de la Rosa, destacado pactista, y con Fernando Casabuena, leonino de pro.
En las elecciones municipales del 14 de mayo de 1899, triunfaron los de Unión Conservadora y los republicanos; resultando derrotados los conservadores "disidentes" de Rodríguez Peraza, que eran Carlos La Roche y García, Ángel Crosa y Costa, Ramón García y García, Andrés Torres Socas, Carlos Díaz Rodríguez, Anselmo de Miranda y Vázquez, Emilio Serra y Fernández de Moratín, José Hernández Alfonso, José Rodríguez Martel, ....
Martín Rodríguez Peraza, desengañado por estos fracasos, marchó de viaje a la Península con su familia a finales del mes de mayo, permaneciendo allí varias semanas. A su regreso no acudió a la Diputación provincial hasta el 10 de diciembre del siguiente año de 1900. Su apartamiento de la política era casi total.
El choque entre los conservadores "disidentes" de Rodríguez Peraza y los "oficiales" de la Unión Conservadora silvelista, propició que el 27 de agosto de 1899 el periodista - redactor jefe del periódico "Unión Conservadora" - y poeta Patricio Perera Álvarez sufriera una brutal paliza a palo limpio, de la que murió tres semanas después.
En 1899-1900 se produjo un intento de unir las dos islas, por el periodista y abogado Luis Rodríguez Figueroa, conocido el intento con el nombre de "Pacto o tregua del Taoro", por haber tenido allí su sede. Se reunieron representantes de una y otra isla, pero quedó finalmente en nada.
Ambas facciones, la weylerista y la de Serís, tuvieron que recomponerse
al entrar Sagasta nuevamente a gobernar en marzo de 1901. En el gabinete
estaban el marqués de Tenerife (Valeriano Weyler) en la cartera de Guerra
(acababa así su posible caudillaje), Moret en Gobernación y a partir de 1902
también Canalejas, aunque éste último terminó por separarse para fundar el
Partido liberal democrático. La mayoría del partido en Tenerife, fiel a Sagasta
y bajo el nuevo liderazgo de Julio de Tolosa y Mandillo, sí secundó entonces la
candidatura del marqués de Villasegura Imeldo Serís.
El órgano oficial de los liberales, el "Cronista de Tenerife" (1824-1904), con su candidato Imeldo Serís, realiza un acercamiento a "La Opinión", que apoyaba a Domínguez Alfonso. A partir de ahí, "La Opinión" pasa a ser el primer portavoz del partido liberal tinerfeño, quedando el Cronista en lugar secundario.
En 1902 comienza el reinado de Alfonso XIII (de 1902 a 1917).
En
diciembre de 1902 entra a gobernar la minoría conservadora Silvela-Maura (en julio de
1903 dimite Silvela). En ese período sigue resurgiendo el divisionismo, las
Asambleas de Las Palmas y Tenerife y, como resultado de las mismas, la creación
- fundamental - de los Cabildos Insulares.
En mayo de 1903, ya en el siglo XX, se inicia una nueva etapa de divisionismo con la creación del "partido local canario", en Las Palmas, disidencia del leonismo en Gran Canaria, que se declara también partidario de la división de la provincia, frente al criterio inhibicionista de León y Castillo y los suyos. El nuevo partido estimaba que era ya imposible luchar por la capitalidad y por ello centraba todas sus fuerzas en conseguir la división de la provincia. Carlos Navarro y Ruiz fue elegido como su presidente o jefe y Salvador Manrique de Lara y Massieu como vicepresidente. Pactaron en la política regional con los conservadores de Tenerife, acaudillados por Martín Rodríguez (de Azero) y Díaz-Llanos (hijo único de Martín Rodríguez Peraza), pacto que duró hasta 1907, fecha en la que desapareció la Arrendataria de Puertos Francos.
En Gran Canaria, Franchy y Roca, jefe de
los republicanos federales, era a veces sí a veces no partidario de la división
de la provincia.
En 1904 se aprueba una proposición en el
Congreso y luego en el Senado, por la cual Gran Canaria pasó a contar con tres
diputados, al igual que hasta entonces disponía Tenerife. Ello influiría en
futuras elecciones.
Mientras Gran Canaria sostiene el
principio divisionista, y cuenta con la evidente influencia de León y Castillo
en la política nacional, Tenerife busca el apoyo en las restantes islas,
recogiendo las incipientes ideas de autonomía, a cuyo fin se rememoran los
antiguos Cabildos, al tiempo que se opone, abiertamente, a la división.
Volvamos a recordar que la división,
propugnada decididamente por el partido local canario, no encontró apoyo, al
principio, en León y Castillo, sino más bien su oposición. Desde el comienzo de
su poder e influencia, León afirmó: "la división es una anticualla".
Fue más tarde, sobre 1910, cuando don Fernando se decidió a luchar por el
divisionismo.
En marzo de 1905 es enviado a Canarias,
en visita de inspección, el fiscal del Tribunal Supremo el catalán Juan
Maluquer y Viladot. El motivo fue una denuncia que se había formulado contra el
sistema de la Sociedad Arrendataria de Puertos Francos, en la que ostentaba
gran mayoría el partido liberal de Canarias. En Las Palmas varias comisiones y
representaciones le pidieron la división de la provincia. Las conclusiones de
su informe, clarividentes, revelan que pide una Audiencia para Santa Cruz, que
en un futuro próximo la división será un hecho entre las islas orientales y las
occidentales y que el delegado del gobierno en Las Palmas debe ser casi un
gobernador civil.
En marzo de 1906 el Gobierno de Moret
decide que el rey Alfonso XIII viste la lejana provincia de Canarias. El viaje
incluyó también Andalucía y duró desde el 23 de marzo al 14 de abril. El
ministro Romanones escribió unas Memorias del viaje, que dieron lugar a
distintas interpretaciones desde cada isla. En dicha memoria expresaba los
problemas detectados y las dificultades de la rivalidad entre las dos grandes
islas, y apenas apuntaba alguna solución, sin tomar partido por ninguna.
En marzo de 1907 comienza el gobierno
largo de Maura, durante el cual planteará a las Cortes su famoso proyecto de
reforma de la administración local, que puede considerarse según Marcos Guimerá
Peraza su mejor obra, aunque no llegara a puerto. Tal proyecto puso de nuevo al
rojo vivo el pleito insular, con debates patéticos en el Congreso y asambleas
magnas en las Islas Canarias.
Maura decide emprender lo que él había
llamado "la revolución desde arriba". El primer paso, a su juicio,
era el descuaje del caciquismo - fenómeno social político advenido a España
sobre 1840 y que perduraría hasta 1923. Para ello, nada mejor que emprender una
reforma de la administración local a fondo, desde su base - los municipios -
hasta las mancomunidades.
La cuestión insular se empezó a agitar
en las Cortes en junio de 1907 cuando en el Senado se expuso la situación de
Canarias y la conveniencia de evitar contiendas desagradables, otorgando de una
vez la división de la provincia. Maura contestó que estudiaría la reforma, que
podría discutirse con el proyecto de Administración Local.
En Las Palmas se nombraron comisiones
para trabajar por la división.
En enero de 1908 - año muy importante en
esta fase del pleito - visita Las Palmas el Director General de Agricultura y,
como consecuencia de su visita, crea una Sección Agronómica en Las Palmas, con
su laboratorio, y la división en dos Secciones del Consejo de Agricultura,
Industria y Comercio; una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Ese mismo mes el
ministro de Marina suprime la Comisaría de Marina de Tenerife, conservando
la del Puerto de Las Palmas. Estalla la protesta en Santa Cruz, y entonces el
ministro suprime las dos Comisarías y crea dos Habilitados, uno para cada
puerto. Se justifica el ministro diciendo que se debió decir una Comisaría de
Marina en Canarias y por error pusieron en Gran Canaria.
Maura prometió que si todos se ponían de
acuerdo daría la división. Pero desde Gran Canaria ni suquiera obtuvieron de
Tenerife que se celebrase una reunión. "En tanto, se había planeado la
nueva organización del Archipiélago, redactándose un esbozo de proyecto de ley
para presentar a las Cortes (...) Se creaban dos provincias". Pero
todo quedó en suspenso, porque los diputados por Tenerife no accedían a la
división, ni siquiera se hallaban dispuestos a tratar amistosamente de este
asunto. Y Maura sólo dijo que no podía operarse en un cuerpo inflamado. Fue una
manera de eludir la cuestión.
Se celebraron varios mítines en Gran
Canaria y se constituyó en Las Palmas una Junta de Defensa.
En mayo de 1908 tuvo lugar en Tenerife
una Asamblea magna, de la cual habría de venir una idea que sería al final la
que prevaleciera. Nace en Tenerife la llamada "Unión Patriótica".
A la asamblea no asistieron representantes de Gran Canaria, pero sí de las
cuatro islas occidentales. La ponencia más interesante, que todavía hoy en día
apasiona a las gentes, mueve prensas, dicta conferencias y publica libros, fue
según Marcos Guimerá Peraza la de Ramón Gil-Roldán y Martín (1881-1940),
representante del Ateneo de Santa Cruz de Tenerife. En ella pide
descentralización y autonomía, contra el poder monopolizador del centro; el
Archipiélago - dice- con su aislamiento del continente y su división en islas,
"parece que reclama una organización política o por lo menos
administrativa distinta a la arbitraria que tienen las provincias
españolas". El Proyecto de Bases, en la Organización Insular, pide en cada
isla un Cabildo (...) con las atribuciones que confiere la ley a las
diputaciones provinciales en la nación (...) y en la Organización Territorial,
una asamblea regional y un gobernador general (...). Gil-Roldán insistiría,
hasta el final de su vida política en 1936, en la creación de una región
canaria y la dotación de un estado autonómico.
Era lógica, según Marcos Guimerá Peraza,
como actitud de defensa, proponer el mantenimiento de la unidad provincial de
Canarias; al fin y al cabo, Santa Cruz de Tenerife era la capital desde el
primer tercio del siglo XIX. Pero la sugerencia de creación de los Cabildos
fue, también según él, un verdadero acierto porque su posterior arraigo
confirma su plena identificación con la realidad física en que nos asentamos:
la isla.
Marcos Guimerá Peraza, en su libro
editado en 1976, cree que "una Asamblea regional sería tan inviable
como la Diputación Provincial - única existente entonces -, como lo sería hoy una
mancomunidad a escala regional; ni la del gobernador general, destinada a
fracasar de antemano, tanto por su condición de virreinato, cuanto por su
forzosa centralizada organización y residencia en una y otra de las islas -
aunque se quiera paliar con la residencia alternativa. Asamblea y gobernador
habrían de residir en la capital de la provincia, y es no podía, en modo
alguno, llenar las aspiraciones de Las Palmas. Por todo ello, sólo los Cabildos
podían satisfacela; y eso en segundo grado, después de la ansiada división, con
capitalidad diferente".
(Nota: Hasta
1931, con la aparición de la II República, no se volvió a nombrar ningún
proyecto de autonomía para Canarias ni para las demás regiones
españolas. La Constitución de 1931 abrió el camino para que las
distintas regiones pudieran convertirse en autonomía. Para que esto llegara a
darse era necesario que las provincias que se querían unir crearan un estatuto.
En Canarias, el proceso autonómico aparece en 1936 (el Frente
Popular gana las elecciones) mediante el republicano Ramón Gil
Roldán, presidente saliente de la Mancomunidad Provincial Interinsular de Santa
Cruz de Tenerife, y el Colegio de Agentes Comerciales de Las Palmas, que
presentan sendos proyectos de Estatutos. En agosto de 1936, las
Mancomunidades Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife son las
encargadas de realizar una nueva propuesta de Estatuto para Canarias, donde se
hace mención a la capitalidad compartida. Sin embargo, el golpe de
Estado de julio de 1936 interrumpe este proceso, apareciendo
la dictadura del general Franco con un modelo de estado unitario
. Un proceso preautonómico se inició en Canarias tras las elecciones
del 15 de junio de 1977, pero se necesitaría que la Constitución se aprobara
para poder poner en marcha este proceso.)
Por lo tanto, la creación de los Cabildos
partió de Tenerife, pero luego veremos que al desarrollarse el reglamento
transitó por otros derroteros diferentes a los que habían considerado sus
promotores y acabó volviéndosele en contra.
La Diputación Provincial de Canarias,
con sede en Tenerife, suplica en esos meses que no se rompa la unidad
económico-administrativa del Archipiélago canario. En cambio, desde Las Palmas
(el diputado Perojo) pide que se divida la Permanente de la Diputación Provincial
en dos secciones independientes con iguales atribuciones: una con residencia en
Las Palmas y otra en Santa Cruz de Tenerife. Tras enconadas discusiones se
otorgó la división de la Comisión provincial. Desde Tenerife (los diputados
Benítez de Lugo y Rancés) se quejan de que no se haya concedido en
contraprestación y por los mismos argumentos la división de la Audiencia
Provincial. Maura la prometió pero nunca sucedió bajo su mandato; sólo se
consiguió presupuesto en sesiones posteriores para crear en 1909 una Sección de
la Audiencia Territorial con carácter fijo y residencia permanente en Tenerife
(ello motivó que se rompiera en las Palmas la lápida que da nombre a la calle
de León y Castillo, pues algunos lo culpaban a él de negligencia). También
piden una sección de la Comisión provincial para La Palma. Desde La Palma (el
diputado Poggio) dice que pediría la capitalidad de la provincia para La Palma
como medio para evitar las discordias entre Tenerife y Gran Canaria.
Es importante un comentario que entonces
hace Moret (que al año siguiente volvió a encabezar el Gobierno nacional, en
sustitución de Maura), que habla por ausencia de Romanones: "Dividida
la provincia de Canarias en una serie de islas no me cabe en la cabeza cómo
podrán agruparse; me parece que cada una es una unidad, y la única agrupación
posible es que cada una tenga un representante".
Aprobada pues la enmienda Perojo-Galdós en esa sección del 16 de octubre de 1908, "hubo en Santa Cruz protestas con ribetes de rebeldía, mientras que en Las Palmas hubo júbilo estruendoso".
Al día siguiente, se leyó y pasó a Comisión otras enmiendas de Perojo, pidiendo por ejemplo un subgobernador para las islas orientales, con sede en Las Palmas. Fue una dramática sesión, pues en el trascurso de réplicas y contra réplicas fallece José del Perojo, cayendo al suelo. Parece ser que el Gobierno no había admitido las enmiendas, por miedo a las algaradas que se habían promovido en Tenerife, y fue eso lo que causó el gran trastorno en el ánimo de Perojo que acabó con su vida.
Al saber Perojo que la Comisión
declararía que no podía aceptar la enmienda, corrió de un lado para otro, llamó
a distintas puertas, (...), amenazó con romper su investidura de diputado
(...). Cuando Benítez de Lugo terminaba de contestarle, la Cámara se apercibió
de que había muerto en su escaño (...).
La parte municipal del proyecto,
que había sido aprobada por el Congreso en julio de 1908, pasó al Senado en
enero de 1909, se empezó a votar en votaron en mayo, y ahí se quedó sin
convertirse en ley al cesar Maura en el Gobierno como consecuencia de la Semana
Trágica de Barcelona. Las Cortes se cerraron hasta octubre de 1909.
El 12 de septiembre de 1909 Andrés de
Arroyo también propuso en el Ateneo de La Laguna, y por el que obtuvo el primer
premio en el certamen literario, un "régimen autonómico-regionalista para
Canarias, con el establecimiento de Consejos o Juntas Insulares".
Los sucesos de la guerra de Marruecos,
la Semana Trágica de Barcelona y el fusilamiento de Francisco Ferrer
determinan en octubre
de 1909 la caída de Maura y de su gobierno conservador. Y Moret es llamado a
gobernar.
El 15 de noviembre de 1909 (tres días
antes de erupcionar el volcán Chinyero en Tenerife) se publica un Real Decreto
por el que se facilitaba el paso a un régimen de descentralización municipal,
que constituía en Moret un añejo afán. Su artículo 28 dispuso "El gobernador
de Canarias residirá alternativamente, y con igual proporción de tiempo al año,
en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria (...)". Dicha
solución no fue bien recibida en ninguna de las dos principales ciudades del
archipiélago; y se siguió luchando por la división y por la capitalidad
provincial. Además, dicha disposición se aplicó sólo durante tres días,
dejándola sin efecto o en suspenso hasta que el gobernador civil, con ciertas
audiencias, le informase sobre el problema. Moret había salvado solamente las
apariencias, para tranquilizar los ánimos de Gran Canaria, pero sin éxito. El
13 de noviembre se habían repartido en Madrid 30.000 ejemplares de un
Manifiesto de la Junta de Defensa constituida en Las Palmas combatiendo la
desgraciada idea. Tampoco fue bien recibida en Tenerife, pues "se
arremetió contra el Gobierno de modo escandaloso, protestaron duramente contra
tal disposición que establecía la capitalidad alternativa, agitaron las
campanas de sus iglesias, arriaron la bandera nacional en el Ayuntamiento de
Santa Cruz y sus periódicos venían encendidos de verdadero fuego en las
censuras, volviéndose contra las personalidades canarias que habían recabado la
resolución". El ministro, si bien no lo derogó, suspendió los efectos del
decreto, con el pretexto de abrir una información. Debió comprender que a nada
práctico conducía, pero la suspensión de los efectos del decreto también trajo
el disgusto de ambas partes, dándose cuenta de la ligereza de tejer y destejer
del Gobierno.
Revueltos contra Moret los propios
liberales, este dimitió y entró en el poder José Canalejas y Méndez,
acreditando grandes dotes y siendo considerado como "el gran
antagonista" de Maura. Canalejas nombra ministro de Fomento al guipuzcoano
Fermín Calbetón y este dicta en 7 de abril de 1910 un Real Decreto por el que
divide la Jefatura de Obras Públicas, una para Las Palmas y otra para Tenerife.
Las reclamaciones y protestas de Tenerife neutralizaron las alegrías de Gran
Canaria y fueron la causa de que el 13 del mismo mes se suspendieran los
efectos del Decreto. Al saberse en Las Palmas esta resolución, sobrevinieron
las protestas y manifestaciones que eran tan naturales, invadiendo las calles
numeroso público, al que dirigió la palabra el alcalde, con gran energía y
dignidad, siguiéndole otros oradores. El Gobierno, ante estas actitudes de unos
y otros, prometió oírlos a todos y llevar muy pronto el asunto a las Cortes. A
pesar de ello se organizó un mitin en el que los oradores fustigaron duramente
al Gobierno en general, y en particular al ministro de Fomento, por la falta de
seriedad con que había procedido en un asunto que mantenía en plena excitación
los ánimos de Canarias.
Las Cortes conservadoras se disolvieron
el 14 de abril y se convocaron elecciones, para el día 8 de mayo, las de
diputados, y para el 22 las de senadores. Las Cortes se constituyeron el día 15
de junio y, según Domínguez Alfonso, es a partir de esta elección
cuando León y Castillo se hizo divisionista.
Los diputados elegidos por Tenerife fueron Antonio Domínguez
Afonso, patrocinado por la "Unión Patriótica", Juan Sol y Ortega,
también por la "Unión Patriótica", y Eduardo Cobián y Roffignac.
Resultaron derrotados Félix Benítez de Lugo y Manuel Delgado Barreto.
Los diputados elegidos por Las Palmas fueron el Conde de Romanones, ministro de Instrucción Pública, Leopoldo Matos y Massieu y Luis Morote y Greus. Resultaron derrotados José Franchy y Roca, Benito Pérez Galdós y Juan Vázquez de Mella.
Por La Palma Pedro Poggio y
Álvarez, siendo derrotado Julián Van-Baumberghen.
Los senadores elegidos fueron Fernando
León y Castillo (marqués del Muni), José Cort y el conde de Belascoaín; siendo
derrotados Juan Maluquer y Viladot, de la "Unión Patriótica", Juan de
Urquía y Manuel Delgado Barreto.
El Gobierno dicta la Real Orden de 16 de
abril de 1910, por la cual se abre información por tres meses sobre organización
administrativa y sobre organización electoral, acudiendo a "las
fuerzas vivas de Canarias", para saber qué aspiraciones sienten por lo que
hace a personalidad de cada una de las islas en los asuntos peculiares, y
dentro, claro está, del régimen común (...), cuáles son los organismos y las
autoridades que habrían de establecerse y con qué funciones; qué relación han
de guardar esas entidades con los municipios y con la Diputación Provincial".
Se pedía su opinión a la Diputación Provincial, Ayuntamientos, Cámaras de
Comercio y Agrícolas, sociedades económicas industriales y mercantiles, ligas
de productores, asociaciones, sindicatos, etc,...
Esta información, basada en la Asamblea
tinerfeña de 1908, no satisfacía los anhelos de divisionistas de Gran Canaria.
Dicha Asamblea de 1908 fue la que propuso la idea de resucitar los Cabildos
insulares y el poder central ya iba aceptando dicha idea. Sin embargo, la
decisión final de gobierno Canalejas no agradó tampoco en Tenerife. Volvieron
los folletos a circular y la paz isleña volvió a alterarse, tanto en Tenerife
como en Gran Canaria. Las islas menores aprovechaban la lucha entre ambas islas
mayores, presionando para la autonomía insular, con centros administrativos
para la resolución de sus asuntos y el distrito electoral para cada isla. El
plesbicito enviado a Madrid por las islas menores era contrario a la división.
En resumen, y como detalla el citado
libro de Marcos Guimerá Peraza, mientras Tenerife quiere la unidad regional,
con descentralización por Cabildos, Gran Canaria pide, ante todo, la división
de la provincia, con la formación de dos grupos de islas, orientales y
occidentales, sin perjuicio de la creación de los Cabildos en cada una de las
islas. Las espadas seguían en alto...
Abiertas las Cortes el 15 de junio
de 1910, Leopoldo Matos acusó de haberse interrumpido la política favorable a
Gran Canaria con la subida al poder del partido liberal y recuerda que ya le
toca - desde el 15 de mayo - al gobernador civil pasar a residir
alternativamente a Las Palmas.
Tenerife celebró su Asamblea el 18 de
agosto de 1910. para sostener la unidad; pedir la creación de una audiencia
provincial en Santa Cruz de Tenerife; autonomía insular con Cabildos que
tuvieran facultades municipales; distritos electorales para cada isla; juzgado
en El Hierro y en Puerto Cabras; y los demás organismos autónomos que cada isla
necesitara. Se pretendió que esta Asamblea fuera provincial, pues a ella
asistieron dos personas de Lanzarote y Fuerteventura que residían en Santa
Cruz.
La Palma también llevó a efecto su propia Asamblea el 6 de noviembre de 1910, con análogas conclusiones.
Esta Asamblea pedía al Gobierno la división del archipiélago en dos
provincias, con la mayor descentralización administrativa de las islas,
creación del distrito electoral Lanzarote-Fuerteventura y la creación de un
juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Fuerteventura.
Desde enero de 1911 se empezaron a celebrar reuniones preliminares en
Tenerife para organizar la Asamblea provincial. Se invocaba la Asamblea de 1908
y se manifestaba querer conservar la unidad del todo natural. También se
circuló un reglamento para el régimen de la misma, fechado el 18 de enero, y un
cuestionario que versaba sobre la conveniencia de que constituya una sola
provincia, respetando el derecho de Santa Cruz a ser la capital, reformas a
introducir en la administración de las islas, nuevos distritos electorales para
Lanzarote, Fuerteventura y Hierro para diputados a Cortes; y otras
necesidades...
La Asamblea en Tenerife se constituyó el
19 de febrero, bajo la presidencia del alcalde Santa Cruz Juan Martí Dehesa. Se
procede a la elección de la Mesa: presidente, Agustín Rodríguez;
vicepresidentes, Eusebio de la Barreda y Paiva, Sebastián Bencomo Padilla, José
María Díaz, Rodolfo Cabrera Calero, Tomás Salazar y Cólogan, Pedro Miguel
Sotomayor, Julián Can-Baumberghem; secretarios, Emilio Calzadilla Dugour,
Antonio de Lara y Zárate, Jerónimo Schwartz y Díaz-Flores y Eduardo Tacoronte
Bretillard. En sesión del 22 de febrero se pide al Gobierno que se
suspenda la presentación a las Cortes del proyecto de reformas administrativas
hasta que se conceda a Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro "el
derecho de representación parlamentaria que las corresponde y aquellas hayan
designado sus respectivos diputados, los cuales habrán de intervenir en la
discusión y aprobación de dicho proyecto de reformas". También que se
cree en Santa Cruz una Comandancia General exenta de Marina, con jurisdicción
para todo el Archipiélago y las posesiones españolas del África Occidental, así
como el restablecimiento de la Universidad de San Fernando, que había sido
suprimida en 1845. Se prevé el que haya en cada isla un Cabildo o Concejo, con
las facultades de las Diputaciones, y una Asamblea o Diputación provincial, con
las atribuciones autonómicas sin quebrantar la unidad de gobierno ni la
nacional, así como una delegación del Gobierno en cada isla.
Habla también el político catalán
Juan Sol y Ortega (1849-1913), declarándose partidario de la unidad provincial,
que defenderá en el Parlamento; de la autonomía administrativa y económica de
las islas, de la ampliación de los distritos electorales. Autonomía no sólo
total sino insular y municipal, que es incompatible con la división. A los de
Las Palmas los llama "los señores de enfrente". Dice que él ha
librado batallas contra sus paisanos (catalanes) en defensa de la integridad de
la patria. Ojo, porque
esta incorporación de Sol y Ortega a los intereses tinerfeños será determinante
en este año y el siguiente. Fue un polemista temible y enemigo de Maura. El día
24 se celebra un banquete a Sol y Ortega en el Hotel Quisisana de Santa Cruz de
Tenerife. Al año siguiente se le hará hijo adoptivo de Santa Cruz de Tenerife.
Según su biógrafo Tato y Amat, sin él (que incluso se encaró duramente con
Canalejas), Domínguez Alfonso hubiera sido atropellado en la sesión del 13 de
junio de 1911 y el pleito hubiera concluido en aquel momento.
El 6 de marzo de 1911 fueron convocadas
las Cortes.
Martín Rodríguez (de Azero) y
Díaz-Llanos, en carta de 4 de marzo de 1911 a Maura, en repuesta al
requerimiento de éste para que apoye la candidatura del Conde de Torrepando, le
dice: "No estamos en condiciones para afrontar una lucha con éxito
porque desde que murió mi tío [realmente tío abuelo] el Sor.
Cumella está desorganizado en Tenerife el partido conservador, y la obra
destructora de doce años no puede reconstruirse en unos cuantos días".
El III Conde de Torrepando (Juan Bautista de la Torre y de la Vega) fue senador
por la provincia de Canarias desde 1907 a 1910 y en junio de 1911 presentó
un informe en contra de la división provincial de Canarias y a favor de la
descentralización administrativa.
Volviendo a las Cortes, el ministro de
la Gobernación, Fernando Merino (conde de Sagasta) había estudiado y redactado
un proyecto de ley francamente divisionista; pero sobrevino una crisis y había
cesado en enero. Ocupó su lugar Alonso Castrillo, que vio el texto del proyecto
y lo modificó ligeramente. El 20 de marzo Matos pide al Gobierno que traiga el
proyecto de ley que resuelva el problema canario. Canalejas le contesta que lo
traerá, pero que no puede fijar plazo al tratarse de una cuestión grave que
debe estudiar con todo detenimiento. El 3 de abril otra crisis se llevó por
delante al ministro Alonso Castrillo, junto con el de la Guerra y otros; y le
sustituye Ruiz Valarino, que dejaba el Ministerio de Gracia y Justicia. Y
fue éste quien redactó, el 6 de mayo, el proyecto divisionista y lo presentó a
las Cortes.
Ruiz Valarino se desentiende de las peticiones
de régimen autonómico propuesta por la Asamblea tinerfeña de febrero, con los
Cabildos insulares, modernizados, y resuelve diciendo: "Hay dos
ciudades que aspiran a la capitalidad; pues que las dos sean capitales".
El proyecto de ley tuvo repercusión inmediata en las islas. En Tenerife desde que se conoció comenzaron los escándalos y manifestaciones para que se dieran largas a la cuestión, solicitándose se pidieran informes a las Corporaciones canarias. El general Weyler, héroe de Cuba, habló con Canalejas oponiéndose a la división; hubo manifestaciones en San Miguel y en Santa Cruz dimitió su alcalde Martí Dehesa. En Santa Cruz se celebró una manifestación de señoras en contra de la división. Y se destruyó la imprenta de "El Tiempo", acusado de divisionista. También dimitieron el alcalde de La Laguna y La Orotava y de otros pueblos. Hubo manifestaciones en La Laguna, en Granadilla, ..., y se celebraron varios mítines en Santa Cruz y La Laguna, etc,..
Manifestación de señoras en Santa Cruz
en contra de la división de la provincia.
Con respecto a Las Palmas, el 1 de
mayo se funda el diario "La Provincia", por Gustavo Julio Navarro
Nieto (su primer director fue Prudencio Morales y Martínez de Escobar);
periódico que luchó desde un primer instante por la división, y su fundador
tendrá buena parte en la obtención del decreto divisionista de 1927.
Canalejas telegrafió diciendo que
tenía el propósito de no cerrar las Cortes sin que hubieran discutido el
proyecto. Y se abrió una información pública, a la que concurrieron
muchos tinerfeños y muy pocos gran canarios; aquellos para dilatar la
información y lograr que pasase el verano sin hacer nada; y éstos, para que se
tratase en las Cortes lo antes posible.
Canalejas considera que, por el singular
estado de excitación que se ha producido en Canarias, es inoportuno que de
soslayo se debata la cuestión principal. Dice que el Gobierno sostendrá la
ponencia: "no cabe pensar que la rectifiquemos, porque no la hemos
sometido a la Cámara por vano entretenimiento". Interviniendo ahora se
dificultaría el dictamen de la Comisión.
Pérez Galdós visitó a los diputados de
la conjunción republicano-socialista para recomendarles las aspiraciones de
Gran Canaria. Y mientras que León y Castillo pedía que fuera a Madrid una
comisión de Las Palmas, Franchy y Roca, en telegrama del 3 de junio, se
manifestaba contrario a la división (en julio de 1911 hará declaraciones en la
misma dirección antidivisionista, aunque en enero de 1912 en un mitin del
"Cuyás" pedirá la división y la autonomía, como solución al problema
canario. Y en febrero de 1912 pedirá en una reunión de la Económica de Las
Palmas prescindir por completo de la división y aceptar los Cabildos insulares,
con la oposición del resto).
Las comisiones tinerfeñas actúan. Primeramente embarcó para Madrid la comisión conservadora, y se dio un banquete en la capital de España a los comisionados tinerfeños.
En primera
fila sentados (de izq a derecha): Nicolás Martí Dehesa, Juan Ascanio y Nieves y
Ángel Benítez de Lugo y Cólogan (X marqués de Celada).
De pie detrás (de izq a derecha): Tomás Salazar y Cólogan, Martín Rodríguez (de
Azero) y Díaz-Llanos, Juan Rumeu y García-Espinosa, Bernardo Cólogan Ponte
(marqués del Sauzal), Juan Martí Dehesa, Juan Febles Campos (o Rodríguez
Febles), Juan Yanes Perdomo y Antonio de Ponte Cólogan.
Las comisiones conferenciaron con Canalejas, aunque, al parecer, los comisionadosu de la conservadora no salieron muy satisfechos de esta entrevista. Visitaron también a Antonio Maura, que no estuvo bastante explícito.
La otra comisión,
además de la conservadora ya citada, estaba integrada por 16 personalidades.
Arroyo publicó su fotografía y la cedió a la Económica, donde se encuentra el
original.
Por fin, la comisión del
Congreso produjo su dictamen, favorable al proyecto del Gobierno. Es de
fecha de 10 de junio de 1911 y quedó sobre la mesa de las Cortes.
Se creaba por él un Gobierno
Militar en La Palma, la Audiencia Provincial en Tenerife, un Juzgado más en Las
Palmas, otro en La Palma, en El Hierro y en Puerto de Cabras. Se establecía la
división en dos provincias, las Canarias orientales y las occidentales, con
Cabildos insulares en cada isla; Delegación del Gobierno en La Palma y
Lanzarote; dos diputaciones provinciales, que podrían reunirse cuando así lo
solicitaran y conviniere a ambas. La Administración de Hacienda de Las Palmas
se convertía en Delegación. Habría dos Jefaturas de Obras Públicas, una en
Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas. Se creaba el Distrito Forestal en
Canarias, con una sección auxiliar en Las Palmas. Se elegirían 3 senadores en
Tenerife y 3 en Gran Canaria; 3 diputados en Gran Canaria, 1 por Lanzarote y 1
por Fuerteventura; 3 diputados en Tenerife, 1 en La Palma, 1 en La Gomera y 1
en El Hierro, ...
La discusión en el Congreso comenzó en
la sesión del 13 de junio de 1911. Según el tinerfeño Domínguez Alfonso, en la
defensa de su voto particular, afirma que "se ha reducido el problema a
los estrechos límites de un pleito entre una y otra capital". Luchan
las dos islas centrales. Dice que la trinidad que puja fuerte en Madrid por la
división la forman León y Castillo, Morote y el obispo de Canarias, que se
"halla en Madrid en contra de los cánones", mientras que en
"Tenerife tenemos otro obispo que ni fu ni fa, que no dice nada".
Critica la frase de Canalejas a los comisionados: "Señores, ustedes
allí son como un matrimonio descontento, y la única manera de apaciguarles es
establecer el divorcio".
Por la comisión le contestó Argente.
Para él, la pugna está establecida en los mismos términos en los que se
encontraba a principios del siglo XIX, "y yo creo que a principios del
siglo XIX no era grande la influencia del señor León y Castillo..."(...).
Señala la coincidencia entre Maura, Moret y Canalejas. (...). Que la división
episcopal alegaba para Tenerife las mismas razones que ahora Gran Canaria. Y
que el mismo voto particular pide división en lo judicial. Dice que el dictamen
es de transacción y se conceden ventajas al grupo oriental, como la residencia
de la Capitanía General, preferencia para la reunión de las dos Diputaciones,
etc,.. Que Tenerife no pierde nada; que es un bien para Tenerife, pues si no,
dentro de poco, Gran Canaria le disputará "no la hegemonía, no la
división, sino la capitalidad". Y concluyó diciendo que si él fuera
diputado por Tenerife, "sería el primer partidario de la división de la
provincia de Canarias".
Sol y Ortega propone un
"referéndum", para conocer la opinión del pueblo sobre la división y
los Cabildos.
La suspensión de las sesiones de las Cortes hasta octubre produjo protestas en Las Palmas, lo cual produjo desagrado en Canalejas, que no quería admitir coacciones. En agosto hubo en Las Palmas mítines y protestas y Leopoldo Matos vino a Canarias a explicar lo ocurrido, relatando las gestiones y trabajos realizados cerca del Gobierno por el marqués de Muni (Fernando León y Castillo) y por ellos mismos, de acuerdo con él. Al mencionar el nombre del marqués surgieron protestas en el público, pero Matos las supo ahogar con energía y razones fundadas, siendo sus buenas palabras hacia León y Castillo finalmente recibidas con aplausos.
El 13 de octubre de 1911 llegó a Las
Palmas el coronel Martínez Anido, ayudante del rey y exgobernador
civil de Granada, que venía a repartir donativos en El Hierro. Pero
atención a esta visita y a este personaje, pues parece ser que serán
determinantes para la futura división acaecida en 1927 en la dictadura de Primo
de Rivera, como luego se explicará.
El 22 de mayo de 1912,
en Tenerife, el presidente de la "Unión Patriótica" da cuenta de
haber recibido un telegrama desde Madrid puesto por Pérez Armas, Calzadilla
Dugour y Ruméu, que forman parte de la comisión, en el que le dicen haber
visitado a Moret, quien les dijo que combatiría la división de la provincia y
que la solución sería un régimen especial descentralizador; con la
manifestación, además, de que estáincondicionalmente a la disposición de Tenerife.
Comisión tinerfeña de 1912.
En Gran Canaria se nombró otra comisión, que representase a los ayuntamientos, Cámaras Agrícolas y de Comercio, Económicas de Amigos del País y demás sociedades. Se embarcaron en abril de 1912 y se reunieron con los diputados. Con ella fue también Antonio Artiles Ortega, el secretario del ayuntamiento de Las Palmas.
En la Comisión de Las Palmas en abril de 1912 fueron designados Adán, Pedro y Sixto del Castillo; Antonio Matos, Cristóbal Bravo de Laguna, Juan de Quesada, Ambrosio y José Hurtado de Mendoza; Gustavo Navarro Nieto; Prudencio y Luis Morales Sevil; el marqués de Guisla; Eugenio Suárez; Francisco Reina; Salvador Manrique de Lara; Santiago González Martín; José Mesa; Jerónimo Peñate; Francisco Bethencourt y de Armas; Antonio Alvarado; Felipe Massieu de la Rocha; Manuel González Martín; Luis Doreste; Juan Castro; Rafael M. Suárez; Juan Ponce; Luis Marrero; Ángel Guerra; Domingo Tejera; Luis Millares Cubas y Julio Lanzas.
El Gobierno procuraba encontrar fórmulas de armonía para ambos grupos, antes de continuar la discusión en el Parlamento, aconsejando se entrevistasen entre sí; pero estos buenos propósitos no daban ningún resultado práctico.
Años después, en 1920, Mesa y López contará que "había también escuchado de labios de algunos señores de la Comisión que fue a Madrid en 1911, el desamparo en que estaba Gran Canaria, pues mientras Tenerife había sabido crearse magníficas relaciones, lo mismo entre los republicanos que entre los monárquicos, Gran Canaria sólo contaba con el apoyo León y Castillo, muy valioso, pero no suficiente. Y que después de su muerte [marzo de 1818] habíamos perdido hasta eso, aunque contábamos con Matos".
Las Cortes, a pesar de que Morote se había despedido emplazando la continuación en octubre, no se reunieron de nuevo hasta el 18 de enero de 1912, y aun así se aplazó todavía la discusión del proyecto. Este nuevo aplazamiento dio lugar en Las Palmas aun nuevo movimiento de opinión y de telegramas, recordando al Gobierno y pidiéndole el cumplimiento de sus compromisos. Las sociedades se reunían, la juventud divisionista se agitaba y en todas partes se hablaba del problema y de la inacción del Gobierno. Incluso el Dean de la Catedral de Las Palmas, el 29 de abril de 1912, aprovechó el momento de entregarle el pendón a Carlos Navarro para pronunciar un discurso en sentido divisionista, al que contestó éste.
En el Congreso Canalejas da una respuesta a una interpelación de Soriano que es bastante ilustrativa del momento: "Las buenas intenciones del Gobierno parecen malogradas, porque, a despecho de nuestras súplicas y de nuestra intervención conciliadora, los dos bandos, los dos elementos contendientes de aquel archipiélago no parecen dispuestos a llegar a una fórmula de concordia. Resolverá, pues, el voto de la Cámara, y ante el voto de la Cámara nos inclinaremos todos, y al voto de la Cámara obedecerá aquella fracción que se considere más o menos satisfecha, más o menos menoscabada". Leopoldo Matos realiza una proposición pidiendo urgencia, afirmando que el peligro no está en resolver, sino en retrasar la solución. Subraya que el proyecto de la comisión se discutió dos días, en junio del año pasado, "y desde entonces no ha vuelto a hablarse de Canarias, y ahí está el dictamen abandonado"...
Por otro lado, Canalejas lleva a las Cortes, en la sesión del 25 de mayo, su proyecto de ley sobre mancomunidades provinciales.
En la sesión del 31 de mayo Canalejas afirma que "El archipiélago no puede continuar en su organización actual, ese statu quo no lo podemos admitir". Cree que así como el dictamen de la comisión mejoró el proyecto del Gobierno, así espera que el debate y el voto de la Cámara mejorarán el dictamen de la comisión.
En la sesión del 14 de junio, Sol y Ortega sigue apoyando su proposición de referéndum. Y estima que si el cuestionario fue bueno, no así la actuación del sucesor de Merino (Ruiz Valerino), porque si la información fue unionista, el proyecto no debió ser divisionista. Que la información parlamentaria fue, en su gran mayoría, partidaria de mantener la unidad provincial.
Al día siguiente, Canalejas dice que es reformista, pero no unionista ni divisionista. "Queremos llegar a una solución que acaso, por satisfacer a todos, a ninguno agrade por completo". Matos resalta la orientación distinta que ha tomado el debate y censura la táctica de Canalejas, ante la que se resigna.
En la sesión del 21 de junio de 1912 Morote retira el dictamen, para "presentarlo nuevamente redactado", cosa que hace seguidamente. Las bases del nuevo dictamen fueron: Unidad Provincial; la Capitanía General en Santa Cruz y la Audiencia Territorial en Las Palmas; creación en Tenerife de una Audiencia Provincial, con jurisdicción en las islas occidentales; Diputación Provincial única, con dos comisiones provinciales; y Cabildos insulares, con mancomunidades entre ellos para fines del territorio.
En las sesiones del 22 y 24 de junio, Domínguez Alfonso dice, entre otras cosas, que "en Canarias hubo tres capitales: la judicial, en Las Palmas, la más antigua; la académica, en La Laguna, con el Cabildo de la isla; y la militar, en Santa Cruz, con su puerto, a donde se traslada la Capitanía General. Cita a Delgado Barreto, quien ha propuesto el restablecimiento de la Universidad histórica y el estudio de ciertas Facultades. Por la comisión le contesta Morote. Dice que él no está conforme con el dictamen, que es un vencido, y que lo ha firmado sólo porque sin su firma no habría dictamen, pues se precisaban cinco individuos. Y que aquí está para sostenerlo y defenderlo. Cree que aquello no es una provincia, sino un archipiélago, una región de siete islas. Cree que llegará el momento de concluir con las Diputaciones, pero ahora se trata tan sólo de su sustitución por los Cabildos. No es partidario de crear la Universidad. Se opone a la Sala de lo civil en Tenerife. Se muestra conforme en ampliar todos los detalles en la ley, dejando los menos posibles para el reglamento. Con unas palabras de Canalejas queda el asunto pendiente "para mañana o pasado".
Foto de Antonio Domínguez Alfonso (1849-1917).
Al día siguiente, el 25, Leopoldo Matos, al no poder seguir pidiendo la división - porque el Gobierno se opone - acepta, como bien posible, las dos Comisiones provinciales dentro de la Diputación, "para que mañana prospere el proyecto de que nos den las dos Diputaciones provinciales", siempre que funcionen con absoluta independencia de los Cabildos(...). Gran Canaria seguirá trabajando por conseguir la división, la del primer proyecto de ley.
Carlos Navarro confirma que el nuevo dictamen no satisfacía a los grancanarios, pues no aceptaba la división, aunque vieron en los Cabildos un nuevo avance hacia la independencia administrativa, y que hubo también disgustos en Tenerife; lo que hizo creer al Gobierno que dicha fórmula favorecía a todos, por lo que prescindió de las quejas y formuló un proyecto definitivo.
El historiador grancanario Carlos Navarro y Ruiz (1860-1947) vivó una época crucial de la historia canaria, y fue testigo de excepción de estos acontecimientos políticos, sociales y económicos de gran trascendencia para el Archipiélago.
Según el libro de Tato y Amat titulado "Sol y Ortega", Segismundo Moret dijo a los tinerfeños: "Os ha valido a vosotros, los de Tenerife, el Sol que os alumbra".
El 27 de junio, en sesión del ayuntamiento de Santa Cruz, se leyó telegrama de la comisión de Tenerife, residente en Madrid, que decía: "Aprobóse dictamen afirmando unidad. Concédenos Audiencia provincial con facultades para nombrar justicia municipal. Se concede también tribunal contencioso; juzgado de primera instancia Icod y Valverde. Créanse distritos electorales en las islas menores. Continúan circunscripciones senadores como hoy. Implantase régimen Cabildos, determinándose sus facultades. A Las Palmas se le concede una Jefatura de Obras Públicas; una sección de Oficina de Montes, dependiente de este distrito; además, una Administración de Hacienda, dependiente de esa Delegación. Delegado de Las Palmas tendrá las mismas funciones que hoy. A última hora Matos suplicó diéseles Comisión Provincial hasta que constituyéranse Cabildos. Canalejas nos rogó aceptáramos esa concesión. Sol y Ortega dijo que necesitaba estudiarla. Quedó pendiente ese punto para hacerlo mañana en artículo adicional. Canalejas y Azcárate muy bien. Sol y Ortega, Domínguez, Poggio, Barber, Vicenti, incansables. ¡Viva Tenerife! Firman: Pérez Armas, Calzadilla, Rumeu, Izquierdo".
El día 28 el proyecto fue aprobado definitivamente por el Congreso, anunciando que pasaría a continuación al Senado.
Hubo júbilo en Tenerife, con manifestaciones de regocijo en los pueblos.
El 3 de julio el Ayuntamiento de Santa Cruz recibe un telegrama de Sol y Ortega que dice: "Aprobada ley en Senado. No deben preocuparse organismos económicos, forestales, pues quedarán reducidos comisión presupuestos expresión conveniente. Ministro Gobernación, hablando totalidad dictamen lo ha dicho así. Queda coronada tarea patriótica. Lay es constitución justa, racional, armónica archipiélago, que será aplaudida por todos isleños. Felicito Tenerife".
En Las Palmas es todo lo contrario. Hay disturbios. "Un disgusto monumental", según refiere Luis Doreste Silva. Colgaduras negras, cierre del comercio, y la Junta de Defensa publicó una protesta. Hubo un mitin pidiendo vehementemente al Senado la modificación de lo aprobado, a cargo del presbítero Antonio Artiles. A Morote lo llama cándido. Que Maura y Canalejas los han maltratado. Rinde homenaje a León y Castillo, ahora caído, y afirma que no hubo hombre para Gran Canaria. Que Morote, ante el coco de Sol y Ortega ha recitado jaculatorias y frases melifluas, que respiran mansedumbre, dignas de un congreso de místicos. León y Castillo escribe el 20 de julio una carta de queja a Maura, donde se queja del abandono y de la espantosa soledad a que quedó reducido el pobre Matos ante las acometidas de Sol y Ortega y los republicanos protectores de Tenerife, con la complicidad del Gobierno y sobre todo de Canalejas. Le pregunta si no hubiera sido mejor impedir que la derrota resultase un desastre, prestando algún calor a Matos. Que no olvide que con Gran Canaria ha sido arrollado el partido monárquico y que han treindao el trust y los republicanos con ensañamiento.
Aprobada por el Senado, se promulgó y publicó, con fecha de 11 de junio de 1912, la nueva ley administrativa de Canarias, firmada por el rey y por Canalejas.
La reacción inicial fue paradójica. En Tenerife- que era quien a priori parecía que había ganado la batalla - hubo protestas. En cambio, Fernando León y Castillo manifestó: "Condenados a optar, preferimos el mal menor al statu quo". Esperaban los gran canarios confiados en que el reglamento añadiría cosas más favorables a sus deseos. Las islas menores, por su lado, "rebosaban de alegría".
El reglamento comenzó a estudiarse con gran rapidez, oyendo a los diputados y a toda la provincia. Fue aprobado, como reglamento provisional, por Real Decreto de 12 de octubre de 1912.
Carlos Navarro, desde Las Palmas, aclara que el reglamento realmente fue ya permanente, y los de Gran Canaria se felicitaron. En Tenerife, el reglamento fue peor recibido que la ley. La Diputación Provincial sólo funcionaría en los asuntos que pudieran afectar a todo el archipiélago, siempre que fuera compatible con los Cabildos.
El grancanario Luis Doreste estimó que el reglamento confirmaba con capitalidad formalista en Las Palmas su independencia administrativa.
El diputado a Cortes tinerfeño Domínguez Alfonso entabló un recurso contra el reglamento, y la prensa de Tenerife lo combatió con dureza, llegando hasta a afirmar que se había falseado la ley (...). En sesión de 6 de noviembre de 1912 en el Ayuntamiento de Santa Cruz se realiza una moción suscrita por Rodríguez (de Azero) y Díaz-Llanos, Yanes, Delgado Rodríguez, Vandewalle, Siliuto, Sicilia, Calzadilla y García, pidiendo la suspensión de varios artículos. El alcalde Marcos Peraza y Vega la toma en consideración.
Navarro continúa explicando que "el reglamento les benefició más que la ley, gracias a los trabajos de León y Castillo, a la intervención constante de Morote y, principalmente, de Matos con el director general de Administración José León? y Albareda durante la redacción del mismo. En ese reglamento, y en muchos de sus detalles, se ve la mano de quien conocía bien el país y estaba penetrado por los puntos a tocar para que existiera la autonomía perdida, y apoyada por los tinerfeños al principio, aunque con otro carácter, y que como arma de dos filos para ellos les resultó luego dañosa, viendo que se les escapaba de sus manos la administración de las demás islas".
También informa Carlos Navarro que Canalejas ofreció a León y Castillo una senaduría vitalicia que él, hombre de setenta años, aceptó, pues no en vano podía haber dificultades a la hora de la reelección.
Por su parte, el historiador tinerfeño Leopoldo de la Rosa destaca que el reglamento fue dictado sin oír al Consejo de Estado (como había advertido Azcárate) y que nunca llegó a aprobarse el definitivo. Así, fue un nuevo punto de lucha el que, mientras la Diputación pretendió conservar unas cuantes cuestiones que consideraba que reunían el carácter de abarcar más de una isla, los Cabildos, especialmente el de Gran Canaria, interesaron su total traspaso a los de la isla en que estuviesen establecidos. De la Rosa indica que significó el triunfo de este segundo criterio. Planteada la cuestión en los tribunales, el Supremo, por su sentencia de 5 de mayo de 1919, resuelve el caso a favor de los Cabildos (también hay sentencias de 5 y de agosto de 1921).
El periodista tinerfeño Leoncio Rodríguez recoge también en su libro Vida Isleña el malestar en Tenerife a raíz del reglamento: "Vino, en efecto, el reglamento de los Cabildos, que altera toda la esencia de la ley. Fue, más que un complot contra Tenerife, una burla al Parlamento, un maquivelismo y una triquiñuela. De ahí el descrédito e ineficacia de la ley, deshonrada apenas nacida. De ahí el sinnúmero de tropiezos con que ha tenido que luchar el nuevo régimen administrativo de la provincia. La reforma, que pudo y debió ser una garantía de paz, ha dejado abierta la espita a las pasiones. Y no parece muy lejano el día en que vuelva a plantearse el enojoso pleito. Todo esto por haberse permitido que la leyes cayese en manos espúreas (pudo referirse al secretario del ayuntamiento de Las Palmas Antonio Artiles Ortega, que formó parte de la comisión que fue a Madrid en 1912 y que redactó parte del reglamento)".
Juan Maluquer y Viladot, antiguo conocido de las islas, a la sazón presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, opina que "la resurrección de los Cabildos en Canarias la lograron los celos de Gran Canaria, respecto de Tenerife...por no encontrarse una manera más cómoda y fácil de solventar el problema...". Y juzga y critica la ley: "Es una serie de contradicciones, pues se afirma la unidad del archipiélago y se destroza lo que hasta hoy la representaba, la Diputación provincial (...). Tal resulta deshecha la Diputación provincial de las Islas Canarias, el único organismo que recogía la personalidad del archipiélago (...). Hoy Canarias queda partida en pequeñas provincias que son sus islas (...). Ganan en descentralización todas las islas, menos Tenerife, que pierde, como el archipiélago, su personalidad". Espera la aprobación de las mancomunidades, y con ella que la Diputación provincial obtenga algunas delegaciones del poder central.
Según el análisis contemporáneo de Antonio G. González en su artículo en La Provincia de fecha de 10/09/2020: "Un tercer contendiente surgiría entonces: las "islas menores". El majorero Manuel Velázquez Cabrera y el palmero Pedro Pérez Díaz lo representarían. Sin embargo, las islas menores tomaron distintos rumbos: inicialmente estaban por una alternativa regionalista, unionista, con una fuerte autonomía insular. Velázquez promovió en 1910 el "Plebiscito de las islas menores", que un diputado gerundense, de la Liga Catalanista, presentaría al Congreso con el Gobierno de Antonio Maura. Sin embargo, el componente republicano de sectores burgueses y obreros -donde el sindicalismo comenzaba en torno a la actividad portuaria- de las islas capitalinas intentó cohesionar alternativas regionales. Así lo plantearon la Liga Regionalista en Tenerife o el Partido Republicano Federal de José Franchy y Roca en Gran Canaria. Las islas menores se unieron a ese regionalismo, hasta que éste se reveló incapaz de aglutinar mayorías. Fue entonces cuando promovieron algo que en Madrid sería la solución a una disputa insoluble entre partidarios y detractores de la división provincial: la Ley de Cabildos, de 1912. Ésta no sólo establecía tales órganos de gobierno insular, que vaciaban de contenido a la provincia única y, al tiempo, creaba unas nuevas circunscripciones electorales insulares. De modo que mientras Cataluña se mancomunaba, Canarias se insularizaba".
La Audiencia provincial en Tenerife, que había sido creada por Real Decreto de 21 de octubre de 1912, se instaló en 1913 y durante cinco años en la casa de la c/San Francisco 69, propiedad de Marcos Peraza y Vega.
Canalejas cae asesinado en la Puerta del Sol el 12 de noviembre de 1912 y se encarga del Gobierno Romanones, por primera vez presidente.
Por Real Orden de 22 de enero de 1913 se crea la anunciada Jefatura de Obras Públicas de Las Palmas, con jurisdicción en Lanzarote y Fuerteventura.
Por Real Orden de 29 de enero se dispone que la jurisdicción económica de la Delegación de Hacienda de Las Palmas sólo comprendería el territorio de Gran Canaria. Se protestó, porque era pasar a Tenerife las islas de Lanzarote y Fuerteventura, "rompiendo el grupo oriental que la naturaleza había formado".
Se aplazó la constitución de los Cabildos, hasta que se nombraran los delegados del Gobierno de las islas menores. Hubo protestas en Las Palmas.
Por fin, se hicieron los nombramientos de delegados y se verificaron las elecciones de diputados provinciales. Se convocó la Diputación provincial, para su constitución y en ejecución de la ley, para el 17 de marzo.
El Cabildo Insular de Gran Canaria se convocó con el mismo fin el día 16 de marzo en Las Palmas, ocupando la presidencia Agustín Bravo de Laguna y del Castillo-Olivares. Se eligió presidente a Tomás de Zárate y Morales; vicepresidente a Salvador Manrique de Lara y Massieu; vicepresidente de la comisión permanente Juan Melián Alvarado; procuradores síndicos Miguel Curbelo y Espino y Ferreol Aguilar y Páez; comisión permanente Juan E. Ramírez Doreste y Ambrosio Hurtado de Mendoza - que renunciaron -, a Domingo Rodríguez y Antonio Cuyás - que estaban enfermos y no se personaron- y Antonio Castillo Santana. Por todo ello fueron designados en definitiva Agustín Bravo de Laguna y Joven, Adán del Castillo Westerling, Francisco Gourie Marrrero, Agustín Manrique de Lara y Masssieu, Cayetano Inglott Ayala, Rafael María Suárez y Suárez, Juan E. Ramírez Doreste, Ambrosio Hurtado de Mendoza, Antonio Saavedra Hernández, Juan B. González y González, José Gil Pineda, Antonio Massieu y Falcón, Segismundo Bertrana Masramón, Antonio Castillo Santana, Francisco Bethencourt Armas, Santiago González Martín, Pedro del Castillo y Manrique de Lara, Daniel Araña Pérez, Nicolás Massieu Falcón y Domingo Rodríguez Quegles.
Primer Cabildo de Gran Canaria en 1913.
El Cabildo de Gran Canaria adoptó el acuerdo de pedir a la Diputación provincial la entrega de los establecimientos benéficos que estaban en la isla.
Primer Cabildo de Tenerife en 1913.
Estuvo compuesto por: Agustín Rodríguez Pérez, Juan Febles
Campos (vicepresidente de la comisión permanente), Manuel Feria Concepción,
Vicente Cambreleng y Glez de Mesa, Ignacio González y García, Mario Arozena y
Arozena, Manuel Rallo Cruz, José Bello y Feo, Eduardo Domínguez y Alfonso (que
fue su primer presidente; y hermano de Antonio), Carlos Calzadilla y Sayer,
Francisco Guerra Barrinzo, Arturo Ascanio y Cruzat, José Suárez y González,
Patricio Estévanez y Murphy (vicepresidente segundo), Agustín Cabrera Díaz,
Ignacio Llarena y Monteverde, Antonio Martínez de la Peña y Fajardo, Rafael
Martín Fernández, Saturnino Fuentes y González, Felipe Machado y Benítez de
Lugo (vicepresidente primero), José Gutiérrez Estévez, Agustín Estrada y Madan,
Bernardo Benítez de Lugo y del Hoyo, Martín Rodríguez (de Azero) y Díaz-Llanos,
Ramón Peraza y Pérez, Eladio Alfonso y González, Federico Jordán y González y
Manuel Pinto de la Rosa (éste último renunció por su incompatibilidad como
concejal del ayuntamiento de La Laguna).
La sección Universitaria de La Laguna fue creada por Real Decreto de 11 de abril de 1913, con el primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras y el preparatorio de la de Derecho; complementada por la Real Orden de 7 de agosto de 1913.
La Diputación se reunió el 18
de abril de 1913. Los diputados orientales pidieron la entrega al Cabildo de
Gran Canaria de los hospitales de San Martín y San Lázaro, pero por mayoría se
desestimó. Así que en la sesión del Cabildo de Gran Canaria del día 23
siguiente, que tuvo lugar en el ayuntamiento de Las Palmas a falta de otra
casa, y entendiendo que la Diputación estaba incumpliendo el reglamento, se
acordó posesionarse por sí mismo de los referidos establecimientos, entregar su
administración a la Comisión de Beneficencia y oficiar a los Ayuntamientos de
la isla para que entregaran al Cabildo el contingente provincial.
El 3 de mayo se supo de la
creación de la Escuela de Comercio en Las Palmas, que tuvo lugar y se inauguró
el 1 de octubre del mismo año.
El gobierno de Romanones cae
el 25 de octubre de 1913 y entra a gobernador Eduardo Dato, con Sánchez Guerra
en Gobernación; es el momento de la crisis idónea, que supone, prácticamente,
el apartamiento de Antonio Maura de la jefatura del partido conservador y su
ostracismo realmente definitivo. Es innegable la responsabilidad del rey
(Alfonso XIII) en esa crisis que, junto con la aceptación de la dictadura,
habría de costarle la corona.
Eduardo Dato fue constante
defensor de los Cabildos Insulares, durante sus tres mandatos, hasta el momento
de ser asesinado en 1921. Tras los asesinatos de Cánovas del
Castillo (1897) y Canalejas (1912), el de Eduardo
Dato constituyó el tercer magnicidio que tuvo lugar durante el período de
la Restauración. Su desaparición agravó la crisis que atravesaba el
sistema político y también daría lugar a una honda crisis en el seno
del Partido Conservador, del que Dato era líder y una de sus figuras
más relevantes.
El 17 de diciembre de 1913
llega a Las Palmas el nuevo obispo de Canarias, Ángel Marquina y Corrales, que
habría de colaborar mucho en pro de la división de la provincia.
Y el pleito seguía avante y
se sigue pidiendo desde Las Palmas la división de la provincia.
En febrero de 1915 se crea
la Junta Insular de Sanidad de Gran Canaria.
En enero de 1916 José Mesa y López es elegido presidente del Cabildo de Gran Canaria. Con ello comienza la carrera política de quien sería el jefe del partido político más fuerte de Las Palmas durante veinte años.
El 9 de diciembre, por caída de Dato, forma nuevo Gobierno
Romanones, con Alba en Gobernación.
Manuel García Prieto forma
el 3 de noviembre de 1917 un gobierno de concentración liberal. Era un gobierno
de "renovación", palabra que se puso entonces de moda, frente al
intento de revolución reciente (una huelga general revolucionaria había tenido
lugar el 13 de agosto de 1917). Palabra paralela a la de
"regeneración", que había surgido a raíz del desastre del 98.
Según Carlos Navarro,
"por esta época, el partido regionalista de Francisco Cambó había
adquirido en la Península gran movimiento e importancia, y en Las Palmas se
pensó en organizar una agrupación de esta índole, presidida por Domingo
Rodríguez Quetgles. Navarro se declara contrario a tal sistema, pues
"el regionalismo será siempre el pretexto para sostener la unidad de la
provincia".
Después de muchas
incidencias se forma el Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Maura, el 21
de marzo de 1918, con Cambó de ministro de Fomento, gobierno que dura hasta el
6 de noviembre del mismo año.
El 7 de abril de 1918 tiene
lugar una Asamblea en Santa Cruz de Tenerife, organizada por la "Liga
Regional", que se celebró en la Diputación provincial. El cuestionario
pedía la rápida terminación del Puerto de Santa Cruz, por la importancia que
habían adquirido otros puertos vecinos. Consiguieron, junto a la "Unión
Regionalista" y su periódico "El Regionalista", que Cambó colocase
al puerto de Santa Cruz entre los diez grandes puertos españoles.
También salió de Las Palmas
una comisión del Partido Regionalista para conferenciar con el ministro de Fomento
Cambó, recabando la aprobación del proyecto de ensanche del Puerto de la Luz;
cuya obtención se supo el 8 de junio de 1918.
Tras la muerte de Fernando
León y Castillo el 12 de marzo de 1918, los liberales ortodoxos de Gran
Canaria, organizaron el partido romanonista, para el que
nombraron jefe a José Mesa y López.
El 2 de enero de 1919 Mesa y
López, como presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Bernardino Valle y
Gracia, como Alcalde de Las Palmas, convocaron una reunión para convocar otra
Asamblea canaria para contrarrestar los efectos de la que proyectaba Tenerife
para estudiar el restablecimiento de la región canaria, en la que se pidiera la
división; y de no ser esto posible, la autonomía insular más absoluta, con
supresión de la Diputación provincial, clave principal de todas las
discordias.
Retrato de José Mesa y López
La prensa de Tenerife
planteó una encuesta, a la que acudieron insignes políticos de la época,
declarándose algunos partidarios de la región autónoma, otros de una Diputación
regional o mancomunidad de Cabildos; siempre alrededor de los Cabildos, "al
no existir una unidad espiritual que determine el alma de la región (según
Benito Pérez Armas)". Los republicanos propugnan una federación de
regiones.
En noviembre de 1918 se creó
una Comisión extraparlamentaria a nivel nacional para abordar el pleito de la
Autonomía mediante la redacción de un proyecto.
Finalmente, el
intento de constituir una Región Canaria en 1919, con ocasión del movimiento
regionalista que acaudilló Cambó, fracasó. Para la izquierda tinerfeña
era antinatural y la rechazó. Para los federales de Gran Canaria la Región no
era suficiente, querían ir a la autonomía absoluta por islas. Para los
divisionistas canarios tampoco era admisible, pues la región no sería más que una
pantalla para mantener la unidad provincial. Por otra parte, para tinerfeños
con criterio realista, la región sería siempre imposible, porque nunca habría
acuerdo acerca de cuál sería la capitalidad regional. Y por último, según el
juicio de Marcos Guimerá Peraza, porque la realidad Isla y Cabildo se iba
imponiendo en las conciencias, frente a la caducidad manifiesta de la ya
inviable Diputación provincial. "Y si ésta ya no servía, ¿cómo se iba a
mantener un órgano regional que no tenía la raigambre de cerca de un siglo que
la provincia tenía?".
El 2 de mayo de 1919 se
reunió el grupo liberal franciscano (los seguidores de
Francisco Manrique de Lara) en el salón del Nuevo Club de Las
Palmas, constituyéndose el nuevo partido liberal demócrata, cuya presidencia
fue otorgada a Salvador Manrique de Lara y Massieu, y creándose el
rotativo La Jornada como órgano oficial del partido. Este
partido era, en cierto modo, el heredero del Partido Local Canario de Carlos
Navarro.
También se crea en Las
Palmas el joven partido reformista, con Tomás Quevedo Ramírez como presidente,
fundando el periódico Espectador. Aunque el reformismo en Las Palmas murió con
la dictadura de Primo de Rivera.
Además, seguían
interviniendo en la política gran canaria el partido tradicional, el
republicano federal (de Franchy Roca y Valle), el regional de Cambó y el
socialista.
Maura cayó - dimitió por
teléfono - y después de varios intentos formó gobierno Sánchez de Toca, que
juró el 20 de julio de 1919 y duró hasta el 9 de diciembre. A Fomento llevó a
Abilio Calderón que, como antes Cambó, nunca fue partidario del "puerto
único" para Canarias y contribuyó a colocar el de Santa Cruz de Tenerife
entre los grandes puertos españoles. Se había intentado el puerto único de Las
Palmas, por el Sr Argente, y Martín Rodríguez (de Azero) - que fue luego varios
años presidente de la Asociación de Amigos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife
-fue el primero en advertir de tales dificultades, según anota Marcos Guimerá
Peraza.
El 24 de agosto de 1919 fue
convertida en principal la Administración de Correos de Las Palmas.
En Tenerife nació la idea de construir una Mancomunidad de Cabildos para obtener del Gobierno un concierto de los arbitrios de Puertos Francos. La idea fue aceptada, también en Las Palmas, y se propuso celebrar en Las Palmas una conferencia para acordar un proyecto de bases, que sería aprobado por los Cabildos.
En esta línea, tras las elecciones celebradas el 19 de diciembre de 1920, en Santa Cruz de Tenerife se celebró un banquete en honor a los candidatos triunfantes el domingo 9 de enero de 1921 en el 'Hotel Orotava' de Santa Cruz. En él intervino don Martín Rodríguez (de Azero) y Díaz-Llanos (que había salido diputado a Cortes por El Hierro), quien manifestó la necesidad de restablecer la paz entre las islas, con el ejemplo de los Cabildos Insulares de Tenerife y Gran Canaria, puestos de acuerdo 'en la redacción de las bases para el arriendo de los Puertos Francos'; y terminó dicendo que todos ellos irían a Madrid 'para resolver el pleito insular',
El nuevo régimen administrativo avanzaba por el
sendero de las Mancomunidades voluntarias, constituidas cuando lo demandasen
los intereses comunes de los Cabildos.
El 8 de marzo de 1921 cae
asesinado Eduardo Dato. El día 12 se forma gobierno Allende Salazar.
Parte posterior del coche oficial en el que fue asesinado en 1921 el presidente Eduardo Dato y en la que se observan los orificios de las balas.
El 15 de marzo de 1921 se
reunió en el Cabildo de Gran Canaria otra Asamblea para acordar las bases
definitivas a que se sometería la Mancomunidad para contratar con el Estado el
arrendamiento del arbitrio de Puertos Francos. Se constituyó nombrando como
Presidente al marqués de Acialcázar Francisco de Quintana y de León (presidente
del Cabildo de Gran Canaria); vicepresidentes, Domingo Salazar y Cólogan
(presidente del Cabildo de Tenerife; siendo Martín Rodríguez Díaz-Llanos uno de los consejeros fundadores del Cabildo y que había sido vicepresidente entre 1916 y 1917) y Manuel Van de Walle. Se aprobaron las
bases estudiadas, que se remitieron a los Cabildos para su conocimiento y para
que designaran la persona que al citársele concurriera a Tenerife para
constituir el Consejo Capitular.
Sin embargo, la Diputación
provincial formó el presupuesto para 1921 en la misma forma que el anterior,
prescindiendo de la sentencia citada del Tribunal Supremo de 5 de marzo de
1920. El Gobernador civil ordenó al Delegado del Gobierno que no aprobase los
presupuestos del Cabildo sin consignar la cantidad asignada en el presupuesto
provincial. El Delegado lo trasladó al Cabildo y éste protestó y amenazó al
Delegado con pedir su dimisión.
Los partidiarios de la
unidad provincial se movían en Tenerife ayudados por el Gobernador. Se
constituyó la Diputación y se aprobó su presupuesto, con la mayoría de
Diputados. Y vuelve al tapete la aspiración a la división de la provincia.
El 24 de abril de 1921 hubo
una reunión en el Cabildo de Gran Canaria, bajo la presidencia de Tomás Morales
Castellano, presidente accidental. Y se aprobó apoyar las siguientes ideas:
robustecer los Cabildos, que las delegaciones del gobierno tuvieran facultades
como los gobernadores, que hubiera mancomunidad voluntaria de Cabildos, y que
se suprimieran los organismos que carecen de contenido funcional, concediéndose
a los Cabildos las funciones que la Ley provincial fija a las Corporaciones
suprimidas.
El 13 de agosto formó
gobierno Maura, con el grancanario Leopoldo Matos en Trabajo y con Cambó en
Hacienda. Este último publicó una Real Orden el 7 de noviembre de 1921
extendiendo la jurisdicción de la Delegación de Hacienda de Las Palmas a
Lanzarote y Fuerteventura. Y otro ministro otra disposición a favor de Las
Palmas, pero luego rectificó ante la oposición de Tenerife.
El tinerfeño Andrés Arroyo,
en la sesión en las Cortes del 16 de noviembre refiere "la honda
perturbación por la que pasa Tenerife, que ya hasta sangre ha corrido con
motivos de estas disposiciones". Alude también al viaje a Canarias de
Leopoldo Matos, ministro del Trabajo, a quien culpa de las disposiciones
dictadas. Cuando cita a Mesa y López le califica de cacique de Las Palmas, que
fue presidente del Cabildo de dicha isla. También llama a Cambó "verbo
del regionalismo en España".
En diciembre de 1921 se
celebró en Santa Cruz de Tenerife una Asamblea, que propugnó por un partido
único, con médula y nervio regional; en su defecto, fuerzas de opinión
acopladas a las nacionales, pero desenvolviéndose autonómicamente. También
pretende la capitalidad de Canarias y la Sala de lo Civil de la Audiencia. Pero
afirma que Santa Cruz permanece estancada frente a Las Palmas, y que destruye
sus hombres, frente a Las Palmas que los fomenta. Estima que las fuerzas
representativas de Las Palmas son superiores a las de Tenerife.
En Las Palmas, a principios
de 1922, se celebraron las elecciones municipales y Mesa y López fue elegido alcalde
el 7 de abril (lo fue hasta octubre de 1923). En Santa Cruz es nombrado alcalde
Andrés de Orozco y Batista (ejerce desde abril de 1922 hasta octubre de
1923).
Maura dimitió el 7 de marzo
de 1922 y formó gobierno José Sánchez Guerra. hasta el 5 de diciembre, que
también dimite y el día 7 se encarga García Prieto del poder, en un gobierno de
concentración liberal, último del régimen constitucional español hasta la
Transición tras la muerte de Franco. Se celebraron elecciones para diputados el
29 de abril, para senadores el 13 de mayo; las Cortes se abrieron el 23 de mayo
de 1923. Y se cerraron el 24 de julio. El 13 de septiembre comenzó la
Dictadura de Primo de Rivera.
Por Decreto de 30 de
septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera disuelve los ayuntamientos de toda
España, sustituyéndolos automáticamente por las "Juntas de Asociados"
e intervención de la autoridad militar; por ser - dice - "semilla y
fruto de la política partidista y caciquil".
El Directorio militar
de Primo de Rivera constituye la primera etapa de la Dictadura de Primo de
Rivera. Directorio militar fue el nombre que se dio a la institución
integrada exclusivamente por militares (ocho generales y un contralmirante) que
bajo la presidencia del general Miguel Primo de Rivera debía
asesorarle en las funciones de gobierno y en la promulgación de los decretos
que tendrían fuerza de ley. En diciembre de 1925 el Directorio militar fue
sustituido por un gobierno en el que había militares y civiles presididos
también por Primo de Rivera, que será conocido como Directorio civil, y
que constituye la segunda y última etapa de la Dictadura primorriverista que
finalizó en enero de 1930.
En
Santa Cruz de Tenerife Andrés de Orozco es sustituido por Santiago García
Sanabria (ejerció desde octubre de 1923 a marzo de 1924, en su primera etapa de
alcalde). Fue en esta etapa cuando impulsó la compra de los terrenos para el
denominado Parque García Sanabria, aunque lo ejecutó y terminó en 1926; su
segunda etapa como alcalde.
En Las Palmas José Mesa y
López fue sustituido por Federico León y García, al cual el mismo Mesa y López
convenció para que aceptara el cargo.
En Las Palmas temieron por
el avance de las aspiraciones regionalistas de Tenerife. Cuenta Navarro que en
Tenerife se comenzó a hablar de regionalismo, como medio de plantear nuevas
organizaciones encaminadas a dar vida a la Diputación provincial, a costa, como
es natural, de la autonomía insular establecida. Gran Canaria combatió la
tendencia, negó el regionalismo, designando una Comisión, formada por el Conde
de la Vega Grande por la Cámara Agrícola, Emilio Valle y Rafael Cabrera por el
Cabildo Insultar, José Díaz Curbelo por la Cámara de Comercio, y José Mesa y
López por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Esta Comisión -
mediante la intermediación de Leopoldo Matos en Madrid - se entrevistó el 11 de
noviembre de 1923 con el Presidente del Directorio (Primo de Rivera), al cual
le expusieron la cuestión, consiguiendo que les declarara que respetaría los
Cabildos y la autonomía insular.
La reunión fue corta y según
las Memorias de Mesa y López el general Miguel Primo de Rivera estaba bastante
ignorante del asunto de la rivalidad entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife,
y afirmó al comienzo de la reunión: "Sí, sí, ya me han dicho, dos islas
rivales...". Al explicarle Mesa y López al general que "lo
que Gran Canaria suplica es que no se toque el actual régimen de Cabildos que
tan buenos resultados ha dado (...)", aquel vio entonces el modo de
terminar, prometiendo lo que deseaban y cumplió caballerosamente, y "no
sólo cumplió, sino que años más tarde, con mayor y exacto conocimiento del
problema, respetando el régimen de Cabildos, decretó la división de
la Provincia, realizando un acto de justicia que inútilmente se venía pidiendo
hacía un siglo".
En 1924 hubo un proyecto de
redactar el Estatuto Regional de la Diputación provincial, apoyados por el
Gobernador, en medio de coacciones a los diputados de Gran Canaria desde el
Cabildo de dicha isla para que no asistieran a las sesiones de la Diputación
provincial. El tinerfeño José Rodríguez Febles denuncia insidias y calumnias en
parte de la prensa de la región.
El 12 de enero de 1924 se
aprueba un Real Decreto Ley por el que se disolvían todas las Diputaciones
provinciales, a excepción de las de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Y otra
del 17 de enero acuerda la disolución de los Cabildos Insulares de Canarias,
como consecuencia de la ordenada para las Diputaciones. El artículo 5º exige
que las nuevas Corporaciones eleven al ministerio una Memoria sucinta, con los
defectos o anomalías y proponiendo las medidas para su remedio. La Diputación
provincial de Canarias elevó al Gobierno una Exposición de los problemas que le
afectaban, y en ella hace un estudio de la situación derivada de la publicación
de la Ley de Cabildos, proponiendo el robustecimiento del organismo regional.
Los diputados por Gran Canaria piden la desaparición de la Diputación
provincial y la creación de una Mancomunidad de Cabildos para aquellos asuntos
que afecten a todas las islas. Los diputados por Tenerife quieren mantener la
Diputación.
Primo de Rivera exteriorizó
en un discurso su designio de crear su partido, la Unión Patriótica,
en Barcelona, el 14 de abril de 1924. Una circular encargó a los Gobernadores y
delegados gubernativos la atracción de adeptos y la constitución de los
respectivos comités. Cuenta Mesa y López que la primera Unión Patriótica de Las
Palmas fue constituida por amigos de Guerra del Río: Jacinto Artiles Fabelo
(que fue alcalde de Las Palmas de G/C), Tomás Quevedo Ramírez, Manuel Navarro
Díaz, Gustavo Navarro Nieto, Carlos Ramírez Suárez y Agustín
Martinón Navarro.
El 20 de marzo de
1925 un Real Decreto dictó el Estatuto provincial, hermano del municipal.
En Canarias supuso la desaparición de la Diputación provincial (fue
suprimida el 31 de marzo) y la aparición de la Mancomunidad Provincial
Interinsular. En el preámbulo de un capítulo del Estatuto puede leerse:
"La Ley de 1912 no puso término a ciertas añejas rivalidades
interinsulares (...). La Diputación era en Canarias un organismo sin vida ni
funcionamiento (...). Se autorizan las Mancomunidades voluntarias y se crea una
Mancomunidad interinsular obligatoria, que sólo tendrá por objeto ostentar la
representación unitaria de la provincia (...). Es de esperar que con ella
acaben de amansarse las encrespadas pasiones locales (...)".
Antiguo Palacio de la Diputación en Santa Cruz de Tenerife, donde pasó a tener su sede la nueva Mancomunidad (fue Diputación desde marzo de 1901, fecha en que adquirió el edificio que primero había sido de la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia).
El historiador Leopoldo de
la Rosa aclara que si este Estatuto "aspira a hacer desaparecer las
luchas, no lo consigue. La unidad provincial tocaba a su fin; las aspiraciones
de Gran Canaria no se veían satisfechas y por otra parte las diferencias entre
los Cabildos y la nueva Mancomunidad forzosa tampoco desparecen".
Carlos Navarro relata que en
la Mancomunidad "habrían de reproducirse las luchas iniciadas en la
Diputación, aun cuando se dijera lo contrario, cosa que bien pronto se vería
confirmada. El grupo occidental estaría siempre en mayoría, y el oriental tenía
que sucumbir al número (...)".
A pesar de que
- para evitar recelos en las islas principales - su primer presidente fue
nombrado de La Palma (José López y Martín-Romero) y el vicepresidente de
Lanzarote (Aquilino Fernández y Hernández), ya hubo conflicto en la primera
cuestión de importancia que se sometió a deliberación: el presupuesto de la
Mancomunidad, pues los unos (bando occidental) consideraban ciertos
establecimientos de carácter provincial y los otros de carácter insular (bando
oriental).
El Cabildo de Gran Canaria
se reunió el 25 de mayo de 1925 y acordó gestionar la constitución de la
Mancomunidad del grupo oriental. Se acordó que una Comisión fuera a Madrid para
reclamar contra la Mancomunidad.
El 3 de diciembre de 1925 el
Directorio Militar de la Dictadura dio paso al gobierno de hombres civiles o
Directorio civil.
El 1 de agosto de 1926 se
descubrió la lápida en homenaje a León y Castillo en Telde, su ciudad natal.
Ese día, Carlos Navarro, por la Sociedad "Fomento y Turismo", habló
contra la Mancomunidad obligatoria y sobre la necesidad de pedir
nuevamente la división.
En una carta inédita (del archivo familiar del autor de este blog) de 16 de octubre de 1926 Alonso Salazar y Oráa (1888-1955), que residía esos años en Madrid, le escribe a su cuñado Martín Rodríguez Díaz-Llanos lo siguiente: "Tan pronto recibí el otro día el telegrama cifrado por Emilio [Salazar y Oráa, su hermano] y por ti me entrevisté con Villafuerte, el que me dijo que tenía la impresión de que echarían abajo la Real Orden que garantiza a los propietarios de aguas y convenimos en ir pasado mañana a visitar al Ministro de Fomento para pedirle que aplace la reforma que quieren hacer en la ley de aguas, hasta tanto que de ahí envíen una ponencia que le sirva como elemento de estudio para dicha reforma, que creo que va a ser parecida a la de los Consejos de la huerta de Valencia. Así que una vez que visitemos al Ministro te lo comunicaré con lo que nos hayan dicho y vosotros entonces debéis serviros ahí y hacer la ponencia y creo también que serviría de extraordinaria importancia que acordaseis soltar reservadamente algunas pesetas para apoyar esa ponencia; pues estoy más que convencido que las cosas como se sacan adelante son con pasta, puesto que se trata de chacales. Esto de las pesetas se lo dije a Villafuerte y le pareció muy bien y al hombre a quien creo que se le puede con habilidad ofrecer y obtener un resultado práctico es a Delgado Barreto. Esto como comprenderás te repito que hay que hacerlo con una gran reserva. Ahora yo no tengo inconveniente en servir de intermediario en lo que pueda facilitando; pero debéis hablar con la gente de la Orotava y dirigiros para esos menesteres a Villafuerte y entonces yo ayudaré a Villafuerte para que la cosa tenga un resultado práctico; pero en forma de que no deje lugar a duda mi intervención; pues me sería muy doloroso de que pudieran tener la más ligera sospecha de que yo era capaz de meterme algo en el bolsillo en esto que llaman algunos negocio. He visto al Gobernador y observo es un gran pastelero y ya para otro correo te escribiré algo sobre todo esto (...)".
En febrero de 1927 el ministro de Gracia y Justicia Galo Ponte y Escartín visita Canarias, con la finalidad de intervenir en el conflicto planteado en la Aldea de San Nicolás - Gran Canaria, por haber sido desahuciados unos tres mil vecinos de las tierras que habían adquirido por un precio no desembolsado.
Recordemos que los Pérez Galdós, principales acreedores de los Nava-Grimón de Tenerife, acabaron siendo los nuevos propietarios de la hacienda de la Aldea (de 4.185 fanegadas, casi 22 millones de m2) a partir de 1893, y que esta hacienda había sufrido los efectos del pleito insular a comienzos del siglo XIX cuando la creación de la Junta Suprema tras la invasión francesa a España (cuando se explicó el enfrentamiento entre el III Conde de la Vega Grande Fernando del Castillo y el VI marqués de Villanueva del Prado Alonso de Nava-Grimón).
La hacienda de la Aldea a finales del siglo XIX había sido embargada por sus deudas a los Nava-Grimón. Realmente la ruina afectó a la parte heredada por el VII marqués Tomás de Nava-Grimón y Llarena, que consistía básicamente en esta hacienda y poco más. El resto de bienes heredado por sus numerosas hermanas se salvó pero se disolvió entre los numerosos descendientes de las mismas, que suponía aproximadamente la mitad del antaño rico mayorazgo de Nava-Grimón ahora dividido y sin su hacienda más importante de la Aldea (también otras en el norte de Tenerife habían sido embargadas).
En 1880 la hacienda de La Aldea fue valorada por peritos, "incluidas las aguas de las fuentes que en ella nacían, casas, almacenes, molinos, y demás construido en la propia finca (...)", en 4.161.809 pesetas. Al final la hacienda fue sacada a pública subasta, alargándose el proceso hasta julio de 1889, en que fue adjudicada por la Audiencia de Canarias a los Pérez Galdós en 505.000 pesetas, que la inscriben en el Registro de la Propiedad en enero de 1893. En 1927 el Estado finalmente les embargó también a los Pérez Galdós la mayor parte de la hacienda (pagándoles las mismas 505.000 pesetas por las que se le había adjudicado), dejándoles sólo 9 hectáreas que incluían la Casa Nueva (conocida como casa del administrador). El resto fue vendido a los colonos, se supone que a precio de saldo, aunque en realidad no pagaron nunca. Fue la primera gran reforma agraria del Estado español, que acabó con el Pleito de la Aldea, contentando a los revolucionarios colonos que finalmente se salieron con la suya, consiguiéndose la "paz social" a costa de mucho dinero público.
Foto de La Aldea de San
Nicolás
El Ministro embarcó en Cádiz y llegó a Tenerife el 2 de febrero y a Las Palmas el día 11. Pero allí parece ser que no se habló de la división provincial y que en la Exposición que se entregó al Ministro sólo se pedía respeto para su independencia autonómica, representada por el Régimen de Cabildos. El día 17 embarcó para Fuerventura y Lanzarote. En un banquete en Lanzarote, brindó el alcalde de Las Palmas y habló de la división, pero fue recibido con protestas por algunos elementos de aquella isla. Con esta mala impresión embarcó el Ministro para la Península, quien recordaría más bien las peticiones de Tenerife en favor de la unidad y la conveniencia de dar mayores facultades a la Mancomunidad obligatoria que el Estatuto provincial había creado.
Galo Ponte, a su regreso, informó verbalmente al Directorio y se
dictó el R.D. Ley de 15 de marzo de 1927, que dispuso que las aguas quedaran
adscritas o unidas a la tierra y exigió la constitución de un Sindicato de
regantes. Otras disposición a la que contribuyó la visita de Galo Ponte fue la
reforma del artículo 41 de la Ley hipotecaria, por R.D. Ley de 13 de junio de
1927. La ley de aguas era muy importante para los terratenientes de las islas,
sobre todo de Tenerife (por su tipología, al facilitar sus inversiones en largas
y costosas galerías para buscar los nacientes del agua), y se ha especulado que
tuvo algo que ver con la decisión final para permitir llevar a cabo la división
provincial
La Asamblea Nacional fue
convocada a los pocos meses y ello puso sobre el tapete el ideal divisionista.
A Canarias le correspondía elegir tres asambleístas, uno por las Uniones
Patrióticas, otro por los Cabildos y otro por los Ayuntamientos. Gran Canaria,
ante el temor de quedar en desventaja frente al grupo occidental, se movió para
corregir esa desventaja.
Gustavo J. Navarro Nieto, propietario de La Provincia, expuso el asunto al general Martínez Anido, Ministro de la Gobernación, muy amigo suyo. Éste, haciéndose cargo de todo lo que podía suceder, manifestó que si en otra ocasión el Gobierno estuvo dispuesto a crear en la Nación una provincia más, ahora había que ir resueltamente a la división. Planteó la cuestión al Jefe del Gobierno y de acuerdo determinó llevarla al primer Consejo de Ministros, siendo aprobada contra el parecer de Galo Ponte (aunque erróneamente en Las Palmas se pensó primero que había sido el promovedor de la concesión), y decretada el 21 de septiembre de 1927. Al tratarse de una dictadura, lo que dictaminó se decretó y punto; al contrario de otras épocas donde los proyectos corrían el riesgo de disolverse en su paso por el Congreso o por el Senado; como había sucedido en todos los intentos anteriores de división de la provincia de Canarias.
De izquierda a
derecha.
De pie: Fulgencio Roca,
Santiago González, Gustavo Navarro Nieto (propietario de La Provincia),
Santiago Tejera de Quesada.
Sentados: Francisco de Quintana (que ya era marqués de Alcialcázar desde 1903) y Prudencio Morales Martínez de Escobar (primer director de La Provincia).
- Gustavo Julio Navarro Nieto es el tercero de pie (de izq. a derecha),
junto al número 1910 -.
También se creó la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, que sólo a partir de entonces estuvo completa.
El Cabildo de Gran Canaria,
en Pleno del 26 de septiembre de 1927, acordó proponer al Ayuntamiento de Las
Palmas y los demás de la isla fueran nombrados Hijos Adoptivos y Beneméritos de
la Patria tanto Primo de Rivera, como Martínez Aído y Navarro Nieto; proponer a
los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote solicitaran igual concesión de sus
ayuntamientos; y encargar retratos de dichos tres señores para colocarlos en el
salón de actos del Cabildo Insular.
El tinerfeño Andrés Arroyo
lo llama "decreto inesperado", logrado según él en virtud de un ardid
maquiavélico de Navarro Nieto.
El tinerfeño Manuel
Delgado Barreto declara sin embargo que Santa Cruz no podía continuar
siendo capital única en una región en la que parte se negaba a reconocer sus
derechos. Además, recuerda que Tenerife ha obtenido un Distrito Universitario,
una Administración de Justicia completa, un Colegio Politécnico, único que
existe en España, y el respeto a la Capitalidad Militar.
Delgado Barreto (1878-1936), periodista de profesión, intervino también intensamente en la vida política, siendo diputado por la circunscripción de Tenerife en las elecciones de 1914 y 1919 y miembro de la Asamblea Nacional Consultiva de la Dictadura del General Miguel Primo de Rivera, como Jefe Provincial del partido Unión Patriótica. Fue el canario más influyente dentro del aparato del régimen del dictador jerezano. Dirigió varios periódicos, desde sus comienzos en Tenerife en el periódico La Opinión bajo la propiedad del político conservador Martín Rodríguez (de Azero) y Peraza. Desde septiembre de 1925 hasta abril de 1936 dirigió el diario La Nación, que fue órgano de la Dictadura del General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, e instrumento propagador de los principios de la Unión Patriótica. En febrero de 1933 fue nombrado Director del efímero semanario El Fascio, donde colaboraron, entre otros: Rafael Sánchez Mazas, Juan Aparicio López y el mismo José Antonio Primo de Rivera, y que fue prohibido por el gobierno de la república, al ser presionado por los partidos de izquierdas, temerosos de que las tendencias políticas de su línea editorial tuviesen eco en nuestra nación. Durante la segunda república se convirtió en el principal portavoz de las doctrinas del Bloque Nacional. Murió fusilado en Paracuellos del Jarama, por el bando republicano (Frente Popular), al comienzo de la Guerra Civil, siendo quemados sus documentos y biblioteca de su casa de Carabanchel. Tuvo una calle en su honor en La Laguna, actualmente la misma calle se denomina c/Pedro Zerolo.
Algunos opinaron ["los que están siempre en el secreto"] que la división fue obra de Delgado Barreto.
Telegrama del Sr. Delgado, director del Periódico "La Nación"
al Diario de Las Palmas el 24 de septiembre de 1927. Aportado a este blog por Antonio Rodíguez, farmacéutico de Tejina.
"Firmado hoy en San Sebastián por S.M. un decreto creando las provincias de Tenerife y Las Palmas, debemos adscribir nuestros nombres de tinerfeños leales a esta obra del gobierno, con plena conciencia de nuestra responsabilidad y significación en el momento más solemne de la vida de Canarias, durante tantos años esterilizada por luchas, pasiones y egoísmos de que nutríase la política con mengua de los intereses del país.
Mientras la unidad existía de hecho, luché por ella con tesón insuperado, pero divididos hace tiempo los organismos provinciales y mantenida de precaria una capitalidad, sin atribuciones esenciales, me preocupaba que pudiera ser el Gobierno parcial, poco ecuánime, rodeado de un ambiente de injusticias, el que, cediendo presiones que siempre dividiera de derecho la provincia mermando de importancia la de Tenerife.
Antes de que ese caso llegara fatalmente era preferible que fuese un Gobierno justo el que, sin obedecer a ningún estímulo partidista, decrete la división, sin que se entere absolutamente nadie interesado en ella ni conociera el contenido de la disposición que permitiera a las cuatro islas que forman la nueva provincia de Tenerife, progresar y engrandecerse, sin vivir en contante zozobra de lucha, que ha impedido avanzar con la celeridad que corresponde a nuestro valer, historia, significación e iniciativas.
A todos mis amigos y pasianos pídoles, primero, que esperen a conocer y estudien serenamente el decreto, segundo, que piensen cuál será la situación moral y material presente; tercero, que calculen las posibilidades que el porvenir ofrece a la nueva provincia de Tenerife, y cuarto, que comparando lo que tendrá desde hoy con lo que tenía ayer, hagan en conciencia un balance y piensen lo que podía haber arrojado éste, si llegado el caso, ya inevitable, de la división, la hubiera implantado un Gobierno como los que subrepticiamente fueron arrebatándonos las características de capitalidad hasat hacernos perder la hegemonía que en tiempos remotos ejercimos sobre todo el archipiélago y que desde ahora resplandecerá en una provincia fuerte, unida y de notoria importancia.
Como tinerfeño, seguro de que la unidad provincial ya no era posible, me siento orgulloso de poder gritar ¡viva la provincia de Teneife! que con todos sus organismos provinciales, con una gran Universidad y Escuelas Politécnicas, que abre un horizonte espléndido a las juventudes canarias, con una administracion de justicia completa, puede equipararse a las mejores de España y prosperar tranquila, no olvidando la elevada misión de contribuir al mantenimiento de la unidad espiritual del archipiélago, en relacion con la nueva provincia hermana.
Sea cualquiera el juicio que mis paisanos formen, yo seguiré siendo un servidor de mi país, atento a sus intereses y fiel a sus mandatos.
Diario de Las Palmas, 24 de septiembre de 1927."
Según Carlos Gregorio Hernández, en
su citada tesis doctoral de 2016 para la Universidad CEU San Pablo, el padre
de Manuel Delgado Barreto fue Antonio Delgado del
Castillo (que falleció en 1922), uno de los jurisconsultos más
sobresalientes de la isla en una época donde estos destacaron por su calidad.
La relevancia de Antonio Delgado se puede cotejar en la prensa de la época,
donde abundan referencias a sus quehaceres como abogado y notario y a su
intervención en política. Militó en el Partido Conservador desde 1875,
aglutinado en Tenerife en torno a Feliciano Pérez Zamora y Juan Cumella, y
labró una gran amistad que trascendía a lo político con Martín Rodríguez Peraza
y José Domínguez Ramos, que tanto influyeron en la trayectoria de su hijo
Manuel. La crisis que sufrió el partido en las postrimerías del siglo XIX, con
una doble fractura nacional y local, pues desaparecieron en poco tiempo Antonio
Cánovas del Castillo, Juan Cumella y Pérez Zamora, asesinado el primero y
fallecidos los segundos en 1898 y 1900, respectivamente, le llevaron a
aproximarse a la figura de Francisco Silvela, que era quien aglutinaba más
apoyos dentro de las filas conservadoras. En su opinión, Silvela era el único
medio de salvar la nación en la difícil coyuntura histórica de entonces, la
guerra en Cuba y Filipinas, con el desenlace por todos conocido tras la
postrera intervención estadounidense. Pese a esta opinión, a escala local
Antonio Delgado del Castillo permaneció fiel a Martín Rodríguez (de Azero)
Peraza, afín al único rival de Silvela por la jefatura del partido, el duque de
Tetuán. La clave para entender la discrepancia se encuentra en su oposición al
pacto sellado por la otra facción de los conservadores tinerfeños, los silvelistas
de Guillermo Rancés, con las huestes del grancanario Fernando León y Castillo a
la muerte de Cumella.
Manuel Delgado Barreto decía siendo
candidato a Cortes: “Nací pobre y en esa pobreza, que nunca fue estrechez
sino mediano pasar, transcurrieron los primeros años de mi vida”. La
sencilla casa familiar en la calle de Chávez, hoy Manuel de Ossuna, cercana a
la Iglesia de la Concepción de La Laguna, donde fue bautizado Manuel, da cuenta
de sus modestos comienzos. En la fachada de esa casa aún se conserva una placa
que reza: “En esta casa nació el insigne periodista nacional D. Manuel Delgado
Barreto 1878-1936”. Luego se trasladaron a Santa Cruz según progresaba
económicamente la familia.
Siguiendo en todos estos párrafos con lo desarrollado en la tesis de 2016 de Carlos G. Hernández, Manuel, Delgado Barreto dio un paso al frente en la política del régimen cuando se convirtió en director de La Nación. En 1925 se integró en la Unión Patriótica y comenzó a aparecer en actos políticos y sociales y a dar discursos. La primera vez que se destaca su nombre fue en el homenaje multitudinario que el partido le brindó al directorio y al nuevo gobierno de civiles el 10 de diciembre de 1925. Aunque la Unión Patriótica había sido fundada en 1924, hasta 1926 no tuvo ni estatutos ni órganos de dirección. Precisamente en julio de ese año fue elegido miembro de la Gran Junta Directiva Nacional de las Uniones Patrióticas. Fue designado directamente por Primo de Rivera. Inició una íntima amistad con José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador.
Los primeros representantes de las islas en la Unión Patriótica fueron Gustavo Navarro Nieto, el director de La Provincia de Las Palmas y por las occidentales Carlos A. de Mendoza. La Unión Patriótica de Santa Cruz de Tenerife tomo el acuerdo de que Delgado Barreto fuera el representante permanente de Tenerife en Madrid y primer candidato para el caso de que la próxima Asamblea Nacional integrara también representaciones de cada isla.
Formó parte de su comité ejecutivo. La Gran Junta Directiva sólo se reunió dos veces después de su creación, por lo que su influencia fue muy limitada, pero el comité ejecutivo sí que tuvo una actividad más intensa, especialmente como consejo del propio general. Fueron bastante más activos los jefes provinciales, entre los que también se contó, en tanto que representante del grupo occidental de las Islas Canarias. Todos ellos se reunían al menos una vez al mes con el marqués de Estella.
Delgado Barreto ejerció desde 1926 como si fuese el representante de Canarias en Madrid. Acompañó a muchísimas comisiones de las islas que buscaban el apoyo del gobierno para la ejecución de proyectos e inversiones en obras públicas. Realmente era el canario más próximo al directorio —en todos estos actos pudo mostrar su ascendiente sobre marqués de Estella—, por lo que fue lógica su designación en octubre de 1926 como Jefe de la Unión Patriótica del grupo occidental, que le facultó para ser miembro de la Asamblea Nacional Consultiva de Primo de Rivera.
En la prensa local se produjo cierta confusión a la hora de definir su cargo, pues le atribuyeron la jefatura de toda la región —su cargo era jefe provincial y la provincia seguía unida—, pero los representantes se eligieron como si de facto la provincia ya estuviese dividida en dos grupos de islas. Delgado Barreto contó con una junta asesora compuesta por Francisco La Roche Aguilar, Blas Pérez González, Antonio Fernández Armas y Francisco Fuentes Padrón, en tanto que jefes de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, respectivamente. Esa elección fue el preámbulo del decreto de convocatoria de la Asamblea Consultiva, que apareció el 12 de septiembre.
El partido tuvo una presencia limitada, incluso en las instituciones, salvo precisamente en esos meses finales de 1927. Delgado Barreto figura en algunos actos, como un homenaje al nuevo gobernador de la provincia, Buenaventura Benito Quintero, que presidió junto a otros representantes del régimen en las islas como Blas Pérez González, José Manuel Guimerá, José López y Martín Romero, José Miguel de Sotomayor y el redactor José de las Casas Pérez. También participa en una reunión con Gabilán y Gustavo Navarro y Carlos Navarro sobre la organización de la Unión Patriótica en Canarias.
La cuestión más importante a la que Delgado Barreto tuvo que enfrentarse como representante de su tierra fue la división provincial. El golpe de Estado le recuperó como un factor importante y decisivo en los asuntos del Archipiélago, por lo que las alarmas saltaron de inmediato en Gran Canaria. Felipe Massieu le escribió a su sobrino, el ex ministro conservador Leopoldo Matos: “tengo el presentimiento de que en todo esto juega, ocultamente, la mano de Delgado Barreto y, aunque no sea sino por cuestión de amor propio, están en el caso de que vea que pueden más tus influencias en el Rey que las que pueda hacer valer aquel con algunos generales del directorio. Paréceme que aquí no debería convenir el empleo de ninguna clase de estratagemas por nuestra parte, sino ir directamente al bulto, limitándonos a impedir que nuestros contrarios las ejerciten”.
La cercanía de Delgado Barreto a los militares era conocida. Felipe Massieu temía que el periodista estuviese actuando en la reorganización de la diputación provincial, que se constituyó en enero de 1924 bajo la presidencia Pedro Schwartz Matos, con el objetivo de suprimir los cabildos. Su presunción parece infundada a la luz de los datos que hemos podido recabar. El periodista llevaba cierto tiempo retirado de la política isleña.
Siguiendo aún con lo expuesto en la tesis de Carlos G. Hernández, todo parece indicar que fue la élite grancanaria la que desplegó su ascendiente ante los miembros del directorio. Desde Las Palmas se apostó por la supresión del organismo regional, que efectivamente desapareció —su poder ya venía disminuyendo en financiación y competencias—, pero dentro de la reordenación administrativa general de 1924. En su lugar se creó la mancomunidad, presidida por el palmero José López y Martín Romero, y se mantuvieron intactos los cabildos.
La desaparición de la Diputación Provincial fue un paso más en el vaciado de contenido de la unidad provincial, que sólo sobrevivió dos años a aquella primera decisión del directorio. Por lo que se conoce, la decisión se tomó en el círculo más íntimo de Primo de Rivera y muy pocos días antes de darse a conocer.
Aquel fue uno de los momentos más complicados de la biografía política de Manuel Delgado Barreto. Acaba de ser elegido representante de la Unión Patriótica de las islas occidentales —la estructura del partido, dividida en dos grupos de islas, era otro presagio de lo que iba a ocurrir— y le tocó explicar lo sucedido. La noticia se publicó en la prensa de Canarias acompañada de un largo telegrama suyo, donde señalaba que no había podido oponerse a la decisión de Primo de Rivera, pero que había logrado las máximas concesiones posibles en esas circunstancias. Su influencia ante el Presidente quedaba en entredicho incluso después de esas explicaciones. La Nación, aunque con algunas contradicciones en los detalles, siguió el mismo razonamiento al considerar que la división ya era un hecho consumado. Incluso va un poco más allá que el telegrama y da a entender su conformidad con lo sucedido.
La prensa no deja constancia de protestas ni tampoco de grandes celebraciones. La principal novedad al margen de la división fue, sin duda, que se completó el distrito universitario en Tenerife ―se añadía además un Colegio Politécnico―, por el que tanto había luchado Delgado Barreto en la década anterior. De hecho, desde que se restauró la Universidad la mayoría de los avances en la ampliación de cursos y de estudios se habían producido en los periodos en que representó a Tenerife como diputado. Después del decreto siguió laborando en el mismo sentido.
Al año siguiente se produjo el viaje de Primo de Rivera y Delgado Barreto a Canarias, que - según Carlos G.Hernández - bien pudiera entenderse como un resarcimiento personal al periodista, aunque su presencia como maestro de ceremonias era lógica. No era ningún acto menor, especialmente si tenemos en cuenta que el único precedente de una visita de ese nivel fue la que realizó Alfonso XIII en 1906.
Los objetivos del viaje fueron variados, pero el más importante
fue el refrendo a la división provincial decretada por el gobierno. No hubo
ningún tipo de protesta durante la visita. En un segundo lugar cabe señalar
la reorganización de la Unión Patriótica, en la que jugó un papel principal
Delgado Barreto. Asimismo, se realizaron varias inauguraciones, visitas,
reuniones y actos, entre los que es preciso destacar el homenaje que le tuvo
como protagonista.
El Real Decreto de 8 de mayo
de 1928 creó dos Mancomunidades Provinciales Interinsulares. Aunque la
Mancomunidad de la provincia de Las Palmas no redactó su reglamento ni asumió
servicio alguno, funcionando en el propio Cabildo de Gran Canaria y con el
personal de esta Corporación; quedando por tanto absorbida por el Cabildo.
La Dictadura de Primo de
Rivera cayó el 28 de enero de 1930 (y muere en París el 17 de marzo del mismo
año), formando gobierno el General Berenguer, con el grancanario Leopoldo Matos
en Fomento (en noviembre pasará a Gobernación).
Como consecuencia de
tal división, quedaron las islas sin un órgano unitario que las representara,
hasta la ley del Estatuto de Autonomía aprobado el 10 de agosto de 1982, previo
proceso preautonómico a partir de 1977.
Hasta 1931, con la aparición de la II República,
no se volvió a nombrar ningún proyecto de autonomía para Canarias ni
para las demás regiones españolas. La Constitución de 1931 abrió el
camino para que las distintas regiones pudieran convertirse en autonomía. Para
que esto llegara a darse, era necesario que las provincias que se querían unir
crearan un Estatuto. En Canarias, el proceso autonómico reaparece en 1936
(el Frente Popular gana las elecciones) mediante el
republicano Ramón Gil Roldán, presidente saliente de la Mancomunidad
Provincial Interinsular de Santa Cruz de Tenerife, y el Colegio de Agentes
Comerciales de Las Palmas, que presentan sendos proyectos de Estatutos. En
agosto de 1936, las Mancomunidades Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife son las encargadas de realizar una nueva propuesta de Estatuto para
Canarias, donde se hace mención a la capitalidad compartida. Sin embargo,
el golpe de Estado de julio de 1936 interrumpe este proceso,
apareciendo la dictadura del general Franco con un modelo de estado
unitario. Un proceso preautonómico se inició en Canarias tras
las elecciones del 15 de junio de 1977, pero se necesitaría que la
Constitución se aprobara para poder poner en marcha este proceso. Con las
elecciones constituyentes se abre una etapa preautonómica, por la que se crea
la Junta de Canarias mediante Real decreto 9/1978 como órgano de Gobierno de
las islas. Ésta será la encargada de redactar el estatuto de Canarias. La Junta
funcionó en Pleno Permanente y en Consejo Permanente y tenía como funciones,
entre otras cuestiones, gestionar y administrar las funciones y servicios que
transfiera la administración del Estado (Real Decreto 476/1978 de 17
de marzo). La redacción del estatuto comienza y es aprobada el 10 de agosto de
1982 mediante la Ley Orgánica 10/1982. El mismo día es aprobada
la LOTRACA (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a
Canarias) con la que las competencias de la Comunidad aumentaron.
Equilibrio regional actual
EL PLEITO INSULAR EN EL TERRENO RELIGIOSO:
En 1406 el Papa Benedicto XIII crea la Diócesis de San Marcial del Rubicón (también llamada Diócesis Rubicense) en el sur de la isla de Lanzarote (por ser ésta la primera isla en ser conquistada). Posteriormente, la sede de dicho obispado sería trasladada a Las Palmas de Gran Canaria en 1483, tras la conquista de Gran Canaria. Esto se debió a que la isla de Lanzarote era constantemente saqueada por ataques piráticos debido a estar poco poblada, y también por los pocos recursos que tenía.
En 1819 se crea la sede episcopal de San Cristóbal de La Laguna (Diócesis Nivariense), separándose de la de Las Palmas (Diócesis Canariense), siendo su patrona la virgen de Los Remedios. En la Diócesis de Canarias queda como patrona la Virgen del Pino.
En 1818, el clero y las autoridades de Tenerife habían solicitado de nuevo la creación de la diócesis a la Santa Sede (en esta ocasión con apoyo del Rey Fernando VII) en un documento llamado Instrucción de la Cámara de Castilla, teniendo respuesta favorable del Papa Pío VII. El 1 de febrero de 1819 una bula papal titulada In cathedra illius, aprueba la división del obispado de Canarias en dos diócesis. La bula de la creación de la diócesis fue firmada mientras el Papa se encuentra en el Palacio del Quirinal en Roma, junto a la Basílica de Santa María la Mayor. En este cometido de lograr la creación de la diócesis de Tenerife, tiene un papel importante el presbítero lagunero Cristóbal Bencomo y Rodríguez, confesor del Rey Fernando VII y Arzobispo titular de Heráclea.
Bastante posterior es la coronación de la Virgen de Candelaria como patrona de toda Canarias, que se produce el 13 de octubre de 1889, gracias a una Bula del Papa León XIII en la que se le otorga tal privilegio. Fue declarada Patrona Principal del Archipiélago Canario por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 12 de diciembre de 1867 y coronada canónicamente el 13 de octubre de 1889. Ya en 1599 había sido declarada Patrona de Canarias por el papa Clemente VIII.
Pero, debido al Pleito Insular, en la provincia de Las Palmas se interpretará a partir de la división provincial de 1927 que, al igual que en el terreno político, en el terreno religioso cada provincia debe ir por separado Y por tanto la patrona de la provincia de Las Palmas sería la del Pino y la de la provincia de S/C de Tenerife la de Candelaria. Obviando que la de la diócesis de esta última provincia es la de Los Remedios, como quedó antes dicho.
El 26 de marzo de 1599 el papa Clemente VIII nombra a la Virgen de Candelaria Patrona de Canarias y de su único obispado. En esta bula el papa concede para las Islas Canarias el rezo con rito de primera clase y octava, así como a sus capellanes la facultad para que rezaran con octava en todas las fiestas de la Virgen. En este hecho influyó el que el rey Felipe III se hubiese declarado protector y patrono de la Virgen de Candelaria poco antes, en 1596, cargo que mantuvieron sus sucesores. El monarca español, tras subir al trono, se declaró patrono del Convento Real de Nuestra Señora de la Candelaria, de ahí el rango que lleva el Santuario de la Virgen desde entonces.
D E S A R R O L L O
M E N O S E X T E N S O
- Varios factores previos lo hicieron posible:
Los resortes del poder - no olvidar tampoco el religioso (muy importante en aquella época) - no estaban desde antiguo claramente establecidos y concentrados en un mismo lugar que fuera reconocido por todos como el centro neurálgico indiscutible, sino repartidos entre varias localidades de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria; incluso en La Palma (el Juzgado de Indias).
Antes de la creación de las provincias en 1812, cada isla tenía su propio autogobierno.
Fueron importantes las actuaciones de los ilustrados canarios en pro de la obtención del Comercio Libre con América, fundamentalmente entre los años 1758 y 1772, realizando varios memoriales al Rey Carlos III.
A la designación en 1769 de Tomás de Nava por el Cabildo de Tenerife se adhirieron los Cabildos de La Palma y Gran Canaria. Y fue apoyada por las más elevadas autoridades: el Comandante General y la Real Audiencia.
Puede deducirse que en esta época no existía pleito insular, pues las islas luchaban juntas por sus intereses comunes y la hegemonía de Tenerife aún no se discutía. Aunque sí existiría cierta rivalidad porque, por esas causas de política y rivalidades locales, el viaje no se realizó en ese momento: al no lograr reunirse el dinero para el viaje, quedó en suspenso por dos años. Transcurridos los cuales, fue el palmero Antonio Van de Walle, que residía en Madrid, en quien Tomás de Nava delegó la representación. Nava, recién nombrado coronel del Regimiento de Milicias de La Laguna, no había obtenido la licencia del Comandante General para ausentarse, por el estado de guerra casi declarada con Gran Bretaña por la cuestión de las Islas Malvinas, que hacía preciso mantener en alarma y vigilancia constante al pequeño ejército regional.
La Real Cédula de 1772 incorporó el puerto de Santa Cruz de Tenerife a la lista de los puertos peninsulares que podían comerciar con los menores americanos. Al éxito de esta gestión contribuyeron los informes favorables del Comandante General y del Obispo (éste desde Las Palmas).
Parece evidente que en esta segunda mitad del siglo XVIII Tenerife aún lideraba indiscutiblemente la economía y el comercio de las Islas Canarias. Hay muchas evidencias directas e indirectas. En las indirectas se podría citar por ejemplo la abundancia de títulos nobiliarios en Tenerife, decenas, concedidos por la Corona la mayoría en el siglo XVII y algunos en el XVIII, siendo la proporción en Tenerife muy superior a la de cualquier otra isla del archipiélago. Por contra, el título nobiliario del Condado de la Vega Grande de Guadalupe, uno de los principales en la isla de Gran Canaria, no existió hasta 1777, siendo otorgado por el rey Carlos III a Fernando Bruno del Castillo (y Ruiz de Vergara) y Castillo (1714-1788), cuya esposa, doña Luisa Antonio de Amoreto-Manrique del Castillo-Olivares, era propietaria de la extensísima finca Vega Grande en el sur de Gran Canaria. Y el marquesado de Arucas es del siglo XX, habiendo sido concedido en 1911 por Alfonso XIII a Ramón Madán y Uriondo, comandante de infantería. El título de marqués de Acialcázar tuvo sus orígenes en Tenerife en 1666, al ser concedido por el rey Carlos II a Baltasar de Vergara y Grimón y, algunas generaciones después, sus poseedores han alternado residencia entre Tenerife y Gran Canaria.
Sin embargo, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pronto destacó entre todas las ciudades canarias al ser el único gran centro neurálgico de la isla de Gran Canaria, mientras que en Tenerife durante las primeras décadas del siglo XIX rivalizaron La Laguna, Santa Cruz y el Puerto de la Cruz, antes Puerto de la Orotava, que había tomado el relevo del puerto de Garachico tras la erupción volcánica de 1706...
El año 1772 marca así, según explica Rumeu de Armas, un momento decisivo en la historia del comercio canario e inaugura una época de prosperidad económica, que hubiese sido aún mayor si las guerras exteriores no lo hubiesen perturbado en diversos momentos y ocasiones, principalmente cuando Inglaterra era nuestro enemigo.
Sin embargo, el comercio canario no acabó todavía de progresar en todo su potencial. La libertad de comercio establecida por Carlos III, por Reales Cédulas de 1765 y de 1772, no terminó con el arcaico sistema de las flotas, puesto que Veracruz y Cartagena, los dos puntales del comercio indiano, seguían cerrados para Canarias. Ello perturbó el régimen de comercio canario, ya que además dos de los puertos básicos de este tráfico, La Habana y Campeche, entraban dentro de la órbita peninsular en condiciones que hacían imposible toda competencia desde Canarias.
A estas alturas del siglo XVIII la agrícola ciudad de La Laguna está en decadencia y empieza a perder su prestigio y sus influencias política y económica.
La decadencia y estancamiento económico de La Laguna contrasta con la pujanza de Santa Cruz de Tenerife y del Puerto de La Orotava y con el despegue económico que ya se da en Las Palmas de Gran Canaria.
Carlos III decretó el 12 de octubre de 1778 la definitiva libertad de comercio entre España y América, una de las más trascendentales reformas de su provechoso reinado. Esta importante disposición, con un régimen contributivo más beneficioso, habilitaba para el comercio 13 puertos metropolitanos (o sea, de la España europea), entre ellos Santa Cruz de Tenerife, y 24 de la América española. Y se indicaba el establecimiento en Tenerife del Real Consulado de Comercio, con facultades en materia de comercio y navegación, aunque se demoró hasta el año de 1787; año en que se estableció dicho alto tribunal en la ciudad de La Laguna.
Desde finales del siglo XVIII, en las dos últimas décadas, torna a significativo el singular enfrentamiento entre las élites aristocráticas tinerfeña y grancanaria. Desde Tenerife el VI marqués de Villanueva del Prado, Alonso de Nava-Grimón y Benítez de Lugo (su padre falleció en 1779), lideró varias iniciativas patrióticas que chocaron con los intereses de la otra isla, que ya abrigaba mayores expectativas para sí misma. El Cabildo de Tenerife, compuesto básicamente por regidores residentes en varias ciudades importantes de la isla, ante la decadencia económica e institucional que sufría La Laguna en las últimas décadas del siglo XVIII y concretamente ante las presiones que sufre: 1) de otras ciudades importantes de Tenerife (Santa Cruz y La Orotava), 2) de la Audiencia Provincial radicada en Las Palmas y 3) del Comandante General en Santa Cruz, es consciente de que su única salida es aumentar su influencia en la Corte para conseguir mantener el control sobre Tenerife y sobre el resto de las islas, aprovechando que a la sazón cuentan allí con varios tinerfeños influyentes en puestos relevantes. Intentará promover iniciativas para sacar a La Laguna de su letargo, como la creación del Consulado Marítimo de Canarias, la segregación del Obispado y también la creación de la Universidad Literaria. Todo ello encontró una firme oposición en Las Palmas. Las relaciones entre las élites aristocráticas de ambas islas se deterioraron y ya puede hablarse de pleito.
En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, de Pascual Madoz, en 1849, al referirse a la creación de la Universidad de San Fernando en La Laguna, se indica que "Sin embargo de tan explícito decreto, la rivalidad de la isla de Canaria y la notoria influencia del obispo Tavira, hicieron que por entonces tampoco se llevase a debido efecto dicha resolución, fundando éste su opinión en que podía crearse otro establecimiento más útil bajo otras bases; pero finalmente, a impulsos del VI marqués de Villanueva del Prado, natural y vecino de esta población, hombre de profundos conocimientos científicos, y D. Pedro José Bencomo, auxiliados con el apoyo y colaboración de D. Cristóbal Bencomo, arzobispo de Heráclea, maestro que había sido de S.M. el rey don Fernando VII, y en aquel entonces su confesor y valido, se llevó a cabo la instalación. Para este fin, por real disposición de 10 de noviembre de 1816, se nombraron dos comisionados regios, y en 12 de enero de 1817 quedó definitivamente constituida (...)".
Antes de esa fecha el único lugar en Canarias para adquirir una sólida instrucción eran las aulas de seminario de la Catedral de Las Palmas, el principal y más acreditado centro de enseñanza de Canarias.
Las sociedades económicas de amigos del país eran unas asociaciones surgidas en la segunda mitad del siglo XVIII en España cuya finalidad era difundir las nuevas ideas y conocimientos científicos y técnicos de la Ilustración. Nacieron en el reinado de Carlos III, quien las puso bajo la protección real para que fueran un instrumento del reformismo borbónico. Más de sesenta Sociedades de Amigos del País se constituyeron por toda España entre 1775 y el final del reinado de Carlos III, en 1788.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, llamada en su origen de Canaria, fue fundada en 1776. La de Tenerife se fundó en La Laguna en 1777, siendo rey Carlos III, para promover el desarrollo social y económico de la isla. Desde su fundación participó activamente en iniciativas tales como el Jardín Botánico, la Universidad de San Fernando o el Obispado Nivariense. En todas estas iniciativas uno de los principales impulsores fue el VI marqués de Villanueva del Prado. Su padre Tomás (fallecido prematuramente en 1779, con sólo 45 años) había sido uno de los fundadores de la propia Económica, que contaba con el precendente de la célebre Tertulia de Nava (conjunto de personalidades reunidas bajo similares inquietudes en beneficio de la Isla, que tuvo su etapa más fecunda entre 1752 y 1770) .
Tras la ocupación francesa de 1808 la respuesta de las élites de Tenerife y Gran Canaria fue diferente. Según José Luis Machado, en Las Palmas, bajo el liderazgo del Conde de la Vega Grande, se quiso apostar por la continuidad del modelo anterior de instituciones del Antiguo Régimen - en especial el papel principal de la Audiencia provincial en Las Palmas - y Tenerife se unió en cambio a las Juntas Supremas en apoyo a Fernando VII, que se estaban creando por toda España. Además, la respuesta de Las Palmas - contraria a la de Tenerife - pudo estar condicionada por las malas relaciones con la élite de Tenerife en los últimos años. Y por el conflicto con el Comandante General el marqués de Casa-Cagigal, que era quien también presidía la Audiencia de Canarias en Las Palmas y había sido encarcelado por la Junta Suprema - acusado de afrancesado - en el castillo de San Cristóbal de Santa Cruz de Tenerife.
El Conde de la Vega Grande en 1808 era el III conde Fernando del Castillo (Ruiz de Vergara) y Betancourt/Bethencourt, pues su padre el II conde Francisco Javier del Castillo (y Ruiz de Vergara) y Amoreto (1749-1800) había fallecido repentinamente unos años antes. Fernando del Castillo tuvo el privilegio de alzar el pendón en la proclamación del rey Fernando VII, a su retorno a España en 1814, dado que fue considerado como alférez mayor en 1803 tras el fallecimiento de su padre en 1800.
La Junta Suprema de Canarias, constituida en la ciudad de La Laguna en julio de ese año, asumió los poderes del Archipiélago, exceptuando Gran Canaria que convocó su propio Cabildo, ante los momentos de incertidumbre que se vivían en España con la Guerra de la Independencia. Los demás cabildos insulares se someten a los dictados de la Junta lagunera, enviando representantes. Pero el cabildo grancanario se niega a reconocer validez a la Suprema, por no haberse convocado a todos los cabildos y por haberse constituido en La Laguna y no en Santa Cruz (opción más neutral y justificada por la residencia allí del Comandante General), se constituye por su cuenta en Cabildo Permanente. Esta decisión la apoyó la Real Audiencia, radicada en Las Palmas, que teme perder poder. Fue esta forma de convocar la Junta Suprema y la decisíón tomada por el Cabildo de Gran Canaria, la que parece que espoleó definitivamente la secular rivalidad interinsular.
En Tenerife, el Comandante General marqués de Casa Cagigal, procede a convocar un Cabildo General abierto, que habría de celebrarse en La Laguna el día 11 de ese mes de julio. Éste fue, a juicio del historiador Francisco María de León, el gran error de Cagigal: en lugar de un Cabildo abierto, a celebrarse en La Laguna, su sede, debió convocar una Junta de representantes de los pueblos de las Islas, a celebrar en Santa Cruz, residencia del Comandante General y que sería presidida por él mismo, "que no podía despertar celos ni rivalidades".
La guerra contra el invasor francés habría de dar estado oficial a la pugna latente entre la isla de Gran Canaria y Tenerife, y aun dentro de ésta, entre La Laguna y Santa Cruz. La ciudad del Real de Las Palmas, con sus títulos originarios de la conquista. La Laguna, sede del Cabildo de la Isla y ciudad más densa de Tenerife. Santa Cruz, con la fuerza naciente que le daba su condición de villa exenta desde 1803, premio a su victoria sobre la escuadra del Almirante Nelson en 1797.
El pleito de la Aldea de San Nicolás en Gran Canaria - que ya venía de atrás - también se vio afectado por este auge del pleito insular. En la hacienda de la Aldea, de una extensión de casi 22 millones de metros cuadrados y propiedad del marqués de Villanueva del Prado Alonso de Nava-Grimón, se había producido en 1807 la reiniciación del pleito, que aún estaba sin resolver en la Real Audiencia de Canarias. Los cultivos de esta inmensa hacienda se regaban principalmente con las aguas que tenían su origen en los montes denominados de Tejeda, situados en la división central de la isla, y en otra parte menor con dos nacientes que brotaban en la misma propiedad. Quizás fuera la pugna por estos derechos del agua disponible de Tejeda, en competencia con las necesidades de otros terratenientes de la isla, el origen de las hostilidades contra Alonso de Nava.
Al producirse en mayo de 1808 las hostilidades del ejército francés, se paralizó de nuevo el litigio y se llevó hasta la propia Aldea el espíritu revolucionario del motín o sublevación de una clase social contra otra. Aunque todo fue un pretexto, porque de lo que en realidad se trataba era del enfrentamiento entre la clase dirigente de Gran Canaria, liderada por el III conde de la Vega Grande, contra la de Tenerife, liderada por el VI marqués de Villanueva del Prado. El Cabildo Permanente promovió un motín en Las Palmas, llamando a los campesinos del interior a venir a la capital de la isla para organizarse ante el rumor de una posible invasión desde Tenerife. Se centró la crítica en el odio hacia Alonso de Nava, propietario de La Aldea, por lo que la sociedad mayoritaria de Gran Canaria respaldó la causa de los aldeanos contra este prócer tinerfeño.
Por lo tanto, hay una primera fase (1808-1839) de lucha por la capitalidad del archipiélago, entre La Laguna y Santa Cruz, en la isla de Tenerife; y entre esta naciente Villa y la ciudad de Las Palmas, en Gran Canaria.
El 4 de mayo de 1899 tomó posesión Rodríguez Peraza de su cargo de diputado provincial por el distrito de Santa Cruz de Tenerife, enfrentándose desde el primer momento - junto con el liberal Pérez Armas y el republicando José Manuel Pulido - con el nuevo presidente, Santiago de la Rosa, destacado pactista, y con Fernando Casabuena, leonino de pro.
En las elecciones municipales del 14 de mayo de 1899, triunfaron los de Unión Conservadora y los republicanos; resultando derrotados los conservadores "disidentes" de Rodríguez Peraza (por muy pocos votos de distancia respecto a Imeldo Serís y a García Beltrán). En Las Palmas, al saberse la derrota de Rodríguez Peraza, hubo cohetes voladores.
Martín Rodríguez Peraza, desengañado por estos fracasos, marchó de viaje a la Península con su familia a finales del mes de mayo, permaneciendo allí varias semanas. A su regreso no acudió a la Diputación provincial hasta el 10 de diciembre del siguiente año de 1900. Su apartamiento de la política era casi total.
El choque entre los conservadores "disidentes" de Rodríguez Peraza y los "oficiales" de la Unión Conservadora silvelista, propició que el 27 de agosto de 1899 el periodista - redactor jefe del periódico "Unión Conservadora" - y poeta Patricio Perera Álvarez sufriera una brutal paliza a palo limpio, de la que murió tres semanas después.
Ambas facciones, la weylerista y la de Serís, tuvieron que recomponerse al entrar Sagasta nuevamente a gobernar en marzo de 1901. En el gabinete estaban el marqués de Tenerife (Valeriano Weyler) en la cartera de Guerra (acababa así su posible caudillaje), Moret en Gobernación y a partir de 1902 también Canalejas, aunque éste último terminó por separarse para fundar el Partido liberal democrático. La mayoría del partido en Tenerife, fiel a Sagasta y bajo el nuevo liderazgo de Julio de Tolosa y Mandillo, sí secundó entonces la candidatura del marqués de Villasegura Imeldo Serís.
En abril de 1910 se abre información por tres meses sobre organización administrativa y sobre organización electoral, acudiendo a "las fuerzas vivas de Canarias", para saber qué aspiraciones sienten (...)
Mientras Tenerife quiere la unidad regional, con descentralización por Cabildos, Gran Canaria pide la división de la provincia, con la formación de dos grupos de islas, orientales y occidentales, sin perjuicio de la creación de los Cabildos en cada una de las islas. Las islas menores aprovechaban la lucha entre ambas islas mayores, presionando para la autonomía insular, pero contrario a la división. Las espadas seguían en alto...
En Gran Canaria, Tenerife y La Palma tienen lugar importantes Asambleas - para preparar la estrategia a defender luego en Madrid, adonde se desplazará una comisión - en 1910, que se repetirán en 1911.
Gustavo J. Navarro Nieto, propietario del rotativo La Provincia, tomó la iniciativa y expuso el asunto al general Martínez Anido, Ministro de la Gobernación, muy amigo suyo. Éste, haciéndose cargo de todo lo que podía suceder, manifestó que si en otra ocasión el Gobierno estuvo dispuesto a crear en la Nación una provincia más, ahora había que ir resueltamente a la división. Planteó la cuestión al Jefe del Gobierno (Primo de Rivera) y se llevó al primer Consejo de Ministros, siendo aprobada y decretada el 21 de septiembre de 1927. La rapidez en que se tramitó está claro que fue posible por estar inmersos en una dictadura, donde no era posible darle vueltas y vueltas en el Congreso y en el Senado, hasta que al final no se hiciera nada (sino mantener el statu quo); como había sucedido en los anteriores intentos de división a lo largo de un siglo. También parece claro el papel protagonista de los componentes del partido Unión Patriótica, el partido del régimen. Incluso en contra del criterio del ministro de Gracia y Justicia Galo Ponte, que era a quien se habían fiado los tinerfeños en su reciente visita a Canarias. La decisión parece ser que se tomó en el círculo más íntimo de Primo de Rivera y muy pocos días antes de darse a conocer.
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